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Gratuidad en Educación Superior: ¿A la oferta o a la demanda?

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Durante estos días, ha existido una enorme polémica entorno a una medida que la Presidenta Michelle Bachelet, anunció el pasado 21 de Mayo, en la “Cuenta Pública” al país. En sus palabras, “…presentaremos un proyecto de ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la educación superior”. Es en ese sentido, en donde posteriormente señaló que “…para 2016 se otorgará gratuidad completa y efectiva al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables del país”. Es aquí donde surge el conflicto, entre el CRUCH (Consejo de Rectores de Universidades Chilenas), las Universidades Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Para los primeros, en donde “casualmente” ha existido un cierto silencio al respecto, es una medida que hay que estudiar y enfocarla en los estudiantes vulnerables que lo necesites; para las Universidades Privadas, es una medida discriminatoria y que evidencia el “lobby” del CRUCH con el Mineduc. Mismo argumento han señalado los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, tales como Aiep e Inacap.


Me cuesta vislumbrar que la Educación Superior sea de tanta prioridad en la política pública actual. Por más de 20 años, los Gobiernos de la Concertación vendieron el humo de "Ir a la Universidad" y ahora, con más de 1.3 millones de estudiantes, tenemos cifras de profesionales cesantes y carreras inventadas, jamás visto antes.

Pero más allá de la discusión mediática entre actores como el Rector Fernando Montes, de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Peña de la Universidad Diego Portales, entre otros, es bueno analizar y preguntarse dos elementos esenciales: ¿A quiénes debemos dar gratuidad? y ¿Qué lugar en la agenda pública debe tener la Educación Superior? Tratemos de dar perspectiva a estas interrogantes.

En primer lugar, hay que separar muy bien las aguas. No es aceptable entregar dineros de todos, a universidades (ya sean públicas o privadas), institutos profesionales o centros de formación técnica, que no tengan la acreditación completa, la infraestructura, los servicios, la calidad y los recursos humanos adecuados (incluyendo profesores contratados y no boleteando como es la tónica en general). Desde esa perspectiva, si los planteles no cumplen con los criterios respectivos, simplemente no pueden acogerse a este sistema, por muchos alumnos vulnerables que tengan. No podemos dar dinero gratuito a instituciones que no lo valen. Me parece que si estamos paso a paso mejorando el sistema, entonces hagamos las cosas bien a nivel superior, que nunca se ha hecho en décadas.

Por otro lado, me cuesta vislumbrar que la Educación Superior sea de tanta prioridad en la política pública actual. Por más de 20 años, los Gobiernos de la Concertación vendieron el humo de “Ir a la Universidad” y ahora, con más de 1.3 millones de estudiantes, tenemos cifras de profesionales cesantes y carreras inventadas, jamás visto antes. ¿Hasta cuándo aguantamos esa situación? Es urgente cambiar y corregir esa perspectiva, y empezar a poner más huevos, a nivel preescolar y escolar, y así no tengamos universitarios y técnicos con horrible comprensión lectora, escritura, razonamiento, y un fuerte analfabetismo funcional.

Esperemos que nos traerá el proyecto de ley en algunos meses más, y si lo que prevalecerá será el entendimiento de la problemática, o el mismo discurso populista hasta ahora.

 

TAGS: #EducaciónGratuita Calidad de la Educación Educación Privada Educación Pública

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Comentarios

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27 de mayo

Comentario incoherente y falto de profundidad asociada al tema. Aspirar a la Universidad no es tema “Concertación”, ello surgió con la dictadura y las Ues privadas quienes fomentaron el acceso y la aspiración. No olvidar la desmunicipalización, origen de la mala calidad en la gestión de administración de la educación. Si no se cambió eso es problema parlamentario, alli hubo una gran oposición al cambio durante muchos años, hasta hoy.

