Hoy apremia el imperioso deber de hacerse cargo de la demanda que se escucha desde hace ya varios años. Nadie puede decir que a nivel institucional no existe un clima más favorable que el que existía el año 2011.
La decisión tomada el pasado sábado por la CONFECH, en una ajustada votación, de no restarse del Plan de Participación Ciudadana es una gran noticia para los estudiantes universitarios del país. En un contexto cruzado por una capacidad notoriamente más reducida que el año 2011 por parte del movimiento estudiantil para influir en el cuadro político nacional, quedarse sin posibilidad alguna de incidencia en la instancia convocada por el gobierno para recoger las opiniones del mundo social habría sido francamente contraproducente a los objetivos de comenzar a concretar la histórica demanda de un nuevo modelo educacional basado en la noción de derecho social.
La menor capacidad de incidencia y movilización que ha tenido la CONFECH en el contexto actual, responde básicamente a la incapacidad de gran parte de sus dirigentes para hacer una interpretación acertada de la coyuntura política que se viene configurando desde mediados del año pasado. La llegada de un nuevo gobierno que tomara gran parte de las consignas levantadas con fuerza durante años por los actores de la educación, abrió por primera vez en décadas la posibilidad cierta de realizar cambios profundos a la educación chilena. Sin embargo, desde la CONFECH se fue instalando un discurso basado en la desconfianza y la exigencia de garantías, desatendiendo la imperiosa necesidad de trabajar con las bases estudiantiles los alcances de la Reforma Educacional que el gobierno no demoró en comenzar a implementar con el envío de los primeros proyectos de ley al parlamento. Al mismo tiempo, los mercaderes de la educación, el sector que más se verá afectado con la implementación de la reforma, no dudaron en apostar todas sus fichas a una gran campaña de desinformación y tergiversación mediática con el objeto de infundir miedo a la población inventando todo tipo de males que supuestamente llegarían si la reforma se llegase a implementar, haciendo reiterados llamados a rediseñarla y comenzar todo desde cero. La derecha chilena históricamente ha tenido una alta capacidad de rearticulación, mostrando gran versatilidad al momento de formar alianzas, aún en contextos bastante desfavorables a sus intereses. A sólo seis meses de haber dejado poder ejecutivo, el despliegue que ha realizado tanto en la calle, como a nivel comunicacional, ha logrado reducir efectivamente el apoyo ciudadano a la Reforma Educacional.
Por ello, la única garantía existente hoy día para el avance en las demandas históricas del movimiento social por la educación es su capacidad de unidad y de fortalecimiento de una estrategia movilizadora que exige ser mucho más amplia y transversal de lo que hemos conocido hasta hoy. Esta es la estrategia que se encuentra en el origen del éxito de las movilizaciones del año 2011. Todo ello se enmarca en un contexto complejo en el que los grandes poderes fácticos sienten fuertemente amenazados sus intereses y no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para frenar las inminentes transformaciones. El gobierno puede haber obrado mejor o peor al momento de comenzar a implementar la reforma, sin embargo, ello no guarda relación con la obligación que tienen los distintos actores de la educación de articularse y golpear con fuerza la mesa para garantizar que el contenido de los cambios que se realicen estén en sintonía con lo que se viene planteando masivamente en las calles desde hace mucho tiempo.
A ratos pareciera que el gobierno se encuentra acorralado entre una derecha que se resiste a realizar transformación alguna al modelo educacional y un movimiento estudiantil en el que muchos de sus dirigentes, producto de las “desconfianzas”, no se atreven a participar e incidir de manera clara y resuelta por miedo a perder “autonomía” o “confundirse” con la institucionalidad. Al respecto, cabe señalar que la estrategia que ha seguido otro actor social relevante, la CUT, ha sido mucho más eficaz a la hora de lograr avances concretos en sus demandas históricas. La Central se define a sí misma como contraparte del gobierno y de la institucionalidad política, que se debe a los intereses tanto de los trabajadores afiliados como a los que aún no lo están, pero sin perder de vista que, considerando las evidentes limitaciones programáticas existentes en materia laboral, las posibilidades de avance hoy son más reales que nunca y podrán ser llevadas a cabo sólo en la medida en que estén acompañadas de la movilización activa de los trabajadores. Sin ella, la posibilidad de que una reforma en este ámbito termine siendo desnaturalizada es bastante alta, cuando el empresariado ya ha comenzado a mostrar una fuerte resistencia ante cualquier modificación del Plan Laboral de 1979.
Nadie puede predecir cuál será el desenlace final de este proceso que ha llevado a que todo un país debata sobre educación en términos profundamente ideológicos. Sólo una cosa es clara: el divisionismo y las desconfianzas infundadas al interior del movimiento estudiantil sólo beneficiarán a quienes pretenden mantener el statu quo. Hoy apremia el imperioso deber de hacerse cargo de la demanda que se escucha desde hace ya varios años. Nadie puede decir que a nivel institucional no existe un clima más favorable que el que existía el año 2011. La postura del todo o nada y la errada estrategia de la vacía exigencia de garantías, conducirán a poner en serio peligro la reforma educacional ya en curso, amenazada permanentemente por una política de los consensos que se resiste a morir, requiriendo para ello darle la estocada final.
Nadie dijo que abrir los límites de lo posible iba a ser tarea fácil. Por lo pronto, el Plan de Participación Ciudadana en el que la CONFECH y la CONES han decidido mantenerse, es una de las tantas formas de necesaria incidencia que se deben trabajar con mucha mayor fuerza. Es momento de dejar atrás las pequeñeces y subirse de una vez al carro de la historia.
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