#Educación

El debate ‘central’ entre Atria y Kast

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La propuesta de Atria es establecer un “régimen de lo público” para que el servicio educativo sea concebido y proveído como un derecho social.

La historia de la discusión entre Fernando Atria y Felipe Kast empezó el 1 de julio de 2014, en la comisión de educación de la cámara. Es bien representativa de las discrepancias de fondo en el debate educacional (educación como derecho social versus educación como bien de consumo). A continuación, el historial:

1. 01-07-2014: Sesión de la cámara (ver)

2. 14-07-2014: Carta 1 de Kast (aquí)

3. 25-07-2014: Respuesta 1 de Atria (aquí)

4. 06-08-2014: Respuesta 1 de Kast (aquí)

5. 28-08-2014: Respuesta 2 de Atria (aquí)

6. 29-08-2014: Entrevista a Atria, a propósito de este intercambio epistolar (aquí)

Atria argumenta que es diferente determinar las condiciones bajo las cuales el acceso a un servicio es un derecho, de determinar las condiciones bajo las cuales ese servicio (proveído ya como derecho) alcanza un cierto estándar de calidad. Para Atria, se trata de dos problemas distintos y fundamenta por qué se debe atender antes al primero. La propuesta de Atria es establecer un “régimen de lo público” para que el servicio educativo sea concebido y proveído como un derecho social. Él defiende el actual proyecto de reforma educativa porque estima que se orienta a constituir un régimen público para la educación. Esto se entiende bajo el supuesto de que el régimen actual del servicio educativo es ‘privado’ y está regulado por una lógica de mercado: el Estado garantiza el acceso a un “mínimo” y de ahí para arriba cada quien accede a la educación que quiere y puede comprar.

El problema de esta lógica es que, tal como en el mercado, quien no puede pagar, no puede acceder o sólo puede acceder al mínimo; así se explica la segregación del sistema educativo y el fracaso de la educación pública frente a la educación privada subvencionada. Esto quiere decir que, desde el análisis de Atria, la segregación educativa es un resultado ‘esperado’ de la lógica de mercado que regula el sistema y que la ‘mala calidad’ de la educación pública es una condición necesaria para que la oferta educativa se ordene a partir de un mínimo, según la capacidad adquisitiva de las familias.

Por su parte, Kast estima que los planteamientos de Atria son errados, porque asumen que se puede establecer un derecho social (de acceso a un determinado servicio) sin definir un estándar de calidad para el servicio en cuestión. Al contrario, Kast piensa que no tiene sentido hablar de “el derecho a la educación” sin pronunciarse sobre la ‘calidad’ de la educación, a la cual el acceso constituye un derecho. Por lo tanto, para Kast el problema no es que la educación sea un derecho social, pues para él actualmente la educación es de hecho un derecho social que está ya garantizado, sino que el problema es la calidad que se ofrece de ese servicio. De todo lo anterior, Kast concluye: a) que Atria  propone ‘nivelar para abajo’, porque no le importa(ría) el estándar de calidad del servicio; b) que la propuesta de reforma es errada porque no asigna recursos a la mejora de la calidad del servicio; c) que la propuesta de reforma es errada porque, además, restringe la posibilidad de aportar recursos privados al servicio, al eliminar el copago; d) que el foco de mejora y de uso de recursos debiera estar en la educación pública, de modo que todos tengan acceso a educación de calidad.

Atria refuta lo anterior, indicando: a) que es falso que él proponga ‘nivelar para abajo’, ya que sólo ha señalado que el problema de la calidad del servicio es distinto del problema del derecho a ese servicio; por supuesto – dice- hay que plantear la discusión sobre la ‘calidad’, pero como un tema distinto del tema del derecho; b) que en la concepción de Kast (y de la derecha), la concepción de ‘derecho’ a la educación es (solamente) el ‘derecho a un mínimo’, pues después de ese mínimo la lógica de mercado garantiza que quien pueda pagar por acceder a más y mejor servicio lo haga legítimamente; c) que es el principio de focalización de recursos la herramienta paradigmática para defender (desde la posición de la derecha) la reducción del rol del Estado como garante de derechos y la apertura de todos los servicios al ingreso de recursos privados mediante lógicas de mercado; d) que un servicio es un derecho social, cuando todos los ciudadanos pueden acceder a ese servicio, independientemente de sus condiciones, de modo que no hay cabida para la inyección de recursos privados si estos sirven para establecer diferencias arbitrarias en el ejercicio del derecho que todos los ciudadanos deberían tener.

