Durante estos días, ha existido una enorme polémica entorno a una medida que la Presidenta Michelle Bachelet, anunció el pasado 21 de Mayo, en la «Cuenta Pública» al país. En sus palabras, «…presentaremos un proyecto de ley que abordará un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la educación superior». Es en ese sentido, en donde posteriormente señaló que «…para 2016 se otorgará gratuidad completa y efectiva al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables del país». Es aquí donde surge el conflicto, entre el CRUCH (Consejo de Rectores de Universidades Chilenas), las Universidades Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Para los primeros, en donde «casualmente» ha existido un cierto silencio al respecto, es una medida que hay que estudiar y enfocarla en los estudiantes vulnerables que lo necesites; para las Universidades Privadas, es una medida discriminatoria y que evidencia el «lobby» del CRUCH con el Mineduc. Mismo argumento han señalado los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, tales como Aiep e Inacap.
Pero más allá de la discusión mediática entre actores como el Rector Fernando Montes, de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Peña de la Universidad Diego Portales, entre otros, es bueno analizar y preguntarse dos elementos esenciales: ¿A quiénes debemos dar gratuidad? y ¿Qué lugar en la agenda pública debe tener la Educación Superior? Tratemos de dar perspectiva a estas interrogantes.Me cuesta vislumbrar que la Educación Superior sea de tanta prioridad en la política pública actual. Por más de 20 años, los Gobiernos de la Concertación vendieron el humo de «Ir a la Universidad» y ahora, con más de 1.3 millones de estudiantes, tenemos cifras de profesionales cesantes y carreras inventadas, jamás visto antes.
En primer lugar, hay que separar muy bien las aguas. No es aceptable entregar dineros de todos, a universidades (ya sean públicas o privadas), institutos profesionales o centros de formación técnica, que no tengan la acreditación completa, la infraestructura, los servicios, la calidad y los recursos humanos adecuados (incluyendo profesores contratados y no boleteando como es la tónica en general). Desde esa perspectiva, si los planteles no cumplen con los criterios respectivos, simplemente no pueden acogerse a este sistema, por muchos alumnos vulnerables que tengan. No podemos dar dinero gratuito a instituciones que no lo valen. Me parece que si estamos paso a paso mejorando el sistema, entonces hagamos las cosas bien a nivel superior, que nunca se ha hecho en décadas.
Por otro lado, me cuesta vislumbrar que la Educación Superior sea de tanta prioridad en la política pública actual. Por más de 20 años, los Gobiernos de la Concertación vendieron el humo de «Ir a la Universidad» y ahora, con más de 1.3 millones de estudiantes, tenemos cifras de profesionales cesantes y carreras inventadas, jamás visto antes. ¿Hasta cuándo aguantamos esa situación? Es urgente cambiar y corregir esa perspectiva, y empezar a poner más huevos, a nivel preescolar y escolar, y así no tengamos universitarios y técnicos con horrible comprensión lectora, escritura, razonamiento, y un fuerte analfabetismo funcional.
Esperemos que nos traerá el proyecto de ley en algunos meses más, y si lo que prevalecerá será el entendimiento de la problemática, o el mismo discurso populista hasta ahora.
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