Es nuestra tarea devolver lo público y lo social a la ciudadanía. Requerimos un cambio estructural para no seguir concentrando guetos educativos, sino promoviendo universidades con servicio público, sin fines de lucro, con extensión e investigación de cara al proyecto país que debemos construir.
Han pasado más de dos años y medio desde que más de un un millar de chilenos salió a la calle a exigir más derechos sociales. Entre ellos, educación gratuita y fin al lucro.
Aquellos que nos movilizamos también desde la otra esfera, los estudiantes de la educación superior privada, aquellos que somos víctimas de un sistema educativo desigual, donde nuestra base pública tiene su destino la educación superior privada, somos en la retina de la opinión pública parte de esas de esas instituciones que lucraban con la educación, según el informe de la cámara de diputados del 2012 o los informes de la contraloría.
Hoy con el conflicto de la Universidad del Mar, persisten nuestras demandas de denunciar el negociado en la educación. Este sigue persistiendo ante la vista de quienes deberían fiscalizar y legislar, vale decir, la clase dirigencial.
El negociado continua día a día a través de sociedades espejo, carteras de deudores valoradas a precio mercado o externalizando los servicios de infraestructura, equipamientos y curriculares, siendo ellos mismos los dueños.
No podemos permitir que el Estado siga subsidiando a la banca, ni a la demanda de privados, sin fiscalización. Ya en Estados Unidos la política de créditos libres sin regulación ha traído burbujas inmobiliarias, dando una clara señal de que este sistema sólo privilegia a quienes velan por la codicia.
Patético es como se ríen nuestras caras, la Concertación culpa a la Alianza y viceversa, sin entregar avances ni proyectos de ley que eliminen de raíz el problema. En la colectividad “progresista” hay presidentes de directorios, rectores y decanos cómplices de tamaña corrupción. No basta una autocrítica, lo mejor es que estén en las cárceles quienes aún ven de esto un negociado y no un derecho social.
Ya cayó Urrutia. Pueden ser más; esperemos que la labor del Fiscal Gajardo así lo determine. El proyecto país que los movimientos sociales han necesita que alguna institucionalidad pueda darnos la mano que nos han quitado durante 20 años.
Necesitamos devolver a la política lo social lo esencialmente público, esa que brille por la justicia social. Necesitamos instalar nuevamente al movimiento social estudiantil en la agenda programática de quienes nos gobernarán.
Es nuestra tarea devolver lo público y lo social a la ciudadanía. Requerimos un cambio estructural para no seguir concentrando guetos educativos, sino promoviendo universidades con servicio público, sin fines de lucro, con extensión e investigación de cara al proyecto país que debemos construir. Ese Chile más justo y por fin amigo de quienes siguen esperando las transformaciones sociales.
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