Acreditación y estándares de calidad ¿viene el debate?

Piñera ha anunciado que enviará un proyecto de ley para reformar el sistema de acreditación universitaria. Ha reclamado para esta ley un sentido de urgencia que no parecía tener cuando tardó cerca de un año en designar al presidente de la CNA, y del que carecía también su ausente jefe de Educación Superior. Con actitud desafiante y amnesia selectiva en cuanto a responsabilidades pasadas, no se le ve muy interesado en que se apruebe el proyecto que anunció que se presentaría. Aun así, vale la pena reflexionar al respecto.

Algunos elementos anunciados no parecen mala idea: la acreditación sería obligatoria y de responsabilidad estatal. Hasta ahora ha sido la derecha la principal opositora a esas ideas. La iniciativa le otorga así al Estado la responsabilidad y atribución de velar por que el sistema de educación superior esté alineado con los objetivos nacionales.

El establecimiento de un Consejo formado por personas con dedicación exclusiva parece ser también una buena idea, sobre todo para asegurar la efectividad de su trabajo. (Piñera, en su afán por atacar a la actual CNA, insiste en que es para reducir conflictos de interés, pero ya hemos visto que la jornada completa no asegura ese fin).

Es preocupante, sin embargo, que se pretenda dejar instalados a cuatro de los cinco consejeros. Éstos serían elegidos por el Ministro de Educación en base a ternas elaboradas por Alta Dirección Pública. Se asegura así que los cuatro sean afines a la derecha.

La ideología de los consejeros no es irrelevante, pues otra de las novedades de este anuncio de proyecto es la definición de estándares de calidad. Al discutir esos estándares, habrá que discutir entonces qué tipo de universidad queremos. Y esa discusión no es apolítica; no se limita al número de libros en la biblioteca, ni al número de computadores, ni al porcentaje de profesores con postgrado. Hay que discutir también qué condiciones de gobierno universitario garantizan calidad y qué políticas financieras garantizan sostenibilidad. Y qué se espera delas universidades en materias como creación de conocimiento o vinculación con el medio. Y qué se le debe asegurar a todo miembro universitario, en aspectos como pluralismo, transparencia y derechos. Y cómo se equilibran la diversidad y autonomía institucionales, con el cumplimiento de estándares comunes.

Algunos elementos anunciados no parecen mala idea: la acreditación sería obligatoria y de responsabilidad estatal. La iniciativa le otorga así al Estado la responsabilidad y atribución de velar porque el sistema de educación superior esté alineado con los objetivos nacionales.
Otra de las novedades de este anuncio de proyecto es la definición de estándares de calidad; al discutir esos estándares, habrá que discutir qué tipo de universidad queremos. Y esa discusión no es apolítica.

En resumen, si vamos a fijar “estándares de calidad”, hagámoslo en serio. Discutamos qué es calidad y qué es una buena universidad. No aceptemos un enfoque reduccionista, y preguntémonos siempre ¿a quién, en realidad, se está tratando de beneficiar?

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Alejandro Sotomayor

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