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21 de Mayo en educación: Los anuncios del poder

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En “21 de Mayo: El contexto del poder”, señalaba el sentido que mueve a los poderosos a las reformas educacionales: principalmente un negociado y un espacio de búsqueda de consenso social a un sistema dominado por el capital financiero y los descendientes de la vieja oligarquía chilena. En esta entrada señalo cómo creo que Piñera va a materializar en proyectos ese diseño de negocio y dominación en la educación.
 
En un derroche de lo que puede llamarse “conservadurismo modernizante,” Piñera apelará a la construcción de sistemas de calidad en todo el mundo educativo. En esa línea es como fue impulsado el proyecto de Ley de Calidad y Equidad en la Educación, cuyas ambigüedades en lo que significa “Calidad” deja abierta una puerta a la innovación de servicios educacionales asistenciales para “los más pobres” (justamente lo que permite una parte del crecimiento del empleo tercerizado).  Ello permitirá que todo el sistema de prestaciones privadas de “calidad” tenga acogida en resolver los servicios que presta el Estado, dado que –ideológicamente- los sistemas públicos serían incapaces de entregar calidad. A nivel de educación superior, se pretende también instalar sistemas de información de ‘Calidad’ cuyo valor está en función de asegurar moralmente un flujo de estudiantes a instituciones que no cuentan con la tradición ni el estatus de las instituciones poderosas en Chile. En conjunto con ello, se busca desarticular las redes de poder que presentan oposición a estas medidas, principalmente a las y los profesores organizados políticamente en su gremio, como también a las organizaciones que reúnen a los rectores de las  universidades del Estado. Es en ese sentido que los editoriales de los diarios afines al Gobierno intentan ofrecer sus soluciones a la crisis que han señalado los estudiantes en la calle. Evidentemente lo hacen desde la perspectiva del grupo social beneficiado, y no desde los cuestionamientos a la estructura desigual que los estudiantes, profesores y académicos han denunciado.
 
Otra de las vetas del discurso educacional de Piñera apelará, probablemente, a la valoración cosmética de la meritocracia individualista, cuestión que si no es un error estadístico, es también una quimera en Chile. En esta línea se sitúan iniciativas como los liceos de excelencia y los incentivos al ingreso de estudiantes con buenos puntajes PSU a pedagogía. En el fondo, es un mecanismo con el que se intenta delinear posibilidades para los grupos subalternos mediante recompensas a su comportamiento académico, buscando la creación de narrativas de movilidad social que le den algo del “sueño Americano” a la “Chilean way.” De esta forma, el relato de las oportunidades dependientes sólo del individuo se instala por sobre las condiciones sociales y materiales, permitiendo la típica atribución de culpabilidad a quiénes son víctimas de la desigual distribución de recursos en el sistema. Asimismo, este relato también resalta el valor de pertenecer a la élite, esa que vive “de Plaza Italia para arriba,” como lo señala el supuestamente meritocrático del Ministro Golborne. Es de esperar que Piñera presente avances y proyecciones en estos dos temas.
 
La instalación de la calidad como objetivo y del individualismo como relato permite a Piñera y la clase dominante el traspaso de los fondos públicos a las arcas privadas. Esta es la gran denuncia de los estudiantes universitarios desde el 2005, cuando se opusieron a la Ley de Crédito Privado con Aval del Estado. Sin embargo, este modelo ha sido el esquema de crecimiento de gran parte del mundo educacional superior privado. Un ejemplo de ello es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que otorga recursos a las Universidades de acuerdo al ingreso de los primeros 27.000 puntajes en la PSU. El otro ejemplo, más escandaloso, es la reducción del sistema público mediante la instalación del sistema escolar subvencionado, cuya efectividad en entregar calidad ha sido cuestionada crecientemente en la literatura académica. Todo indica que Piñera y compañía buscan en estos modelos la siguiente profundización de su proyecto de dominación, particularmente en educación superior.
 
Es posible que, si no se logra articular una oposición política fuerte a Piñera, la reciente movilización estudiantil reviente con un escenario favorable a la clase dominante. Ello implica un proyecto de reforma que transformaría a las universidades en su conjunto en un sistema particular-subvencionado. La apelación de Lavín a considerar la educación técnico profesional como la importante, y a situar a las ayudas estudiantiles en el sistema tradicional como un problema, probablemente cristalizará en intenciones legitimadas de proyectos de ley para reducir el involucramiento del Estado en las universidades de su propiedad, mientras grandes fondos son enviados como vouchers a estudiantes que elegirán el sistema técnico profesional, completamente privatizado, y el sistema de universidades privadas. Modos que han permitido el acceso a la educación superior de grupos menos privilegiados, como la inclusión de las notas de Enseñanza Media, podrían ser usados ahora para que se distribuyan los fondos públicos del AFI hacia los planteles privados. La moneda de cambio que reduciría la oposición podría ser una desburocratización del sistema estatal, pero con el costo de ser serviles a los convenios de desempeño que las universidades privadas no tienen, disminuyendo así la libre creación de conocimientos en las universidades complejas. Esa libre creación es de la que tanto se ufana Piñera para motivar la innovación. Por último, una reformulación al acceso puede ser anunciada, aunque tiene varios matices. Los estudiantes plantean un rechazo a o reconsideración de la PSU como mecanismo de acceso, mientras el Gobierno insiste en una revisión de la PSU que se traduciría en una expansión de su uso como criterio de admisión.
 
Ninguna de las medidas que implementaría Piñera podrá traducirse en un mayor involucramiento del Estado en el aseguramiento de la calidad educacional, ni menos en la igualdad. Probablemente el Estado solo será el repositorio de recursos públicos, de todos los chilenos, del que muchas instituciones privadas sin ningún compromiso democrático se beneficiarán. Una tercerización que no dependerá en absoluto del riesgo privado, sino del ‘padre’ Estado al que tanto se le denigra. Esa decisión es ideológica más que basada en la experiencia internacional de los países a los que tanto admira nuestra clase política, con ese arribismo que chorrea hacia los intelectuales y la sociedad como sentido común.
 
Este llamado es a mirar el 21 de Mayo con una crítica al poder. La crítica a esta intentona dominante de hacernos creer que el relato de la calidad y meritocracia nos pertenece a todos, cuando en realidad es la excusa que permite la expansión de la desigualdad. El relato que escuchará el 21 de Mayo para educación es el camino a que los derechos individuales y sociales sean una garantía del mercado y no un logro social democrático. Somos muchos los que queremos calidad y queremos que el mérito sea más importante que los apellidos. Pero esa calidad y ese mérito no pueden ser dejados en las manos de los expertos, que con mecanismos tecnocráticos pretenden definir qué es lo bueno de lo malo. Deben ser el dominio social de muchos que lo hacen pensando en el bien de la sociedad toda, y no en el tamaño de sus cuentas bancarias, como ocurre ahora. 
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