La errática y desesperada gestión de crisis del gobierno que decidió bloquear el tercer retiro de fondos previsionales, terminó convirtiéndose en un disparo en los pies cuando el Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento por inconstitucionalidad que el Ejecutivo había interpuesto, obligándolo a promulgar la ley aprobada por el Congreso (no habrá veto presidencial) y a retirar el proyecto paralelo que había anunciado apenas un día antes, el que incluso podría haberse convertido en un cuarto retiro.
La decisión del tribunal por siete votos contra tres de no dar admisibilidad al reclamo (lo que significa que no deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto) viene a confirmar que opera por un razonamiento político, considerando que apenas cuatro meses antes había acogido la tesis del Ejecutivo para el segundo retiro. En esta ocasión, el tribunal no quiso asumir el costo político de una medida tan impopular en tiempos de crisis.En vez del bono por $200.000 para quienes ya no tengan recursos en sus cuentas de capitalización individual sería preferible que el Estado financie una Renta Básica Universal
A pesar de su contundente derrota política en el TC, el Ejecutivo persistirá en el envío de un nuevo proyecto para la recuperación de ahorros previsionales retirados aumentando la cotización a 12%, que más que incrementar pensiones aumentaría los recursos para la administración de las AFPs. Se trata de otro intento de salvataje a los últimos estertores de un modelo previsional que en la práctica no vela por las pensiones de las y los chilenos, sino por el financiamiento del sistema financiero. Nuevamente refuerza su compromiso con los grandes capitales financieros, a quienes en la práctica propone subvencionar.
La propuesta de aumentar en un 2% la cotización adicional que anunció en cadena nacional (interrumpiendo la transmisión de los Oscar, en que Chile postulaba a Mejor Documental con El Agente Topo) y que insistirá en convertir en ley, propone un 1% a costa del Estado y el otro 1% a cuenta de los empleadores. Ello implicaría encarecer la contratación en tiempos de un desempleo de dos dígitos que las pymes no podrían solventar y en las grandes empresas probablemente se traduciría en el traspaso de ese costo a los trabajadores, disminuyendo sus salarios o sus beneficios sociales y sindicales.
¿Acaso el Ejecutivo no entendió que las AFPs son parte del problema? Una reforma estructural previsional impuesta en dictadura, que en vez de cumplir su promesa de buenas jubilaciones con altas tasas de reemplazo del sueldo de los trabajadores, financia a las grandes empresas y no a las personas. ¿Acaso no escuchó que el grito desesperado del pueblo en 2019 era contra un modelo económico desigual, abusivo y explotador que agudizó las diferencias estructurales durante la pandemia, haciendo más pobres a los pobres y aumentando la riqueza de los ricos, en el marco de la mayor crisis económica de Latinoamérica en 120 años según la Cepal?
Profundización neoliberal
La gestión de la crisis sanitaria ha desoído las razones del estallido social, profundizando el enfoque neoliberal en vez de corregirlo, incrementando aún más el descontento y ahora la humillación de la mayoría de las y los chilenos, que al postular al bono de clase media se encontraron con una simbólica cruz roja que los rechazaba y denostaba.
Los bonos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias, las cuentas debieron seguir pagándose (el gobierno consideró inconstitucional congelar los pagos y sólo evitó el corte de los servicios básicos por morosidad), los bancos no ofrecieron ayudas reales sino sólo renegociar deudas sumándole intereses, los precios de la canasta básica de alimentos subieron y el desempleo alcanzó los dos dígitos, afectando principalmente a las mujeres, quienes debieron dejar de trabajar para cuidar a otros, desnudando la crisis de los cuidados.
Aunque insuficientes, fueron las transferencias monetarias directas las que permitieron frenar en algo el aumento de la pobreza que llegó al 10,9%, pero no lograron contener el impacto de la crisis económica en las familias, que al finalizar esta pesadilla que ha arrebatado más de 30 mil vidas (principalmente las de los más pobres, que tienen menos acceso a la salud, mayores enfermedades de base, confirmando las determinantes sociales en salud) saldrán más pobres y endeudadas.
En vez del bono por $200.000 para quienes ya no tengan recursos en sus cuentas de capitalización individual (proyecto que volverá a enviar luego de su derrota en el TC) sería preferible que el Estado financie una Renta Básica Universal como proponíamos al inicio de la pandemia, a cuenta de nuevos ingresos fiscales por un impuesto a los más ricos (uno coyuntural y otro permanente), endeudamiento fiscal o recursos del Fondo Económico y Social.
Una medida como ésa permitiría dar un piso de seguridad económica a las familias, evitando que tengan que salir a ganarse el pan diariamente y haciendo más efectivas las cuarentenas. Del mismo modo, una medida de transferencia directa de este tipo, a lo menos por un periodo determinado hasta que la pandemia termine o se aminore, permitiría cuantificar y valorar el trabajo doméstico y de cuidado de niños y otros integrantes de la familia que han tenido que realizar históricamente las mujeres, dificultando su acceso al trabajo formal.
Las mayores fortunas del país lejos de perder, incrementaron sus utilidades siendo incapaces de jugar un rol de responsabilidad social con la sociedad en la que desarrollan su quehacer económico. El impuesto a los más ricos es resistido por las grandes fortunas, cuando debiera ser propuesto por ellas como una forma de contribuir a la estabilidad económica y a la paz social, que se ve amenazada por el drama de la pobreza y las necesidades básicas no satisfechas.
¿De qué sirven los miles de millones acumulados en el Fondo Económico y Social creado para enfrentar déficit fiscales, si frente a la crisis más grave del último siglo no funciona como un apoyo real para las personas? ¿Qué más tendría que pasar para echar mano a esos recursos? ¿Acaso la importante alza del precio del cobre se va a traducir en mejoras concretas en la vida de las personas que han caído en la pobreza como consecuencia de la triple crisis: sanitaria, económica y social por el malestar acumulado en treinta años? Se requiere que el Estado tenga un activo rol social y no sólo subsidiario.
Un bono clase media con requisitos imposibles y el bloqueo a una alternativa desesperada como el 10% de los dineros de los propios trabajadores (que finalmente debió promulgar), son un explosivo cóctel en tiempos de hambre y reaparición de la desnutrición infantil, que acrecientan el clivaje elites-pueblo y además de maltratar humillan a las mayorías ya desesperadas por la injusticia y la desigualdad.-
Comentarios