Temporeros, a competir con los pobres del continente

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Debemos generar una política de inmigración que mejore las condiciones de vida en nuestro país, evitando que la entrada de mano de obra barata arruine el mercado laboral, es decir, es necesario proteger los puestos de trabajo de los más débiles, estableciendo que la categoría de inmigrante temporal sólo se mantiene si la persona obtiene un ingreso superior a $600.000, demostrado mes a mes por su aporte al fondo de pensiones y de salud.

El 20 de mayo el gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar la ley de extranjería. Una de las normas que se propone es eliminar completamente el límite máximo del 15 % de trabajadores extranjeros para aquellos inmigrantes que pidan permiso de residencia por menos de un año, gravemente afectando a los temporeros agrícolas (pero no solo a ellos). De esa forma, los empresarios del rubro podrán evitar mejorar las condiciones laborales de los temporeros y de los obreros, los que se verán expuestos a competir por los puestos de trabajo con las personas más pobres de los países vecinos, como ocurriera recientemente en una empresa agrícola de Francisco Javier Errázuriz y su importación no convencional de trabajadores paraguayos. No hace falta ser muy creativo para darse cuenta que el resultado será una disminución de los sueldos de los temporeros, para felicidad de los empresarios. En dicho sentido el gobierno actual es consecuente con su ideología, ve certeramente como evitar los aumentos de sueldos de los trabajadores (que se ve como un “costo”), y como aumentar las utilidades de los empresarios.

Para intentar sustentar su política, el gobierno parece alegar que existiría escasez de trabajadores interesados en la recolección de frutas, lo que haría necesario importar mano de obra. Sin embargo, la aseveración anterior tiene un defecto: técnicamente no existe una general ”escasez de mano de obra”, lo que existe, como lo dice la ciencia económica, es que por el salario que se paga por recolectar frutas en Chile no hay suficiente interesados en ese trabajo. La respuesta es simple: al incrementarse el sueldo van a aparecer más personas que están dispuestas  a hacer este trabajo. Esa respuesta parece de Perogrullo, y se podría argumentar que la actividad económica de exportación de frutas no admite incrementar los salarios.

Entonces, la pregunta es otra;: ¿por qué la recolección de frutas en Chile no puede pagar los sueldos que por esa misma faena se pagan en Nueva Zelanda o Australia? Esos países exportan casi las mismas frutas que Chile. Por ejemplo, los kiwis, exportados desde Nueva Zelandia a los mismos mercados de Asia y EE.UU., con precios finales similares. “Kiwfruit Work” de Nueva Zelanda, ofrece en Internet trabajos para recolectar y envasar frutas pagando el equivalente a 40.000 a 50.000 pesos chilenos por día y no parece ir a la quiebra por ello. En Chile se paga alrededor de 20.000 pesos por día por la misma labor.

Lo anterior son los datos, pero lo que importa, en realidad, es generar una posición relativa a la política de inmigración. Para responder a ello primero debemos acordar para que constituimos una comunidad llamada Chile. Entre las razones está ir mejorando las condiciones de vida de quienes integran ésta comunidad o, dicho de otra manera, no la constituimos para sacrificar el ingreso de nuestros pobres en la noble tarea de mejorar las condiciones de vida de los sectores desvalidos de Perú, Bolivia o Zimbabue, entre otras razones, porque sería una misión imposible para un país pequeño.

Eso no significa que nos desatendamos de esas realidades, pues hoy Chile ya hace una gran contribución. Por ejemplo, las inversiones chilenas en el extranjero, tanto de empresarios como de los Fondos de Pensiones, están generando cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro continente, y nuestra política de libertad comercial permite importar productos de todo el mundo, productos cuya producción generan los correspondientes puestos de trabajo en los países de origen.

En consecuencia, debemos generar una política de inmigración que mejore las condiciones de vida en nuestro país, evitando que la entrada de mano de obra barata arruine el mercado laboral, es decir, es necesario proteger los puestos de trabajo de los más débiles, estableciendo que la categoría de inmigrante temporal sólo se mantiene si la persona obtiene un ingreso superior a $600.000, demostrado mes a mes por su aporte al fondo de pensiones y de salud. De esta forma focalizamos la inmigración en el personal calificado, los que hacen un aporte real a mejorar la productividad del país, y cuya presencia no deprime los sueldos de los más débiles. La forma de fiscalizar es muy fácil, quien contrata a un inmigrante se compromete solidariamente a ese aporte, además de una multa proporcional si no ha ocurrido.

¿O vamos a seguir obligando a las señoras Juanitas a competir con los más pobres de los pobres de nuestro continente?

Nota del autor

Esta es la parte pertinente del mensaje y del proyecto de ley:

«Límite a los trabajadores extranjeros: El actual tope que establece el Código del Trabajo de 15% de trabajadores extranjeros en las empresas no exceptúa a los trabajadores de temporada, pese a la marcada estacionalidad de ciertas labores como la cosecha agrícola, las que pueden requerir picos máximos de oferta laboral en periodos de tiempo muy específicos»

«a)  Agrégase un nuevo numeral 5: “5.- se excluirá a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia o permanencia tenga un plazo de estadía menor a un año y no permita postular a la residencia definitiva.”.»

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