Hay varias razones que me motivan a escribir esta columna, entre ellas una reunión con funcionarios de mi Universidad, otra reunión con el rectorado, y en último lugar, el nombramiento del economista concertacionista Nicolás Eyzaguirre como Ministro de Educación.
Por suerte -o mala suerte-, hace poco más de un mes y medio, nuestra lista resultó ganadora en las elecciones de la Mesa Ejecutiva del Centro de Estudiantes de Derecho de la UTalca. Sin embargo, lamentablemente en la actualidad este órgano ha quedado relegado a ser una instancia de participación fuertemente burocratizada, que más bien parece una segunda oficina de informaciones que uno de los principales entes de representación estudiantil, como debiera ser. Pero, ¿esto último será natural? ¿Siempre habrá sido así? Bueno, personalmente no poseo todos los antecedentes a cabalidad para responder, sin embargo de algo estoy seguro: Hoy nos tratan como clientes.
En los hechos, la “sociedad de consumo” y todas estos usos neoliberales han pegado muy fuerte, incluso en las instituciones públicas de educación superior; el discurso de: “a los estudiantes hay que escucharlos y satisfacerlos porque son clientes del servicio que prestamos” está instalado en más de alguno de los altos funcionarios de muchas de nuestras casas de estudios estatales, y por lo mismo, el nombramiento de un economista (¿Doctor © de Harvard?) en la cartera de educación no nos debe sorprender. El discurso está instalado a nivel político y mediático en toda la sociedad chilena.
Las sociedades democráticas o que aspiran a serlo son conflictivas. Y quienes participan del dialogo público y de la política propiamente tal tienen en algún grado poder de decisión. Por lo tanto, conflicto, dialogo y decisión son requisitos esenciales para cualquier ejercicio democrático y quien lo niegue necesariamente rechaza la democracia como tal. Durante las movilizaciones del año 2011 las demandas de democratización universitaria estuvieron muy presentes, más de una vez participé en las mesas de discusión sobre triestamentalidad y con muchas esperanzas vimos sendos documentos emanar como conclusiones de estas, pero todo quedo en ello. Las autoridades universitarias no volvieron a pronunciarse al respecto, y para qué decir los políticos.
Hoy, cuando la gratuidad es el principal foco de la agenda pública, no debe ser abandonado el importante asunto de la democracia universitaria, en la cual existen tres estamentos claramente diferenciados: estudiantes, funcionarios y académicos, siendo actualmente en los últimos en quienes queda la facultad de tomar todas las decisiones, limitándose la participación de los estudiantes a la mera consulta –y con mucha suerte-, y sin ninguna participación de los funcionarios.
Al tratar el asunto de la participación estudiantil, hemos visto que la mayoría de las veces todo el trabajo institucional se limita a unas cuantas encuestas, y en bonitas reuniones de dialogo con los representantes estudiantiles, etc.
En definitiva lo que evidenciamos no es sino a los académicos preguntando “¿está conforme con el producto que recibe?”, y como estudiantes sólo queda señalar: “bueno, el producto podría ser más barato y más bonito”; en eso se ha convertido el dialogo universitario, pues la decisión sólo recae en una de las partes al interior de las casas de estudios. Y vaya que se esfuerzan por convencernos de que la democracia universitaria sirve dentro de la lógica de mercado para conseguir lo mismo y a un menor costo, pero, ¿Cuál será el menor costo? Menos organización estudiantil, menos movilización, etc. Así es como a esa triada democrática conflicto, dialogo y decisión sólo termina siendo un dialogo de mercado.
¿Quién gana con la exclusión de los actores? En primer lugar quienes buscan mercantilizar la educación, como lo evidencia la imposición a raja tabla y sin cuestionamiento del modelo educativo por competencias, que más de algún beneficiado tendrá (más allá de lo positivo que pueda ser este modelo); así como también las autoridades académicas, quienes se erigen como dueños absolutos de la verdad dentro de los espacios universitarios, sin ningún contrapeso. Lo anterior, más que atentar contra la democracia atenta con el mismo espíritu universitario: la búsqueda critica de la verdad.
Junto con la necesaria lucha por la gratuidad, como estudiantes no debemos abandonar la aspiración democratizadora en todos nuestros espacios. Los beneficios para nuestra causa están a la vista: menos autoritarismo y más organización. El desafío: alcanzar la madurez organizacional para poder plantearnos con firmeza en los espacios políticos que corresponda y abandonar la lógica de mercado por una donde los estudiantes como parte del pueblo construyan su propia organización, una de carácter político y no de consumidores.
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Foto: nicholaslaughlin / Licencia CC
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26 de enero
Excelente columna Manuel. Desde pequeños se nos ha enseñado que la educación es una inversión, una especie de patrimonio, el único que nuestros padres nos dejan (patrimonio del cual nos vanagloriamos cuando obtenemos el titulo) Romper con los esquemas meritocraticos será difícil, pero no imposible. La educación como derecho social será una realidad tangible y no solo formal. Un abrazo.
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