Por último, desde la posición de Kast, varias de las distinciones que introduce Atria (y que están reflejadas en el proyecto de reforma educativa) no tienen sentido. Y no tienen sentido porque en la concepción paradigmática de Kast la lógica de mercado que permite acceder a bienes y servicios (de distinta calidad) mediante la disposición de recursos privados no es problemática en absoluto, sino – al contrario- expresa de la mejor manera posible (económicamente hablando) el mérito individual y la naturaleza humana; por lo tanto, no es problemático tampoco desde el punto de vista de los derechos, pues los derechos sustantivos, como la educación, ya están garantizados; por ejemplo, en la forma de educación pública gratuita para aquellos cuyo poder adquisitivo es nulo o mínimo. Esto justifica que el rol del Estado sea dar cobertura sólo allí donde los recursos privados no pueden o no les interesa ofrecerla; por ejemplo, focalizando la atención de las familias pobres o vulnerables. En último término – pienso yo- Kast (y la derecha) debería defender que el orden ‘natural’ de la sociedad humana es la distribución desigual de los recursos y que el Estado debe servir solo para atender las necesidades allí donde los recursos son mínimos, sin cuestionar en absoluto la abundancia – legítima, según Kast et al.- de recursos en otros sectores.

TAGS: #Reforma Educacional

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08 de septiembre

Creo que la argumentación del Profesor Atria, es tan contundente, que la contra argumentación del Diputado Kast resulta fuera de lugar.

Jonas Jameson

05 de enero

Atria es un teórico y requiere un buen curso de gestión de recursos y una inmersión en sociología. Sin privados no hay cobertura, y la educación municipalizada no es bien percibida ni objetivamente es de calidad en un número importante de instituciones. Luego, si pretende eliminar el apoyo a los privados sin meter dinero en calidad, esta reforma va a terminar siendo un desastre. La mejor planificación no va a resolver un ejercicio de complejidad de la envergadura propuesta por Atria.

Los particulares no deberían obtener utilidades desmedidas ni abusar de los dineros de los contribuyentes, por lo tanto este punto se debería regular y controlar, exigiendo estándares mínimos, o deberían salir del sistema. Paralelamente, se debería mejorar sustancialmente la calidad educacional, con especial foco en los establecimientos municipales. Mucha ideología, poco pragmatismo. El camino debe ser gradual, no podemos cambiar el sistema de golpe y porrazo. No estoy dispuesto a que mis hijos paguen por ello.

Una pregunta: Si la educación es un derecho social, entonces mis hijos deberían recibir siempre la subvención que entregue el estado, ya sea si mis hijos acceden a educación entregada por el estado o entregada por privados. Ante este argumento, lo que el estado debería asegurar es que las instituciones de carácter privado entreguen los estándares de calidad y programas de enseñanza que rigen para bien o para no tan bien a juicios del ciudadano y que el Ministerio de Educación elabora. Para ello se requiere del control de agencias de calidad y gestión (uno de sus roles). Si por sobre el estándar del programa (o al lado del mismo), yo quiero como buen padre, entre otros, reforzar, profundizar (por ejemplo con ciertos cursos en otros idiomas para mejorar en ese aspecto), ampliar (enseñanza religiosa) o educar a mis hijos en una escuela que utilice metodología de aprendizaje más avanzada (y para lo que se requiere profesores probablemente más caros)….es decir, entregar una educación lo más completa que pueda, y quiero, y puedo pagar por ello ¿por qué no podría pagar solo un diferencial sin perder mi derecho al subsidio?

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