27 de mayo

La medida se trata de otra aberración: Si la intención era emparejar la cancha se debió empezar por gratuidad al primer quintil y ojalá al segundo si se puede pero de estudiantes de todas las instituciones de educación superior, no asegurar a los tres primeros quintiles en las universidades estatales, donde van los mejores puntajes y la gente de mas plata por un lado y por otro lado castigar a los sectores mas pobres que están en las privadas. Eso no es poner la cancha pareja, eso tiene otro nombre que no puedo publicar.

La gratuidad no se otorga al establecimiento sino a los alumnos que la necesitan señor. Ahora si usted los culpa a ellos por las ineficiencias del establecimiento entonces quiteles la gratuidad.

La política pública de prioridad del acceso masivo a la universidad es de muchísimo antes que concertación y el gobierno militar, era emblema de lucha de la izquierda, del presidente Allende y antes, lo que ocurre es que era imposible de financiar y solo se logró concretar gracias al modelo neoliberal que permitió actores privados y otorgó a los de menos ingresos la opción de endeudarse, porque antes no tenían esa opción, solo era un anhelo y repito: era otro emblema claro de la izquierda que se consiguió con el modelo.

Saludos

servallas

29 de mayo

Si, creo que tienes razón, y esto se parece mucho si no igual al arancel diferenciado que fue eliminado durante la dictadura, quienes no tenían ni uno, no pagaban ni uno, así de simple y sin tanto rodeo.  La idea de  universidad se ha degenerado hace rato, y también la de carrera profesional, cualquier grupo se junta entre gatos y medianoche y crea una “universidad”, situación que ocurre sólo en sus mentes y en la de aquellos que se compran el cuento, por otro lado es cierto lo que dices, el invento de carreras esta a la orden del día. Pero hay otro tema fuerte, el costo de una carrera, nadie regula nada, así, cada una de estas “universidades”, incluidas las tradicionales cobran lo que se viene en gana y el estado estará dispuesto a pagar lo que cobren, aún en las propias universidades estatales, por lo tanto no controla calidad, ni la magnitud del universo universitario, ni la especulación en la oferta ni el lucro oculto o la usura, me parece que si va controlar, entonces que lo haga, así, debería haber al menos costos establecidos al igual que tienen los bancos con una tasa máxima para controlar la usura.

Julia

30 de mayo

Pésima columna, poco clara y con malos argumentos. Además, mala ortografía. Mal, mal.

