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Centros educativos fraudulentos y el rol estatal

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Las posturas acerca de quiénes debieran proveer la educación son contrapuestas. Mientras que algunos afirman que la educación es un derecho y que, por lo mismo, debiera ser entregada de manera centralizada, igualitaria y gratuita por el Estado; otros creen que mientras mayor y más diversa sea la oferta educativa, mayor será la competencia y, por lo tanto, mejor la calidad.

Como Chile se encuentra polarizado, a grandes rasgos, en 2 conglomerados partidistas, la idea de definir qué visión es la mejor sería una pérdida de tiempo. La tarea, entonces, es encontrar un punto de encuentro entre la postura de la educación como un derecho y la idea de una Educación con tintes más capitalistas.

Con todo, existen deficiencias en nuestro sistema educativo que son independientes de la visión que consideremos mejor o más válida. Hablo específicamente de la enorme cantidad de institutos y universidades privadas que se encargan de parir profesionales de dudosa calidad, con carreras sin campo laboral efectivo y mallas curriculares que rayan en la ridiculez. ¿Fiscalización? Muy poca y, como estas entidades invierten más en publicidad que en lo académico, ofrecen un sueño a estudiantes que, desinformados y cautivados por esta trampa, obligan a sus padres a endeudarse por algo que no tiene futuro.

Hace poco, consultado el ministro de Educación, Joaquín Lavín, acerca de esta anomalía cada vez más frecuente, traspasó la responsabilidad a las personas e hizo un llamado a los estudiantes a decidir muy bien antes de entrar a la educación “superior”. Esto es inaceptable. Si bien es válido que Chile haya adoptado esta perspectiva de una educación competitiva y descentralizada, el Estado no puede lavarse las manos ya que debe cumplir un rol fiscalizador. La solución parece simple, pero no se ejecuta: si un centro no cumple con un estándar mínimo de calidad, previamente establecido por el Estado, entonces se clausura. Pero traspasar la responsabilidad con tanta liviandad a los estudiantes no es serio. Como se dijo antes, estos centros “educativos”  venden un sueño y presentan escasas barreras en la admisión, por lo que los estudiantes con bajo rendimiento académico muchas veces no tienen otra opción.

Finalmente, el punto de equilibrio entre las 2 posturas mencionadas al inicio es: si la Educación no va a ser otorgada de manera igualitaria y centralizada, entonces el Estado debe asumir un papel protagónico y transformarse en un ente crítico y examinador, con la capacidad real de cerrar instituciones fraudulentas. Un gobierno que utiliza la excelencia como bandera de lucha, no puede darse el lujo de permitir este desajuste. A la excusa del “problema heredado” se le acabó el saldo. 

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