En palabras simples, el primer lugar de los colegios que seleccionen por matricula y por rendimiento debiese ser invalidado, del mismo modo que es invalidado el primer lugar de un deportista que se droga para conseguir dicho puesto.
Existe un tema relativo al SIMCE que no ha sido parte del debate y que sería de gran importancia que sea considerado por la comisión que tiene en sus manos el futuro de este sistema de medición. El tema es: ¿Los colegios particulares pagados deben seguir siendo evaluados?
La pregunta surge a raíz de que este tipo de establecimientos ha quedado fuera del debate educativo nacional actual, por el simple hecho de que no responde a intereses públicos, sino privados. Siendo así me pregunto, por qué el estado debe seguir gastando parte de sus recursos al evaluarlos.
Para responder uno podría preguntarse si acaso el Estado hace algo cuando un colegio particular pagado es mal evaluado. Si la respuesta fuera afirmativa se podría pensar que la evaluación es necesaria para asegurar la calidad educativa de quienes ahí asisten, pero la respuesta es negativa. Y lo cierto es que el estado no asegura educación de calidad para nadie.
Otra justificación podría ser el hecho de que los colegios particulares requieren de este tipo de evaluaciones para mejorar la calidad de su enseñanza. Si bien este argumento es válido, hay que reconocer que el SIMCE no es el único instrumento para lograr este fin. Existen múltiples instrumentos en el mercado, muchos de los cuales son utilizados por colegios privados, pagando el precio que corresponde en cada caso. Desde esta perspectiva se podría pensar la alternativa de ofrecer el SIMCE a quienes deseen utilizarlo, cobrándoles el costo que tiene implementarlo.
Desde otra perspectiva también cabría preguntarse cuál es el problema de evaluar colegios particulares pagados. Por qué cancelar esta prueba si evaluar no tiene nada malo.
Ante esta aseveración cabe decir que si bien evaluar no es bueno ni malo, lo que sí es bueno, o malo, es el uso de los resultados. En este caso el mal uso que le han dado los colegios particulares pagados resulta evidente. Salvo que haya alguien que siga creyendo que la competencia en el medio para mejorar la calidad de la educación.
La competencia (que no ha ayudado a mejorar nada) se ha materializado en los ranking que se publican año a año, donde estar dentro de los 10 primeros es un logro valioso en términos de prestigio y publicidad. Estos ranking han sido el mejor aliado del sistema de educación de mercado, atrayendo gente del sector municipal que ha creído y confiado en que los resultados representan la calidad educativa de cada establecimientos, y que es justo pagar más para tener más.
Seguramente los más duros dirán que publicitar los logros de cada establecimiento no tiene nada de malo. Sí claro, eso podría ser cierto, pero no lo es en el sistema educacional chileno donde es sabido que los resultados de un establecimiento correlacionan más con el origen social de sus estudiantes que con la calidad de enseñanza que se imparte. Por otro lado, en estos momentos en que se redacta una reforma educativa que pone fin al lucro, al copago y a la selección resulta tremendamente contradictorio asumir como válidos los resultados de establecimientos que seguirán realizando este tipo de prácticas antidemocráticas y antipedagógicas. En palabras simples, el primer lugar de los colegios que seleccionen por matricula y por rendimiento debiese ser invalidado, del mismo modo que es invalidado el primer lugar de un deportista que se droga para conseguir dicho puesto.
Para terminar, debo decir que si me preguntan si el estado debe seguir evaluando la calidad de los colegios particulares, mi respuesta es sí, pero en forma muestral. Me parece importante tener una visión general de lo que pasa dentro del 7% particular pagado, pero me parece irrelevante y contraproducente evaluar el caso a caso dentro del proceso de mejora del sistema de educación nacional.
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