El financiamiento compartido ha estado funcionando exactamente al revés de como tendría. En vez de estar concebido como un ingreso arbitrario adicional a un subsidio fijo, que permite optar a una educación más cara y por ende segregadora, tanto subsidio como FC debieran ser montos variables según sea el ingreso (y por ende capacidad de pago) de cada familia, de modo tal que la suma de ambos cubra el valor fijo e igual para todos, que el Estado ha definido como necesario para optar a una educación de calidad sin importar la situación económica de cada familia
Son muchas las carencias en Chile y la persistente desigualdad, indiferente a nuestro mentado crecimiento económico, sigue al centro de las reivindicaciones sociales. El estandarte de los reclamos populares está representado en las demandas educacionales. La voz crítica más elocuente e influyente ha sido la de Mario Waissbluth, quien ha puesto en evidencia los dañinos efectos en segregación que el Financiamiento Compartido (FC) ha generado. La exigencia social por gratuidad es el corolario lógico para terminar con un sistema educativo que, por lo segregador, pareciera estar diseñado para replicar las desigualdades más que corregirlas.
El argumento, sin embargo, se basa en un error conceptual en que se ha sustentado el financiamiento compartido. Tal como se aplica, el Estado fija un subsidio fijo por alumno (aumentado cuando aplica la Subvención Preferencial), al cual los padres que estén en condiciones y desean hacerlo, pueden agregar un monto vía FC (determinado por el valor del colegio al que asistan sus hijos). Dada esta manera de aplicarse, es bastante evidente el potencial segregador del FC (que, peor aún, permite una diferenciación más por estatus, que en calidad educacional).
La base correcta para aplicar el FC debiera sustentarse, sin embargo, en una lógica distinta. Si bien no por gastar más plata se obtienen necesariamente mejores resultados académicos, la relación lógica contraria es bastante sólida: brindar un determinado nivel de calidad de enseñanza lleva necesariamente aparejado un valor mínimo por ese nivel de servicio. Una vez que se determina el valor mínimo necesario para poder aspirar a entregar un nivel adecuado educativo (supongamos, $120.000 por alumno), entonces la base del FC debiera ser el que no todas las familias dispondrán de los ingresos necesarios para financiar autónomamente dicho valor. Mientras una familia pudiente puede financiar eso y mucho más (los colegios de elite valen fácil $300.000 por alumno), otros con suerte podrán pagar la mitad, y muchos posiblemente nada o casi nada. Mientras no es necesario que el Estado financie a los primeros, a los segundos tendría que apoyarlos con la mitad de la colegiatura, y a los terceros con el valor total.
Así, el FC ha estado funcionando exactamente al revés de como tendría. En vez de estar concebido como un ingreso arbitrario adicional a un subsidio fijo, que permite optar a una educación más cara y por ende segregadora, tanto subsidio como FC debieran ser montos variables según sea el ingreso (y por ende capacidad de pago) de cada familia, de modo tal que la suma de ambos cubra el valor fijo e igual para todos, que el Estado ha definido como necesario para optar a una educación de calidad sin importar la situación económica de cada familia.
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