Tanto en el proyecto de ley como en el protocolo de acuerdo de educación superior, existe una preocupación clara acerca de la equidad del sistema. Destacan, bajo tal óptica, la segregación entre instituciones, tanto por nivel socioeconómico como por dependencia de la escuela de origen.
Sin embargo, un elemento que no se ha tomado en cuenta es la estratificación intra-universitaria, es decir, que existen carreras cuya composición, bajo tales categorías, puede variar fuertemente del promedio de la institución. Por ejemplo, si bien el promedio de matriculados provenientes de colegios particulares en la Universidad de Chile el 2016 es cercano al 34%, carreras como Ingeniería Comercial (63,19%), Medicina (54,93%) o Ingeniería Civil Industrial (53,74%) demuestran la importancia de un análisis más sensible al respecto. Lo mismo ocurre en otras instituciones, como la U. Católica, donde, pese a tener un 63,2% de alumnos de colegios particulares en el mismo año, en Ingeniería Comercial existe un 88.04%.Grupos con mayor capital (económico y cultural) estarán en mejor posición para alcanzar posiciones privilegiadas. La inclusión debe apuntar hacia allá.
¿Qué implica ello para la equidad del sistema? Dos cosas. Primero, que los sistemas de acceso inclusivo (o la idea de una alternativa “sistémica”) deberían enfocarse en abrir oportunidades en carreras actualmente selectivas y no solo analizar promedios de cada institución. En un contexto de educación superior de alta participación, más que su simple acceso, lo importante es la diferencia cualitativa entre carreras y su disponibilidad diferenciada según aspectos socioeconómicos. Grupos con mayor capital (económico y cultural) estarán en mejor posición para alcanzar posiciones privilegiadas. La inclusión debe apuntar hacia allá.
En segundo lugar, el protocolo de acuerdo no plantea una clara relación entre el mundo escolar y universitario. La experiencia del Plan Maestro de California demuestra que es posible diseñar un paso directo para los mejores alumnos de la escuela pública a las universidades públicas, lo cual otorgaría una mirada “sistémica” al acceso de educación superior. Si bien el programa PACE conserva el espíritu, no institucionalizar tal mecanismo (teniendo en mente lo anteriormente dicho) plantea ciertas fragilidades como, por ejemplo, que las instituciones no ofrezcan demasiado cupos de carreras selectivas.
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