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Formación de Docentes: ¿Responsabilidad de las universidades, de la región o del estado central?

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La educación, junto con la alimentación y el refugio, ha sido una función primigenia de las familias y grupos tribales desde el origen de la humanidad. Con el transcurso del tiempo, y entendida como preparación para la vida laboral y social, se asumió que para impartir educación se requería de personas que tuvieran vocación y preparación. La nobleza creó la figura de la institutriz, en tanto muchas comunidades construyeron escuelas con sus propios recursos, como ocurrió en diversos lugares del Chile rural. La educación fue una de las primeras demandas que se plantearon a los nacientes Estados.


Si el éxodo de docentes preocupa hoy, la situación de las carreras de pedagogía amenaza nuestro futuro. Desde 2010 hay una reducción general de la matrícula, lo que se ha agudizado en el 2020.

Nuestro país siempre procuró dar relevancia a la educación. Así fue en la Constitución de 1833, la creación en 1837 del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública y, en 1860 la Ley General de Instrucción Primaria. En 1920, la Ley de Educación Primaria Gratuita garantizaba a niñas y niños acceso gratuito a los centros educacionales, y el personal docente debía contar con título de normalista, del Estado u otro que lo habilitara para ejercer la enseñanza.

La figura de las y los profesores normalistas fue fundamental en el desarrollo de la educación chilena desde principios de 1800 hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se decidió que debían ser otras las instituciones que asumirían esta función. Gabriela Mistral, impartiendo docencia en la “larga gea chilena” como la llamaba, es el mejor ejemplo de la noble función que cumplieron.

“Gobernar es educar” fue el lema de un Presidente, y en los años 60 se impulsó reformas para adecuar la educación a las profundas transformaciones de la sociedad chilena.  Se amplió la cobertura, hubo políticas para elevar la calidad de la educación y se procuró dignificar y fortalecer la carrera docente. El Estado se sentía responsable directo de la educación que recibían los chilenos.

La dictadura militar impuso otra lógica. Bajo el concepto de subsidiariedad se relativizó el rol del Estado y entregó la provisión de educación y la formación de docentes a las lógicas del mercado, criterio aplicado desde el nivel parvulario hasta la educación superior. Sin desconocer los esfuerzos realizados en democracia por diversos gobiernos, las políticas públicas no lograron contrarrestar las dinámicas del mercado, cuyos resultados son segregación socioeconómica, territorial e insatisfactorios niveles de calidad. Reformar la educación es una cuestión imperiosa y prioritaria en la agenda ciudadana.

El creciente déficit de docentes, como lo indican varios estudios, es una consecuencia de la crisis. Un porcentaje importante abandona la profesión a los pocos años, siendo el estatus social y profesional un factor relevante. La deserción se explicaría por alternativas económicas más favorables y mejores condiciones de trabajo. Asimismo, perciben falta de autonomía para diagnosticar, evaluar, hacer ajustes y desarrollarse. Y, entre otras razones, resienten “trabajar en sospecha” bajo permanente evaluación, la crítica fácil, infundada y el deterioro de la alianza apoderados/docentes.

La falta de docentes suma otros problemas. Para enfrentar el déficit se acude a otros profesionales, carentes de adecuada preparación pedagógica. La deserción es también negativa pues amenaza la estabilidad de los estudiantes y de las comunidades educativas.

Si el éxodo de docentes preocupa hoy, la situación de las carreras de pedagogía amenaza nuestro futuro. Desde 2010 hay una reducción general de la matrícula, lo que se ha agudizado en el 2020. Se agrega, la deserción de estudiantes por motivos académicos y también socioeconómicos producto de la pandemia.

Caída de la matrícula, bajos aranceles e insuficiente financiamiento de las pedagogías dificulta modernizar los esquemas de trabajo y cumplir las exigencias de los criterios de acreditación que se les impone. Las pedagogías son de las pocas carreras con acreditación obligatoria. Sin embargo, los aranceles sólo cubren una parte de los costos de formar docentes, por lo que las universidades deben realizar subsidios cruzados desde otras carreras o fuentes de ingreso para mantener las pedagogías.

Los países desarrollados lo son, porque priorizan la educación. Chile retribuye la docencia con salarios inferiores a profesionales con igual formación y da insuficiente apoyo a la formación de docentes.  El mismo Chile destina anualmente miles de millones de dólares a subsidiar algunos sectores productivos o a entregar exenciones tributarias que ya nadie justifica. Cuestión de prioridades.

La baja en las matrículas de pedagogías y la deserción de profesores constituyen un fenómeno multisectorial para el que, como lo evidencia la experiencia internacional, no existen medidas únicas ni soluciones de corto plazo. Problema estructural cuyo enfrentamiento requiere de nuevas políticas, estrategias e instrumentos que cubran desde la admisión universitaria hasta el ejercicio laboral. Un nuevo paradigma para enfrentar el tema, muy distinto a la propuesta planteada meses atrás que, para hacer frente a la calidad y el déficit de 25.000 profesores que se auguraba en los próximos 4 años, se debía “realizar un concurso internacional para traer al país los mejores profesores de afuera”.

Las regiones, en particular las de zonas extremas y menor población, son las más afectadas por la crisis de la educación.  Quienes ejercen la docencia reciben remuneraciones que no asumen los mayores costos de vida en muchos lugares –como salud o vivienda-, ni menos se benefician de una política de atracción/retención, que detenga la deserción profesional y la fuga de talentos hacia otros territorios.

En efecto, en muchas regiones ha habido una fuerte caída de las matrículas, lo que implica carreras que por el bajo número de estudiantes no logran autofinanciarse.  Así, en buena parte de la gea chilena la formación de profesoras (es) subsiste sólo gracias al compromiso de sus universidades regionales. Ellas acogen el 40% de la matrícula, ofrecen el 45% de los programas docentes de pregrado, aportan una parte importante de la investigación en el tema e impulsan decenas de diplomados, magísteres y doctorados.

Es inevitable preguntar: ¿La formación de docentes es una responsabilidad de las universidades, de la región o del Gobierno Central? Esta es una cuestión relevante pues apunta al rol propio de un Estado unitario que debe proveer iguales posibilidades de realización y desarrollo a las personas con independencia de donde residan. También el tema debe preocupar a las nuevas autoridades regionales, una de cuyas prioridades es defender su comunidad ante las inadecuadas y malas políticas centrales.

Nuestras comunidades locales pueden estar seguras que como ayer y hoy sus universidades no abdicarán de esta noble misión, pues para ellas esta no es una cuestión de equilibrios presupuestarios o nichos de mercado.   Parafraseando a Adam Smith “la educación constituye la riqueza de las regiones”, pues es factor de desarrollo económico, social y cultural. Y esa convicción es la que abrazan las universidades regionales.

por José A. Abalos
Director Ejecutivo
Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR).

TAGS: #DesafíosDeLaEducación Carrera docente Formación Docente

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Comentarios

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any

05 de agosto

Si se siguiera la logica de sr.ministro tendriamos que tener un ministro extraterrestre para que la educacion fuese de otro mundo….seria tranquilizador ver a alguien idoneo….y una ruta que sea pensada tanto para docente y alumnos; no para el empresariado.

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