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Registros públicos de dueños de empresas y el combate de la corrupción

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A principios este mes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una consulta ciudadana sobre una propuesta de registro público de dueños de empresas, también conocidos como «beneficiarios finales». Esta propuesta fue elaborada por una mesa intersectorial que lidera la UAF, y que integran el Servicio de Impuestos Internos, Chile Compra, Chile Transparente y la Fundación Observatorio Fiscal.

Esta es una importante noticia y avance para la probidad institucional del país, ya que se ha demostrado que las empresas anónimas, cuyos verdaderos dueños son difíciles o imposibles de identificar, son utilizadas habitualmente para grandes esquemas de corrupción. Por ejemplo, diversos escándalos financieros globales como los “Panama Papers” o el reciente caso “FinCEN”,  han mostrado que el anonimato que ofrecen estas compañías es altamente valorado y usado por políticos corruptos para recibir dinero de sobornos. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de los casos de corrupción más importantes entre 1980 y 2010 involucraron el uso de empresas anónimas.

Pero ¿cómo exactamente los registros públicos de beneficiarios finales, como el propuesto para Chile, pueden ayudar a combatir la corrupción?


El 70% de los casos de corrupción más importantes entre 1980 y 2010 involucraron el uso de empresas anónimas

Según el estándar internacional establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los beneficiarios fínales son las personas que controlan efectivamente o se benefician de una persona jurídica.  Bajo esta definición entonces, el verdadero propietario de una empresa es siempre uno o más individuos con nombre y apellido.

Cuando una institución pública consolida la información de beneficiarios de empresas en una sola base de datos, se crea un registro nacional. Algunos países permiten el acceso abierto a estas bases, mientras que otros solo son accesibles por agencias públicas nacionales o internacionales de control (por ejemplo, la UAF o la Interpol). Estos registros facilitan el trabajo de estas instituciones porque tendrán acceso inmediato a la información y no necesitarán solicitarla a otras entidades como un banco u otro proveedor de servicios corporativos. Esto es esencial para evitar que un organismo financiero alerte a un cliente corrupto sobre la investigación de una autoridad nacional o extranjera. De esta forma, los registros nacionales de beneficiarios finales reducen el espacio de coordinación entre el vendedor y el comprador de empresas anónimas diseñadas para ocultar la identidad de sus dueños.

Una segunda forma de como estos registros ayudan a combatir la corrupción, es que permiten identificar las empresas que no entregan o tienen desactualizada los datos de sus verdaderos dueños. Ante la inexistencia de una base centralizada, las autoridades solo conocerán esta información y su estado al momento de solicitarla a una institución financiera. El acceso expedito a los beneficiarios finales es crucial para las agencias de control porque, al igual que una muñeca rusa, los criminales utilizan varias capas de personas jurídicas para evitar ser identificados. Un caso muy conocido es la red de empresas ficticias creadas por la extinta constructora brasileña Odebrecht, para lavar dinero y entregar sobornos a políticos latinoamericanos a cambio de contratos públicos.

La verificación y el control de la información de los beneficiarios finales mejora cuando la sociedad civil tiene acceso a estos registros. Su contribución puede pensarse como millones de ojos analizando los grandes volúmenes de datos que los funcionarios públicos deben reunir y verificar. Las autoridades tienen tiempo y recursos limitados, por eso es tan relevante incluir a la ciudadanía como un observador activo del contenido de los registros. Por ejemplo, la pandemia global COVID-19, ha mostrado lo imprescindible que periodistas y organizaciones civiles tengan herramientas para apoyar la revisión de la identidad e integridad de quiénes reciben recursos públicos de emergencia.

Una última forma en que los registros pueden ayudar a frenar la corrupción es permitiendo que expertos y académicos exploren el mercado de las empresas anónimas. Diversos estudios y libros – por ejemplo “Islas del Tesoro” de Nicholas Shaxon – han revelado que los vehículos corporativos diseñados para ocultar la identidad de un propietario forman parte de un mercado negro con raíces en los paraísos fiscales. Los registros facilitan la detección del lugar y la red de intermediarios (abogados, auditores, etc.) que ayudaron a establecerla.

En síntesis, la propuesta del registro público de beneficiarios finales de la mesa intersectorial de la UAF es una excelente iniciativa para potenciar el control de la corrupción en nuestro país. También representa un destacado ejemplo de cooperación entre instituciones públicas y civiles. La materialización del registro abierto sería una útil herramienta de fiscalización en manos de la sociedad y un gran avance en la transparencia corporativa nacional. Esto último es fundamental para elevar la confianza ciudadana en el sector privado.

TAGS: #Corrupción Empresas Anónimas

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ignacio

28 de septiembre

Ojala se haga efectiva y se promulgue como ley. Es una buena opción para frenar la política corrupta que viene avanzando en Chile. Si se pudiese, debe ser parte de la nueva constitución.

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