Ya sea por el contexto de des-legitimación de la élite política o por un genuino deseo de formación ante una asamblea constituyente, la educación cívica ha cobrado especial importancia en el debate actual. Es así como un grupo de parlamentarios ha promovido que sea un deber del estado promover la formación cívica (laica), en los niveles educacionales básicos y medios. A ciencia cierta no se conoce si será una asignatura propia o tomará relevancia en un grupo de ellas, pues solo ha trascendido en la prensa que se intentará generar un conjunto de programas para que cada centro educativo pueda elegir el que mejor se acomode a su proyecto institucional.
El problema aparece cuando recordamos que otro “derecho” sigue el mismo modus operandi y no sabemos la efectividad o su nivel de implementación. Desde el 2010, nuestra constitución señala que toda persona tiene derecho a recibir educación sexual, siendo deber de los establecimientos educacionales reconocidos por el estado incluir en la enseñanza media un programa acorde, al igual que la educación cívica, a su proyecto educativo.Para ello, se debe resguardar efectivamente el derecho de una formación cívica robusta, pluralista, y que mediante el mismo ejercicio democrático enseñe sobre la democracia.
En la ley no se determinaba quién fiscalizaría su aplicación -pues en parte era responsabilidad del ministerio de salud y de educación-, siendo la Superintendencia de educación quien tomó tal papel. Sin embargo, dado el proceso de cambio curricular existente a la fecha, su papel fue solo constatar si existía un plan o no en tales colegios, considerándose, incluso, que la educación sexual estaba siendo abordada en la asignatura de biología (séptimo básico y segundo medio) y en orientación.
Las debilidades de tal implementación son varias. Primero, básicamente, al fiscalizar solo la existencia de un plan no se sabe si los alumnos, realmente, están recibiendo educación sexual. Resulta impactante comparar el ideal “fiscalizador” de ciertas pruebas estandarizadas en el sistema educativo, y no constatar, in situ, si un derecho es entregado de manera efectiva. En segundo lugar, al dar tantas posibilidades de autonomía, es imposible conocer la calidad de tales programas, las horas aulas utilizadas o los enfoques diversos en torno al tema.
Nuestro sistema educativo, estructuralmente, presiona para dejar cualquier contenido ajeno al SIMCE fuera, por lo que no sería descabellado pensar en clases que prefieran utilizar tal tiempo en contenidos relacionados y dejar otro tipo de iniciativas de lado. Todos, desde profesores a directivos, tienen tal “incentivo perverso”. En tercer lugar, ¿qué posibilidad tienen los profesores, dada su increíble carga laboral, para formarse tales temas? Bajo esta óptica es comprensible por qué los fondos para capacitar profesores en educación sexual no se han gastado completamente. Lo importante es comprender que todas estas debilidades las compartiría la educación cívica.
Dado nuestro difícil contexto político, hacer una educación cívica que solo sea un “saludo a la bandera” es fatal. Es necesario que nuestro sistema educativo responda a las necesidades del país y no solo como algo funcional a la economía. Para ello, se debe resguardar efectivamente el derecho de una formación cívica robusta, pluralista, y que mediante el mismo ejercicio democrático enseñe sobre la democracia, a diferencia de nuestro derecho a educación sexual, que solo existe en el papel.
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