La Comisión de Educación del Senado aprobó el miércoles la idea de legislar un proyecto que impide que se entreguen recursos estatales, es decir, el dinero de todos los chilenos, a sociedades con fines de lucro dedicadas a la educación.
El proyecto es claro, transparente y recoge en parte las demandas de los estudiantes y de la inmensa mayoría de la sociedad chilena que quieren avanzar hacia la meta de garantizar la educación de calidad como un bien público.
A mí me parece que es sencillamente de sentido común legislar en esta dirección. No así a la derecha.
Desde La Moneda, las gradas parlamentarias del oficialismo y los centros de estudio de la derecha han machacado, una y otra vez, que los que piden una mejor educación garantizada por el Estado están “ideologizados”. Como si el sistema que ellos implementaron sin discusión ni contrapesos durante la dictadura no correspondiera también a una ideología. La verdad es que en el debate de los últimos meses la única ideologizada ha sido la derecha, que simplemente no concibe que su sistema basado en el lucro y en el esfuerzo financiero de las familias no solo ha acentuado las desigualdades en nuestro país, sino que también ha llevado a niveles de angustia social que simplemente ya no son sostenibles. Las cacerolas en las calles deberían haberlos despertado de su sueño de la educación al estilo “a cada uno lo suyo”.
Pero no es así, y esta moción parlamentaria es el ejemplo más reciente de ello. Las reacciones del oficialismo rayaron el histerismo y no faltaron aquellos que recordaron la Escuela Nacional Unificada de Allende.
La derecha chilena ha sido históricamente una maestra en montar campañas de intimidación cuando se siente acorralada. La criminalización del movimiento estudiantil –tildando desde el principio a muchos jóvenes de violentistas, poniendo énfasis en los encapuchados, las bombas Molotov y las piedras, más que en el tema de fondo— es una muestra de ello. Y ahora pretende hacer lo mismo con esta moción, presentando escenarios apocalípticos, como, por ejemplo, que más de un millón de estudiantes que asisten a escuelas subvencionadas con fines de lucro podrían quedarse sin estudiar, que este es el fin de la libertad de enseñanza en Chile, entre otras cosas.
Sin embargo, nada de ello es verdad. Para que vuelvan a serenarse me permitiré repasar rápidamente en qué NO consiste esta moción:
1. El proyecto NO termina con el emprendimiento privado. Los privados pueden seguir ofreciendo educación con o sin fines de lucro. Sin embargo, los que opten por lucrar, es decir, utilizar las utilidades de sus emprendimientos educacionales para aumentar legítimamente su patrimonio personal, no podrán hacerlo con recursos públicos.
2. Este proyecto NO expropia a nadie ni fustiga la libertad económica o de emprendimiento. Los cambios regulatorios sólo configuran las reglas del juego, pero no privan al titular del dominio de sus bienes. En otras palabras, al privado no se le quita ningún peso que es suyo, sólo se condiciona la entrega de recursos públicos en educación a que no se lucre con los mismos.
3. La moción NO afecta el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. El proyecto no altera la provisión mixta del sistema escolar y, por lo tanto, los padres seguirán teniendo toda la libertad del mundo para escoger una escuela municipal, subvencionada o particular para sus hijos.
4. Eliminar la subvención al lucro NO dejará a un millón de niños sin educación. En Chile hay más de un millón de estudiantes que asisten a escuelas subvencionadas con fines de lucro. Tomando esta cifra, hay quienes apocalípticamente han señalado que el fin del lucro dejará a estos niños sin educación. Eso es una falacia. La gran mayoría de estas escuelas pertenece a cooperativas de profesores, padres o emprendedores particulares con un proyecto educativo claro y que reinvierten sus utilidades en sus establecimientos. Solo son escuelas con fines de lucro por aspectos “técnicos” (por ejemplo, desde el punto de vista burocrático es más fácil crear una sociedad comercial que una entidad sin fines de lucro), y la mayoría no tendría problemas en adaptarse a la nueva normativa. Suponer, como lo hace el gobierno, que todas estas escuelas sólo están motivadas por el lucro demuestra el desconocimiento que la derecha tiene de las aspiraciones e ideales de muchísimos chilenos.
5. Prohibir el lucro NO es estar en contra de la calidad. La evidencia empírica demuestra que la educación particular subvencionada no tiene ventajas significativas frente a la educación municipal cuando se controla por factores como el nivel socioeconómico de los alumnos o la auto selección de estudiantes que realizan muchas escuelas. La calidad es un imperativo para el conjunto del sistema escolar, y es por eso que nos esforzamos tanto en aprobar el proyecto que crea la agencia de calidad de la educación. Esta entidad velará por que los establecimientos de mala calidad reciban los apoyos necesarios y, en caso de no mejorar, sean clausurados. La razón es simple: no podemos ser complacientes con la educación de nuestros jóvenes y condenar a estudiantes de establecimientos malos a una vida que desde el comienzo parte con enormes desventajas en conocimientos y destrezas.
Resumiendo, nadie está proponiendo revivir la ENU de la Unidad Popular. Sólo estamos haciendo lo que la sociedad, con justicia, exige hoy a sus representantes: avanzar hacia la meta de entregarles a todos los chilenos una educación de calidad y de garantizar la educación como un bien público. Las pocas escuelas que quieran seguir lucrando lo podrán hacer. Y los padres podrán escoger esos colegios. Pero no nos parece justo que esos sostenedores se enriquezcan a costa de subvenciones que provienen de los bolsillos de todos los chilenos. Menos aún cuando ha quedado demostrando que no necesariamente entregan una mejor educación.
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Fotografía: Diego Martin / Licencia CC
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