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Carreras de la salud: Exclusividad universitaria, exclusión y responsabilidades políticas

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¿No estábamos hace dos años todos y todas marchando para exigir cambios profundos y estructurales a nuestra educación superior con miras a un sistema más equitativo y de calidad? Limitar el análisis de este proyecto a su eventual naturaleza “excluyente”, denota una postura desde quienes quizás se sienten cómodos/as con el sistema “tal como está”.

El día miércoles 7 de mayo los colegios profesionales de la salud, junto con la Ministra de Salud y representantes de Mineduc y Fenpruss, asistimos a reunión con la Comisión de Educación del Senado, con motivo de aportar antecedentes para la discusión actual sobre el proyecto que busca la restitución del rango universitario exclusivo para las carreras de la salud de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética, obstetricia y puericultura, tecnología médica y terapia ocupacional. De aprobarse, este proyecto implica que los profesionales de la salud deben ser formados únicamente por las universidades, en coherencia con lo planteado por el código sanitario.

Algunas personas piensan que este proyecto es algo novedoso. No obstante, los colegios profesionales de la salud han impulsado desde el año 2005 la necesidad de conferir este rango exclusivo a dichas carreras, el que fue eliminado por la Ley LOCE. Para otras personas este proyecto de Ley parece excluyente. Ante esto me pregunto, ¿de qué me he perdido? ¿Acaso no es nuestro actual sistema de educación uno de los más excluyentes que existen en el mundo? ¿No estábamos hace dos años todos y todas marchando para exigir cambios profundos y estructurales a nuestra educación superior con miras a un sistema más equitativo y de calidad? Limitar el análisis de este proyecto a su eventual naturaleza “excluyente”, denota una postura desde quienes quizás se sienten cómodos/as con el sistema “tal como está”.

El hecho de que en la coyuntura nos encontremos con institutos profesionales (IP) que imparten las carreras referidas, por ningún motivo representa el motivo central de generación del proyecto de ley que está siendo discutido. Ese es un hecho circunstancial, que en efecto, podría haberse evitado si el proyecto de ley se hubiese aprobado antes de estos nueve años de estancamiento en el Congreso. De hecho, no todas las carreras de la salud implicadas están siendo impartidas en IP y sería irrisorio que dichos gremios esperasen que se generen los programas de formación en aquellos institutos para recién ahí solicitar la aprobación de esta reforma. La demanda no busca beneficios de grupos particulares, sino que se centra en la discusión en torno a la salud y educación como sectores colectivos.

En esta situación tampoco existen buenos ni malos. Sí existe un sistema de educación superior que cede fácilmente a la lógica de la educación como un producto transable económicamente. No obstante, sí existen responsabilidades políticas que están siendo invisibilizadas por la tensión que puede generarse en la discusión. Por una parte están las universidades, al no asumir su propia responsabilidad en los cambios hacia un sistema de educación en el que no existan profesionales de primera ni segunda categoría, y que elimine barreras de acceso y brechas de calidad que ya todos conocemos y que parecemos barrer bajo la alfombra. En el proyecto de ley se declaran las responsabilidades específicas que tendrán las universidades en caso de ser aprobado, que incluye la generación de programas de licenciatura y la igualdad de condición y derecho para los profesionales egresados de IP.

Por otra parte parte, los IP tienen la responsabilidad política de explicar a la sociedad civil por qué generaron planes de formación de carreras de la salud teniendo conocimiento de aquella u otras demandas gremiales y de educación, así como de las normativas existentes para contratación de profesionales de la salud en el sistema público. Sería un aporte a esta discusión conocer las respuestas de dichas instituciones, en especial a sus estudiantes, quienes comprensiblemente pueden sentirse vulnerados por este proyecto de ley al realizar un primera lectura. Hasta el momento, sus planteamientos se han enfocado a reforzar los mismos indicadores de evaluación de la calidad de educación superior que durante estos últimos años han sido cuestionados, como la acreditación y los menores aranceles en comparación con las universidades, lo que puede aparentar un aporte al acceso igualitario, pero que perpetúa la lógica de mercado bajo el slogan, “lo mismo, pero más barato”.

Los profesionales de la salud en ocasiones adolecemos de una amnesia profunda, pues olvidamos que antes que terapeutas somos trabajadores. Con esta consideración debemos ser capaces de tener una discusión a fondo, situando este proyecto como una demanda gremial histórica que se articula con otras, como la recuperación de la tuición ética, y que buscan restablecer pisos mínimos necesarios para propender a condiciones laborales y de contratación dignas y articular los cambios necesarios que como sociedad chilena exigimos para un sistema de educación superior con igualdad en calidad y oportunidades de acceso.

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Foto: [xinita] / Licencia CC

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