Durante los trámites legislativos para implementar la gratuidad se escucharon muchos tipos de argumentos. Sin embargo, poco se ha hablado sobre el destino final de los fondos destinados a la gratuidad. En otras palabras, ¿en qué exactamente se va a gastar el dinero? Dada la importancia de aquella pregunta, llama la atención el poco análisis de los estados financieros de las universidades (felicitaciones al equipo del MINEDUC del 2011/2012 por haber mejorado la transparencia al respecto), los cuales nos permiten entender en qué podría terminar el dinero de la gratuidad. Para los interesados, la información para el año 2014 se encuentra disponible.
Para ordenar mejor el análisis, miraremos conjuntos de universidades a partir de su naturaleza institucional (Universidades Estatales, Universidades Privadas sin-Lucro y Universidades Privadas con-Lucro), para luego mencionar algunos casos especiales que sean de interés . Partamos por los gastos en personal. Los datos muestran que las remuneraciones de académicos representa alrededor de un tercio de los costos y gastos de operación a través de los diferentes tipos de instituciones. Sin embargo, hasta allí llegan las semejanzas. Por ejemplo, los datos muestran que en las Estatales el gasto en remuneraciones de personal administrativo representa el 24,9% de los costos, lo que es bastante más alto que el 19,6% en las sin-Lucro y el 14,7% en las con-Lucro. El mayor gasto administrativo en las universidades públicas puede ser explicado por la existencia de barreras administrativas (Contraloría), la menor eficiencia del Estado o una combinación de ambas. La recomendación para las Estatales es evidente: destinar fondos a las Estatales debiera ir de la mano con menores barreras y mayor eficiencia administrativa, de forma de que el dinero no se pierda en la burocracia.
No obstante, las Estatales hacen un mejor trabajo controlando otro tipo de costo de personal: la remuneración de directivos. En este caso, las Estatales destinan un 4,4% a directivos, las UPSL destinan un 5,7% y las UPCL destinan un 6,7%. En particular, resulta interesante observar que las dos universidades que destinan un mayor porcentaje de sus recursos a directivos son la Universidad Chileno Británica de Cultura (16,1% de los costos), altamente especializada, y la Universidad Miguel de Cervantes (15,5% de los costos), universidad ligada a un sector de la Democracia Cristiana. En esas universidades los fondos de 3 de cada 20 alumnos va a parar a los remuneraciones de directivos. Lógicamente, cabe cuestionarse la conveniencia de entregar fondos a universidades que dirigirán un parte importante del dinero a sus directivos, en lugar de sus alumnos.
Sin embargo, los gastos en remuneraciones no son los únicos ítems de interés. Bien sabemos que en Chile las universidades gastan cantidades importantes en arriendos y publicidad. No es casual que esos sean importantes componentes del gasto. El alto incremento de cobertura de educación superior ha sido llevada a cabo principalmente a través de instituciones con fines de lucro, implicando un alto aumento de gastos en arriendo (inmuebles para absorber a los nuevos estudiantes y para retirar utilidades) y publicidad (atraer alumnos y generar volumen). La información sobre dichos gastos es más difusa, requieren la inmersión en los no muy amigables estados financieros de cada universidad (en lugar de la amigable ficha financiera) y para algunas instituciones simplemente no está (tarea para el MINEDUC). Sin embargo, igualmente podemos sacar interesantes lecciones de los datos de arriendo y publicidad disponibles.
El gasto en arriendo muestra una diferencia importante entre instituciones. Mientras el arriendo representa un 1,4% de los costos en las Estatales y un 1,9% en las sin-Lucro, este llega a ser un 9,4% en las con-Lucro, es decir, más de 6 veces el gasto reportado en las Estatales y más de 4 veces el gasto reportado en las sin-Lucro. Asimismo, y como se podía esperar, las universidades Andrés Bello (18 mil millones de pesos, 12,1% del costo) y de las Américas (9 mil millones de pesos, 14,7% del costo), ambas del grupo Laureate (total 27 mil millones de pesos), son las que más gastan en arriendos. Las universidades del grupo Laureate gastan más del doble que lo que reportan todas universidades Estatales y Privadas sin-Lucro con datos (12,5 mil millones de pesos). Ciertamente se puede argumentar que el gasto en arriendo no es inútil, pues mal que mal las universidades necesitan un edificio para funcionar. Sin embargo, resulta problemático (aunque predecible) que las con-Lucro no hayan tendido a disminuir los costos de arriendo, como sí lo han hecho las sin-Lucro, puesto que es bastante poco eficiente que los fondos de gratuidad terminen en la cuenta de los dueños de universidades (especialmente si ellos ni siquiera son chilenos).
Tenemos que preguntarnos si nos da igual cómo se gasten los fondos, mientras sea el alumno que determine donde se realizarán los gastos, o realmente estamos dispuestos a mirar en qué se va a gastar la plata, colocar aún mayor transparencia respecto a lo que pasa en las universidades y poner condiciones extras a la gratuidad, como que los fondos sean realmente tengan como destino la educación del alumno.
