Los estudiantes con discapacidad hoy en Chile, son sometidos a postular a proyectos de educación para optar a un beneficio que en el fondo es un derecho, y de ser aceptado este proyecto los resultados son publicados por el Servicio Nacional de Discapacidad a mediados de año, y se concreta la entrega en otro medio año más, olvidando que el año académico comienza en marzo y termina en diciembre, una verdadera burla.
En Chile la educación ha sido tema de debate e innumerables protestas por parte de los estudiantes, donde se han hecho presente las demandas de una reforma donde la educación sea gratuita y de calidad.
Demandas totalmente legítimas, pero en las cuales se ha obviado que hay un problema mucho más de fondo, una realidad invisible ante la ciudadanía en general y las máximas autoridades del país pasan por alto en las políticas públicas.
Esta es la realidad de los estudiantes con discapacidad o necesidades especiales como se les ha denominado últimamente. Para la mayoría de los que exigen cambios en el sistema educativo visualizan la problemática en el hecho de tener que endeudarse 15 años en créditos bancarios para estudiar 5 años y obtener un título profesional, sin denostar esta problemática, otros alumnos ven imposibilitado su ingreso o permanencia a la educación por barreras de infraestructura y segregación por una condición física y/o intelectual.
Parece irreal que en un país donde está claramente establecido que la inclusión es un tema que se ha puesto en el tapete de la agenda pública de los distintos gobiernos en Chile y las leyes que han sido promulgadas, los modelos de desarrollo hasta ahora adoptados, van enfocados a la educación inclusiva, el 90% aproximadamente de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior no lo ha hecho, y no por voluntad propia, sino por las barreras que se presentan al momento de hacerlo.
Claramente las medidas que se han adoptado para hacer frente a este tema no han sido suficientes para generar el bienestar, lo cual ha generado que diversos grupos hayan sido y sean persistentemente excluidos de los beneficios del desarrollo y se encuentren en “situación de vulnerabilidad”.
En términos de políticas de discapacidad en el ámbito de la educación superior, no existen organismos especiales encargados del tema, y la ley sólo se refiere a la enseñanza obligatoria.
La actual ley Nº 20.422 señala al respecto: “los establecimientos de enseñanza parvulario, básica y media deberán contemplar planes para todos aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y fomentar la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa” (SENADIS, 2013).
Como se puede apreciar, desde la institucionalidad pública existe un vacío en torno a la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior.
Es claro que contar con un Servicio Nacional de la Discapacidad, es una medida parche más, donde desvían recursos económicos que no llegan a las personas con discapacidad ni a proporcionar cambios reales, están sumidos en la discursividad y parafernalia de cosas que nunca se hacen.
Con la promulgación de leyes de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad como la Ley 20.422, se ha intentado buscar la igualdad de oportunidades, y tomando una de las frases que el director del Servicio Nacional de Discapacidad dijo hace unas semanas atrás en una entrevista en la que recalca que «una ley que no se fiscalice pierde sentido en la realidad practica de una persona con discapacidad, en la cotidianidad».
Totalmente de acuerdo con sus palabras. Pero ¿Qué se hace al respecto para cambiar esta situación? ¿Seguir con discursos bonitos? SENADIS perdió hace mucho tiempo el sentido de lo que es realmente es la inclusión.
Esto sucede con los estudiantes con discapacidad hoy en Chile, son sometidos a postular a proyectos de educación para optar a un beneficio que en el fondo es un derecho, y de ser aceptado este proyecto los resultados son publicados por el Servicio Nacional de Discapacidad a mediados de año, y se concreta la entrega en otro medio año más, olvidando que el año académico comienza en marzo y termina en diciembre, una verdadera burla.
Además las instituciones de educación superior no son obligadas a tener políticas internas de inclusión que aseguren la accesibilidad e igualdad de oportunidad para estudiantes con necesidades especiales, quedando a criterio de ellos si incluyen a un alumno o no.
Hay un tremendo vacío en el tema educación. Soberbia de las autoridades por no escuchar las peticiones de los estudiantes, lo cual se traduce en un enojo masificado por parte de los que viven una discapacidad.
Es una vergüenza nacional que muchos dependan de la aprobación de un proyecto, de un servicio de discapacidad que «supuestamente» fue creado para dar paso a la igualdad de condiciones. NO es igualdad depender de un servicio y que muchos compañeros tengan que dejar su carrera universitaria por la no aprobación de un proyecto.
Por todo lo expuesto se convierte en exigencia que el Ministro de Educación emita una declaración del por qué deja en manos de Senadis proyectos de educación, sometiendo a estudiantes con discapacidad a postular a herramientas inclusivas, que en el fondo son un derecho de cada estudiante promulgado por ley.
Además sería interesante saber el por qué se le da una subvención especial a las instituciones de educación básica y media por recibir a un estudiante con discapacidad, como si nos hicieran un favor al matricularlos, si en rigor se está cumpliendo con un deber, ya que la educación es un derecho de todos.
Y finalmente el por qué las políticas internas de inclusión no son consideradas como un requisito más para que una universidad estatal sea acreditada.
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Foto: Pontificia Universidad Católica de Chile / Licencia CC
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