¿Quién podría decir que la educación superior en Chile pasa por su mejor momento? A mi juicio, una calificación positiva al respecto le cabe a sostenedores e inversionistas, pues al igual que el ministro de Educación actual, quien reconoció, hace pocos días en un programa de televisión, que su inversión en la Universidad del Desarrollo (UDD) ha sido rentable, bajo el esfuerzo por la dedicación de 21 años de trabajo. Los “emprendedores y altruistas” sacan cuentas alegres. No todo es miel sobre hojuelas: la inmensa mayoría de la ciudadanía así lo manifiesta. Es cuestión de salir a la calle y observar las movilizaciones de estudiantes, la toma de sedes y los petitorios añadidos.
En la actualidad, el sistema pasa por tensiones que requieren urgente y pronta atención, las que se configuran en: Cobertura, respecto del acceso y la movilidad social de la educación; por cierto, calidad, en cuanto formación de capital humano y su vinculación al desarrollo país. Por otra parte, privatización, que tras la ley de 1981, que crea instituciones privadas “sin fines de lucro” permite “cuentas alegres” para unos pocos, además de complejizar las opciones de financiamiento, tanto para instituciones como para estudiantes; finalmente, el marco regulatorio, el cual no ha implicado observancia de los resultados institucionales, y hace pocos esfuerzos en la acreditación de las mismas.
Mientras los países OCDE concentran un 5,0% en gasto educación pública, Chile sólo otorga un 3,3% en promedio, relacionado a su PIB, que en perspectiva comparada se respalda por el Education at a Glance del año 2007, el cual indica que el país tiene una participación del 51.6%, comparado con el 60.5% de Corea y el 68.4% de Estados Unidos. A este paso las cifras son decidoras, hablando por sí solas en la necesidad de “meter mano” a un sistema que no es parte del orgullo nacional, a pesar de las satisfacciones de nuestros “filántropos”.
Debemos observar la educación superior como un desafío que implique consenso en que las instituciones públicas deben apuntar a las 3-E, es decir, Estatales, Especializadas y de Excelencia. Aun cuando la receta se esboza en una mera opinión, estos tres ejes implican que al hablar de que efectivamente sean:
Estatales, se hace referencia a la indudable vocación pública que deben mantener, sin responsabilidades religiosas, políticas o sociales sobre las administraciones institucionales, con un curriculum docente efectivamente laico, pluralista e independiente. A razón de aquello, el financiamiento público debe actuar sin los miramientos actuales sobre poner plata en instituciones o estudiantes, pues mientras la institución sea pública lo correcto es que los estudiantes perciban los beneficios correspondientes;
Especializadas, apuntando al desarrollo de la investigación e innovación, ya que no podemos seguir tolerando que las instituciones solo se dediquen a la mera producción del “cartón profesional”, pues no debe existir docencia sin investigación, la cual, además, vaya en el sentido de contribuir responsablemente al Desarrollo País. Cabe señalar que en la actualidad más del 90% de la investigación y desarrollo (I+D) en el mundo universitario se realiza en las universidades del Estado, llegando sólo a un 3% en la totalidad de las universidades privadas.
Excelencia, la cual va de la mano con una certificación seria, pero no con flexibilidad y extemporánea como lo es la actual, añadiendo un marco curricular efectivo, que vele por la empleabilidad y ejercicio profesional de los futuros egresados.
La apuesta es ambiciosa, pero debe ser capaz de llevarnos a una corrección de conducta, la cual indica que el Estado se ha comportado bajo la lógica del “olvido culposo y dejar hacer”. El origen de los recursos, tanto públicos como privados, deben ser todos sujetos a fiscalización pública, sin distingo institucional, bajo un mismo marco regulatorio. Por otra parte, el financiamiento debe ser equitativo, pero no sólo en el origen público, también en los aportes privados, pues de lo contrario la homogeneidad social en la formación del capital humano seguirá reproduciendo el esquema de profesionales de primera y segunda categoría. Financiamiento que, por lo demás, debe ser siempre contra-resultados. Finalmente, se requiere cumplir con la existencia de una agencia especializada que distribuya éstos recursos, excluyendo a instituciones de baja selectividad y que no orienten su accionar al interés público, menos al lucro, a esa rentabilidad de la inversión individual a la cual el Ministro Lavín le saca una sonrisa.
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