Educación en derechos humanos: Una asignatura pendiente

Mucho se habla hoy en día sobre los derechos humanos, pero, ¿tuvimos la oportunidad de aprender alguna vez lo que significan?

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A comienzos del presente año, la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Educación, presentó un proyecto de ley en el que se proponía reincorporar la asignatura obligatoria de “Formación Ciudadana” (ex Educación Cívica) dentro de la malla curricular de los/as alumnos/as de tercero y cuarto año de enseñanza media de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

Pese a haber nacido en democracia, mi primera aproximación al estudio de los derechos humanos se produjo en una etapa avanzada de mi carrera universitaria y gracias a un ramo que ni siquiera era obligatorio dentro de la malla curricular.

Lo más preocupante todavía es que existen millones de jóvenes que ni en etapa escolar, ni en etapa de formación técnica o universitaria han recibido educación formal sobre una materia tan trascendente para la vida de toda persona dentro una sociedad democrática.

En 1980 se estableció “Educación Cívica” como una asignatura independiente, con el propósito de “impartir conocimientos sobre la nueva Constitución Política del Estado, el funcionamiento del sistema político y económico, y los derechos fundamentales”. Si bien el estudio de los derechos humanos en ese contexto fue bastante restringido, al menos quienes crecieron en esa época tenían conocimientos procedimentales más afianzados sobre la formación del Estado. Por otra parte, las estadísticas del Servel demuestran que en la actualidad quienes manifiestan su derecho a voto son principalmente personas mayores de 30 años; lo cual podría deberse, entre otros factores, al hecho que recibieron educación cívica en su época escolar.

Más tarde, en el año 1998, desapareció “Educación Cívica” como asignatura independiente y se incorporó el concepto de formación ciudadana a lo largo de todo el currículum escolar. En este contexto, la formación ciudadana se transformó en uno de los tantos ejes a tratar dentro de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la cual no se aprecia un análisis muy profundo de los derechos humanos. Ésta podría ser una de las tantas razones por las cuales muchas personas jóvenes hoy en día no parecen valorar la experiencia de manifestar su opinión en los procesos democráticos, como por ejemplo, a través de su voto en las urnas.

A comienzos del presente año, la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Educación, presentó un proyecto de ley en el que se proponía reincorporar la asignatura obligatoria de “Formación Ciudadana” (ex Educación Cívica) dentro de la malla curricular de los/as alumnos/as de tercero y cuarto año de enseñanza media de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Dicho proyecto fue ampliamente discutido en la Cámara de Diputados, incluyendo posiciones de ciertos sectores políticos que creen que el Estado no tiene que jugar un rol fundamental en la formación cívica de su población.

Hoy el proyecto apunta a la creación de un plan explícito de formación ciudadana en los niveles de educación parvularia, básica y media, donde se destaca como uno de sus objetivos principales el “Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los/as estudiantes con los derechos humanos”, y una de las acciones concretas que se vislumbran para cumplir con este objetivo es “la realización de talleres y actividades extra programáticas en las cuales haya una integración y retroalimentación de la comunidad educativa”.

Debido a su carácter de suma urgencia, en la actualidad dicho proyecto se encuentra en el segundo trámite constitucional a la espera de su aprobación por parte del Senado, y de mantenerse como fue aprobado por la Cámara de Diputados, entraría en vigencia al inicio del año escolar 2016, esto en cuanto al plan de formación ciudadana; mientras que la incorporación de la asignatura obligatoria de “Formación Ciudadana” para los/as alumnos/as de tercero y cuarto medio quedaría sujeta al impulso del Ministerio de Educación, a realizarse a más tardar el año 2017.

Frente a esta situación, es preciso hacer notar que mientras se está discutiendo la forma en que se educará a los/as jóvenes en materias de derechos humanos, existen al menos dos generaciones completas que ya han quedado marginadas de ese proceso, cuestión que resulta más preocupante aún si tenemos en consideración que durante los próximos dos años los/as chilenos/as estaremos discutiendo el contenido de la nueva Constitución que regirá al país.

En este contexto, me parece que el trabajo de la sociedad civil, representada en varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, tiene mucho que aportar en la tarea de educar a las personas jóvenes en materia de derechos humanos, como lo ha venido haciendo hasta ahora, ya que aunque las autoridades han tomado el camino de acción correcto en cuanto a la implementación de contenidos curriculares obligatorios en el área, una vez más ha llegado un tanto tarde frente a la realidad a la que se enfrenta el país hoy en día.

Por Arlette Reyes
Integrante de Equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Chile