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De aranceles de referencia a aranceles controlados

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Como respuesta a las demandas ciudadanas, el ministro de Educación ha ofrecido entregar becas para todos los alumnos con méritos académicos pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables. También ha ofrecido rebajar la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado a un 2%.

Estos anuncios son un avance para permitir un acceso más equitativo a la educación superior. Pero omiten un elemento fundamental: las brechas existentes entre el monto de estos beneficios y los aranceles que cobran las instituciones.

Hoy los estudiantes, incluso los de menores ingresos, deben cubrir por su cuenta las brechas que se generan entre los aranceles efectivos que cobran las instituciones de educación superior y los aranceles de referencia que fija el Gobierno para determinar los montos de las becas y los créditos. Estas brechas son en promedio en torno al 25% y han llegado a ser del 100% en algunas carreras de universidades privadas. El Gobierno no se ha pronunciado sobre cómo abordar este elemento fundamental del financiamiento estudiantil.

La solución a este problema no es simplemente igualar los aranceles de referencia a los aranceles efectivos que fijan las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Ello sólo derivaría en un clásico caso de escalada de costos, donde los aranceles efectivos aumentarían, los aranceles de referencia cerrarían la brecha un año, y al año siguiente se generaría una nueva brecha obligando a repetir el proceso. Esta dinámica sería claramente una asignación muy ineficiente de los recursos públicos.

La solución es más compleja. Pasa por asumir que si el Estado aporta recursos para el financiamiento de la educación superior, puede, y debe, imponer condiciones a las instituciones receptoras. Una primera condición se refiere a exigir estándares de calidad: el Estado no debiese comprometer recursos públicos para que los estudiantes se matriculen en instituciones que no cumplen estándares básicos. Una segunda condición se refiere a no pagar de más: el Estado no debiese aceptar que las instituciones cobren más allá de un porcentaje acotado por sobre el arancel de referencia.

Esto último requiere fijar los aranceles de manera justa y transparente, tomando lecciones de otras industrias reguladas, donde este proceso se apoya en paneles de expertos y fórmulas predeterminadas. Se puede dejar la puerta abierta para las instituciones que no quieran regirse por estos aranceles, pero en dicho caso los estudiantes no podrían usar los recursos públicos en ellas. Un esquema similar ya opera para la Subvención Escolar Preferencial.

Regular los aranceles parece indispensable para hacer financieramente sustentable el anhelo de que ningún joven talentoso se quede fuera de la educación superior por razones económicas.

* Jorge Rodríguez Cabello, Investigador CIEPLAN.

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Foto: The Clinic

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