La gestión de un gobierno tiene una serie de vectores que ayudan a configurar la agenda gubernamental. Entre ellos se indica que uno importante es el referido al Programa de Gobierno, otro el movimiento social y otro la capacidad que tenga la oposición política de hacer valer sus posiciones con o sin una representación parlamentaria importante. También, se encuentran las dificultades propias de una alineación virtuosa al interior de una coalición de gobierno, entre otras.
En suma, la agenda gubernamental, es sí o sí un aspecto central al interior del sistema político, más cuando se gestiona en un régimen presidencialista, como el chileno, donde la figura de la Presidenta, tiene un rol fundamental. En esta dimensión, sin lugar a dudas, ha sido el Programa de Gobierno uno de los aspectos centrales en la gestión estratégica de esta administración. Si ello se compara con las máximas descriptivas realizadas por Edgardo Boeninger, a propósito del diseño y ejecución de política pública por parte de los gobiernos de la Concertación que van desde el 1990 al 2006[1], hay una diferencia copernicana. En aquellos años, indica, a razón de elección ganada, correspondía una agenda gubernativa realista basada en el consenso del sistema político y no la contenida en el Programa de Gobierno ganador.La glosa presupuestaria, que ya fue aprobada en los diversos trámites legislativos del Congreso, evidencia la necesidad de entender la educación superior como un derecho de la ciudadanía.
En este sentido, la reforma educacional que aspira a la gratuidad de la educación superior es una proyección lineal de lo que es el Programa de Gobierno, donde la Presidenta de la República ha colocado todo su hoy diezmado capital político para concretar este primer tiempo de reforma, utilizando el mecanismo ‘glosa presupuestaria’ para iniciar la discusión de fondo sobre el tema el próximo año, cuando el ejecutivo ingrese el Proyecto de Ley en forma este mes de diciembre (según lo indicado hasta hoy).
En este marco interesa, junto con ‘intentar’ comprender cómo los diferentes actores políticos, sociales y económicos se disponen ante el cambio de las reglas del juego (Consejos de rectores, universidades privadas, congresistas, Tribunal Constitucional, entre otros), evidenciar la necesidad efectiva de involucrarse a fondo en este aspecto tan relevante para el desarrollo del país, como es la educación superior. La coyuntura casi hace olvidar las dificultades que tuvo la Universidad del Mar, las complicaciones, por su puesto muy diferentes de la Universidad ARCIS y qué decir del cuestionado rol que tuvieron las agencias acreditadoras de educación superior.
La glosa presupuestaria que ya fue aprobada en los diversos trámites legislativos del Congreso en un primer momento, detenida en su concreción por las disposiciones del Tribunal Constitucional y, ahora, en estos días, vuelta a ingresar a trámite legislativo vía ‘ley corta’, no sólo evidencia la necesidad de re – entender la educación superior como un derecho de la ciudadanía, sino que revela la enorme complejidad que generó la institucionalidad universitaria vigente en la configuración del sistema universitario en general, que más allá de evidenciar los desaguisados institucionales que permitieron la existencia de “tramposos diseminados en todo el sistema”, deja injustamente fuera a expresiones institucionales universitarias por no cumplir algunos de los criterios para ingresar a la gratuidad.
Es el caso de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, la cual, por no alcanzar el umbral de los cuatro años de acreditación institucional (sólo tres), se encuentra impedida de avanzar en los marcos referenciales que dispuso el gobierno para integrar en esta primera etapa al grupo de universidades privadas a la gratuidad. Ello sin perjuicio de estar acreditada de forma ininterrumpida institucionalmente desde la implementación de este marco regulatorio, como las demás, pero que a diferencia de las demás, nunca lucró y tiene implementado un modelo de gobierno universitario, que a pesar de las vicisitudes, propias de un ‘gobierno’, se encuentra desplegado en la triestamentalidad, hecho de innovación ‘político – institucional’ impensado en el sistema universitario privado, donde de seguro bien pocas universidades lo cumplen. Qué indicar de la función y vocación pública que cumplió, cumple y busca proyectar, teniendo entre otros rasgos distintivos, la defensa de los Derechos Humanos, como sello de formación académica.
En fin, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, hoy por hoy es cautiva de la injusticia de la implementación de una medida que a todas luces se justificó y se justifica, pero que tiene un trasfondo que se encuentra en una institucionalidad que creó un sistema universitario perverso, donde, no sólo la UAHC debe fijarse para gestionar su inserción en el nuevo sistema, sino que el Gobierno y el Estado de Chile debe sentirse convocado moralmente a buscar mecanismos para que esta universidad y otras (que lo merezcan) continúe contribuyendo al desarrollo del país en la escala que le corresponde bajo las nuevas reglas que se intensionan en la glosa presupuestaria para el año 2016 y proyecto de ley a discutirse el mismo año para ejecutarse el 2017.
El Gobierno debe flexibilizar sus máximas, cuando de gratuidad se refiere, no sólo a propósito de las disposiciones del Tribunal Constitucional, sino que también ante la evidencia de que existen instituciones que en el cumplimiento estricto de una perversa institucionalidad universitaria, merecen no ser castigadas.
[1] Ver en Boeninger, E. (2007), políticas públicas en democracia. Institucionalidad y experiencia chilena 1990 – 2006, Ed Uqbar, Santiago, Chile, página 125
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