Por último, miremos los datos sobre el gasto en publicidad, el cual no tiene un fin educativo. Dentro de las universidades que efectivamente reportan su gasto en publicidad, las Estatales destinan un 1,1% de sus costos a publicidad, las sin-Lucro destinan un 1,7% a publicidad, pero las con-Lucro destinan un 4,3%. Si vamos a los números brutos, el gasto total en publicidad de las con-Lucro (15 reportaron su gasto) supera los 18 mil millones de pesos. Entre ellas, la Universidad INACAP destaca como la que por lejos gasta más, con un gasto de poco más de 7 mil millones de pesos (sí, leyó bien). Esa cifra casi dobla el monto gastado por la siguiente universidad (Universidad Andrés Bello con 3,6 mil millones de pesos), es más el doble de lo que gastan juntas en publicidad todas las universidades regionales del CRUCH que reportan dichos gastos (3 mil millones entre U. Arturo Prat, UC de Temuco, U. de Magallanes, U. de Talca, PUC de Valparaíso, UC del Maule, U. de Tarapacá, U. Técnica Federico Santa María, UC de la Santísima Concepción) y es más que lo que gasta la Universidad Alberto Hurtado en todos sus académicos ($6,7 mil millones de pesos). En otras palabras, la Universidad INACAP gasta montos exorbitantes en publicidad, lo que no es de extrañarse pues su foco es un negocio de volumen, para lo que necesita atraer alumnos. Es por ello parece sumamente extraño (y absurdo) que algunos parlamentarios usen a INACAP como la institución insigne para acusar discriminación de alumnos vulnerables. Aunque en realidad lo que parece extraño no lo es, pues la línea es clara: publicidad, volumen de alumnos vulnerables y fondos públicos.
Tomando en cuenta todo lo anterior, necesitamos tomar una decisión como país sobre la implementación definitiva, y no de ley corta, de la gratuidad en Educación Superior. Tenemos que preguntarnos si nos da igual cómo se gasten los fondos, mientras sea el alumno que determine donde se realizarán los gastos, o realmente estamos dispuestos a mirar en qué se va a gastar la plata, colocar aún mayor transparencia respecto a lo que pasa en las universidades y poner condiciones extras a la gratuidad, como que los fondos sean realmente tengan como destino la educación del alumno.
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bnr_jc
Estimado Martin:
Gracias por tus comentarios, van algunas respuestas.
1) Efectivamente un problema de los porcentajes es que no vemos los $ efectivos. Sin embargo, si da una respuesta en el sentido de las prioridades que pudiesen tener las instituciones. Estoy de acuerdo que mucho de los gastos administrativos están ligadas a tareas «extras» que hacen las universidades estatales. Sin embargo, viendo el rol de la Contraloría, no me sorprende que la misma presencia y requerimiento de transparencia signifique mayores gastos administrativos. El bajo costo administrativo de las con-lucro no me sorprende, tanto porque no hacen labores más allá de la docencia y como por el mismo objetivo de maximizar ganancias.
2) Efectivamente, para hacer una extrapolación necesitamos un supuesto. El mantener los porcentajes constantes equivale a una función de producción tipo Cobb-Douglas. Tal supuesto puede no ser verdadero y efectivamente puede que los porcentajes cambien al cambiar la estructura de los ingresos. Sin embargo, igualmente indica que vale la pena poner la atención al tema de gastos administrativos.
Servallas
Felicitaciones por tu artículo, bien documentado y con argumentos bastante claros. Sobre la preocupación ¿En qué se va a gastar el dinero?, visto los datos, como en muchas otras iniciativas públicas pienso que se gastará mal, quizás habría que empezar a re-catalogar, ¿qué es una universidad, que un college, que un instituto, qué una simple empresa de servicios?, se requiere coraje y una visión de estado para abordar una tarea como esa, el monstruo esta creado, ahora si esto se llegara a realizar, la re-catalogación, probablemente las universidades verdaderas no sean más de un tercio de la situación actual, pienso que la palabra “universidad” se ha prostituido. Finalmente hay un serio problema con el “profesor universitario”, hoy lo es cualquier profesional y además está sujeto a “decanos” y otras autoridades universitarias no elegidas, gente tipo gerente que actúa sobre estos “profesores” como cualquier empleado, pidiendo rendimientos y cumplimientos de objetivos muy lejanos a los puramente académicos, lamentablemente las universidades privadas están cayendo en lo mismo. Es un tema en que se requiere ventilar mucho, y con artículos como el tuyo se avanza.
Martin Schaffernicht
¡Que bueno leer un análisis basado en datos transparentados – grtacias! Además la pregunta central es muy importante. Y en los puntos «publicidad» y «remuneración de directivos»: completamente de acuerdo.
Dos preguntas para aprofundizar (sin contradecir):
1) «El mayor gasto administrativo en las universidades públicas puede ser explicado por […] la menor eficiencia […].» El texto se basa en porcentajes, no los montos (¿más % de un monto más chico, igual o más elevado?) Por lo tanto, no podemos saber saber si eventualmente las estatales realizan más tareas administrativas o prestan servicios a más actividades universitarias o a un nivel de servicio más elevado. Además el mayor porcentaje de las estatales para administración parece coincidir con una mayor remunieración de directivos en las privadas comerciales. ¿Podemos estar seguro que hay ineficiencia en la administración de las estatales, o no sería posible que los directivos/dueños de las privadas comerciales han truncado los servicios administrativos para beneficio de sus propios ingresos?
2) ¿Se asume implícitamente que los porcentajes de gasto se van a mantener cuando los canales de ingresos anteriores se remplazan por los de la gratuidad? Por ejemplo, frente a una disminución de los ingresos por estudiante, una universidad que hacía publicidad generosa ¿mantendría el porcentaje? ¿Qué lógica dominante tienen las Ues en su gestión, y qué lógica queremos que tengan?
Otra vez gracias por la columna!