Una imagen satelital del 28 de septiembre de 2013 muestra una balsa-jaula salmonera en el ingreso del seno Ventisquero (bahía de Puyuhuapi), a unos dos kilómetros del poblado que ha apostado con fuerza al desarrollo económico local basado en el turismo de naturaleza. Mal que mal, está en el límite del Parque Nacional Queulat, Zona de Interés Turístico (ZOIT) Aysén Patagonia Queulat y es puerta de entrada a las bellezas naturales de ese recóndito rincón de la Patagonia.
Lo dice el Plan de Desarrollo Comunal 2018-2028 de la comuna de Cisnes, cuando señala que “en esta localidad se exhibe un desarrollo turístico sostenido, que después de la pesca artesanal se perfila como la segunda actividad económica en importancia, con presencia de hospedajes, cabañas, termas y atractivos como la fábrica de alfombras artesanales”.
En la citada fotografía es posible apreciar una gran mancha de contaminación en el fondo marino bajo la instalación acuícola, mucho mayor que el rectángulo de ésta. La foto no es una golondrina que no hace verano. Los desechos orgánicos y las fecas, saturadas de antibióticos, incluidas redes, fierros y restos de plásticos, es la generalidad de lo que ocurre más allá de nuestros ojos gracias al boom salmonero.La planificación que se ha dado en el territorio, a través del plan de desarrollo comunal y la ZOIT, por nombrar sólo algunos instrumentos, no incluye transformar la bahía en un área de centros de cultivo de salmones.
Una imagen satelital del 10 de enero de 2014, cuando ya la infraestructura había sido retirada, constata cómo la mancha seguía ahí. Una oscura e indeseable muestra del sucio legado ambiental de la industria que nos muestran constantemente como ejemplo a seguir de desarrollo del sur austral.
Es posible que este recuerdo sea parte de lo que sintió la comunidad local cuando el pasado viernes se reunió de emergencia. La alerta fue clara: la noche anterior la empresa Salmones de Chile comenzó la instalación de un centro a escasos 500 metros del poblado, según han informado mediante declaración pública. Sin conocimiento alguno de la comunidad, intentando imponer de facto una faena de alto impacto, virtualmente entre gallos y medianoche. ¡Qué mejor descripción de esta forma de operar!
Se trata de la concesión 110240, del año 1998 (de hace más de dos décadas), cuya titular es Salmoconcesiones XI Región S.A. y que considera un área de 6,47 hás. Y como nuestra Ley de Pesca y Acuicultura asegura la titularidad indefinida, hoy se pretende hacer valer un supuesto perpetuo derecho a uso de tal porción de mar.
Como ya nos hemos ido acostumbrando, no fue el gobierno el que alertó de este choque de intereses. El de quienes viven en el lugar versus el de quienes lo ven sólo como una espacio para hacer negocios. Los negocios muchas veces pueden ser legítimos, pero no cuando usan y destruyen el espacio común.
El mismo día de la reunión, la presidenta la junta de vecinos de Puyuhuapi recibió una carta de Roberto Pradenas Lizama, gerente general de Salmones de Chile S.A., la empresa que pretende hacer uso de la concesión. La idea, “presentar nuestra compañía Salmones de Chile S.A con número de RUT: 99.520.820-2, especializada en reproducción, cultivo y producción de peces”.
Presentarse, dicen, cuando ya estaban instalados. Tras entregar información de contacto, señala Pradenas que “esperamos en el corto plazo trabajar en conjunto para el beneficio de la comunidad de Puyuhuapi”. Algo bien difícil a estas alturas, a la luz de la movilización de la comunidad en rechazo a la instalación de la infraestructura salmonera en las puertas de su casa.
La declaración pública originalmente entregada por la población solicita “a las autoridades competentes, realizar las gestiones pertinentes para detener la instalación de balsas-jaulas en la concesión indicada, principalmente por el daño ecológico potencial por efecto de la contaminación orgánica e inorgánica que esta industria produce y que es de público conocimiento. Lo que afecta gravemente la imagen de pueblo prístino y libre de contaminación, características reconocidas a nivel mundial y principal activo de nuestra actividad económica”.
El problema no es sólo que la comunidad esté alzando la voz.
Es que la planificación que se ha dado en el territorio, a través del plan de desarrollo comunal y la ZOIT, por nombrar sólo algunos instrumentos, no incluye transformar la bahía en un área de centros de cultivo de salmones.
Por lo pronto, son la movilización ciudadana, los recursos administrativos y legales, y la política los que deben articularse. Proceso al que ya estamos acostumbrados en Aysén, mientras el Estado sigue jugando al monopoly con los territorios como si en ellos no existieran personas ni biodiversidad.
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