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Educación pública financiada no subvencionada

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El mandato de la ciudadanía, es invertir más en educación, pero que efectivamente tales recursos vayan a financiar políticas que impacten el aula, signifiquen mejores aprendizajes para nuestros niños y constituyan un real apoyo a la tarea docente.

La pronta aprobación de la reforma tributaria representará un incremento significativo de los recursos públicos para educación, como parte de un acuerdo político y social que involucra actualmente a sectores muy diversos.

Es tan amplio el espectro que apuesta a una educación gratuita y de calidad, que las diferencias se harán más evidentes a la hora de transferir los recursos pues habrá que asegurar que estos se destinen directamente a mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.

Atenta contra este buen propósito, la transferencia de recursos vía proyectos que las más de las veces pagan un costo de administración altísimo ante el sostenedor particular o municipal. La subvención de mantenimiento, los aportes para el mejoramiento de la infraestructura escolar, el proyecto enlaces y la dotación creciente de recursos para el aprendizaje son iniciativas que deben ser evaluadas en cuanto ha considerado una importante distracción de recursos que no han impactado el aula ni ha simplificado la labor del docente.

Además, nada justifica que la educación pública municipal siga siendo subvencionada, que no esté debidamente financiada, porque desde el inicio de la municipalización se dijo claramente que el financiamiento debía ser con aportes del estado y de la comunidad. La trampa siempre estuvo en que subvencionar es pagar una parte de lo que un bien cuesta y en que a mayor ausentismo a clases de los estudiantes más recursos ahorra el estado. Es tan evidente este malsano propósito que el monto anual de subvenciones se presupuesta considerando el promedio de asistencia en los últimos años.

Importa también racionalizar la gestión, pues es inconcebible que la administración municipal de educación tenga una planta funcionaria que nada tiene que ver con la cantidad de escuelas y alumnos que atiende. Es sabido que las remuneraciones de los Jefes de DAEM duplican a un Jefe Provincial del Ministerio de Educación y Gerentes de Corporaciones Municipales cuyos sueldos superan al propio Alcalde. Todo ello se paga con recursos que debieran tener un único destino: mejorar los aprendizajes en el aula.

Así como algunos sostenedores están planteando que el estado debiera devolverles la inversión que han realizado en sus establecimientos escolares, sin considerar los enormes márgenes de ganancias obtenidos, éste puede exigirles que los aportes de capital para infraestructura recibidos por sostenedores privados debieran ser reintegrados a las arcas fiscales para reinvertir en la educación pública.

Una parte importante de los recursos frescos, recogidos vía reforma tributaria, deberán destinarse a cubrir la insolvencia de los administradores municipales y que ha significado mantener impaga las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la educación, situación que se mantiene a pesar de los continuos adelantos de subvención que los municipios han percibido.

Amplio y diverso será el debate que tendremos, sobre todo con la herramienta de segregación por excelencia que ha significado el financiamiento compartido, transformándose en un mecanismo de selección perverso y que para algunos supone la ilusión que los padres eligen la escuela cuando son éstas las que eligen las familias y los alumnos. Lo decía el actual Senador Montes en la cámara: “queremos una educación que integre, esa es la base de la convivencia democrática entre personas distintas. No queremos una sociedad de segmentación, con niños que se eduquen con cero pesos, con 3 mil pesos, con 25 mil pesos y otros puedan pagar 100 mil pesos o más”.

Gran alegría por la aprobación de importantes recursos para educación, vía reforma tributaria, pero por diferentes motivos: algunos ya le están poniendo precio a la eventual “expropiación” que proclaman algunos agoreros, otros más sabios saben que si no cambia el mecanismo de transferencia de recursos a educación siempre saldrán ganando con la regla de oro que indica que por cada $1 que invierta el estado en nuestros niños y niñas deben ser traspasados $1,6 al sostenedor privado. Por tanto, no tiene sentido continuar sosteniendo una ley de subvenciones, soporte inequívoco del lucro institucionalizado.

El mandato de la ciudadanía, es invertir más en educación, pero que efectivamente tales recursos vayan a financiar políticas que impacten el aula, signifiquen mejores aprendizajes para nuestros niños y constituyan un real apoyo a la tarea docente. Ello exige no seguir presupuestando acciones como el plan de evaluaciones diagnósticas que está programando la “Agencia de calidad” cuando lo que corresponde es fortalecer el rol de supervisión y apoyo a través del Ministerio de Educación. Lo que importa es reinstalar los planes de mejora, la asesoría permanente y la presencia activa de un Ministerio que se hace cargo, que acompaña, que financia y que empodera las escuelas y las embarca en el mejoramiento continuo de sus logros.

Ello significa abandonar las “tácticas europeas” importadas por el club de expertos y ejecutadas por entrenadores nacionales cuestionados, culposos, mal pagados e intervenidos por una asistencia técnica variopinta, con expertos criollos, ligados con cadenas de colegios que se compran a sí mismos el servicio por más de cuatro años y que se llevan cuantiosos recursos sin mostrar aún logros reveladores en relación a la inversión realizada.

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