08 de junio

GRATUIDAD PARA EL 60% DE LOS ESTUDIANTES MÁS VULNERABLES, GRAN NOTICIA, GRANDES INTERROGANTES. LOS ESTUDIANTES REQUIEREN RESPUESTAS RESPONSABLES
El anuncio presidencial del 21 de mayo 2014, que anuncia gratuidad total para el 60% de los estudiantes más vulnerables del país, que estudien en CFT o IP acreditados y sin fines de lucro o en universidades del CRUCH, genera interrogantes y sentimientos complejos acerca del cumplimiento del criterio de equidad que dicha medida implica.
La información disponible para entrar en un análisis y proyección de impacto de la medida, es precaria e incompleta y consecuentemente las reacciones y distintas posiciones al respecto, por parte de los estudiantes, rectores, gremios sectoriales, parlamentarios y otros, no han podido evitar basarse en hipótesis sustentadas en supuestos que no tienen un correlato en un proyecto concreto y responsablemente informado a la comunidad y actores de la Educación Superior
Por esta razón, urge que la autoridad competente precise y aclare los fundamentos, alcances, impacto y detalles de la aplicación de una medida, que en su concepción, vendría a reparar la falta de equidad en el financiamiento de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior, y que sin embargo hasta aquí, aparece discriminatoria y arbitraria para los estudiantes de menores recursos.
Puesto que, al instalar como criterio de elegibilidad sólo a CFTS e IPs sin fines de lucro y acreditados o universidades del CRUCH, se conculca el derecho del 60% de los estudiantes más vulnerables a elegir libremente la institución que se adapte a sus necesidades de localización, tipo de carrera e intereses vocacionales, se deja excluidos a los supuestos beneficiados de siete regiones del país, que no cuentan con instituciones que cumplan dichos criterios y en la Región Metropolitana habría un sólo Instituto Profesional, y 3 CFT, que cumplen las condiciones de acreditados y sin fines de lucro.
Por otra parte y en relación a las universidades del CRUCH, es sabido que los estudiantes del tramo de vulnerabilidad focalizado, se caracterizan por presentar los mayores índices de deserción escolar, tardanza en el egreso de la enseñanza media para los que la completan, egresan mayoritariamente de la modalidad Técnico Profesional, bajos porcentajes de los que terminan la E.M. rinden la PSU, bajos porcentajes de los que la rinden obtienen los puntajes exigidos por las universidades del CRUCH. La mayoría que ingresa a estudiar, debe compartir trabajo y estudio, mayoritariamente requieren competencias certificables en corto plazo o plazos razonables para su movilidad social, todo lo cual es y ha sido durante los últimos 30 años, más compatible con la oferta de carreras técnicas o profesionales sin licenciatura, que se dictan en CFTs e IPs, Instituciones que precisamente han sido excluidas en el criterio de elegibilidad y que es donde se concentra la mayor matrícula de este tipo de estudiantes.
En consideración a lo anterior, se concluye que una de las condiciones exigibles para la gratuidad y que la medida en comento no cumple, es el criterio de equidad, pues si nos remitimos a su definición: “Equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones” o “La cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra”, se comprueba que no cumple ninguna de las dos condiciones básicas.
Se aprecia en esta medida el mismo criterio conque hasta la fecha se ha conducido el diseño y elaboración del futuro proyecto de reforma a la educación superior, cuya propuesta de financiamiento está claramente cimentando sobre el término progresivo de la provisión mixta (público privada), al hacer exigible a las instituciones privadas, no sólo cambiar su estado a fundaciones sin fines de lucro, sino además a renunciar a sus autonomías, (académica, financiera y administrativa), obtenidas por ley y por sucesivos procesos de aseguramiento de la calidad y reduciéndolas a meras administradoras de los recursos del Estado y de paso conculcando los derechos de los estudiantes más vulnerables económicamente a elegir la institución que satisfaga sus necesidades e intereses vocacionales.
Finalmente hay consenso desde distintos sectores que las nuevas políticas se están diseñando fuertemente centradas en el financiamiento y en particular sobre el sentimiento que el fin al lucro resolverá estructuralmente el problema de la calidad, lo que es obviamente equivocado, si consideramos que la calidad depende de factores independientes de esa condición. Lo que queda demostrado sólo si observamos la heterogeneidad de calidad que presentan las instituciones sin fines de lucro, particularmente las estatales que se han acreditado, lo que no es distinto entre las instituciones con fines de lucro. Esto aparece más bien como un distractivo y que deja de lado lo esencial que es garantizar calidad y que no se resuelve con la mera derogación del lucro, que por lo demás en este sector es casi irrelevante si se observan las cifras disponibles en el sistema SIES del MINEDUC.
Nuestra Constitución promueve la provisión mixta (público privada) de la formación de capital humano (Educación Superior), lo que no aparece propiciado por la medida de la gratuidad anunciada por el gobierno en conjunto con las propuestas de la reforma a la educación superior, que tiende a la eliminación progresiva de la educación superior privada y la instalación de la educación de provisión casi exclusivamente estatal.
Asimismo, la Constitución (Art, 1°) garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad, derechos que se verán violentados (2016) frente a los criterios de elegibilidad anunciados por el gobierno, para que el 60% de los estudiantes más vulnerables elijan libremente la institución que se adapte a sus necesidades de localización, tipo de carrera e intereses vocacionales. En síntesis, estos estudiantes solo podrán optar en la RM a 1 IP y a 3 CFT o alguna de las universidades del CRUCH y en 7 regiones del país no podrán optar a ninguna institución.
El Art 19, N°2 de la Constitución, establece la igualdad ante la Ley. En Chile, no hay personas ni grupos privilegiados.
Firma Presidente Rodrigo Cerda y Directorio Nacional Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior,
CONIFOS.
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