El Presidente Piñera anunció hace unos días que enviará al Congreso una indicación sustitutiva al proyecto de ley denominado “de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas”, también conocido como del “pago oportuno a las pequeñas y medianas empresas (Pymes)”, iniciativa que se encuentra actualmente en su segundo trámite.
Esta es una de las medidas que por mucho tiempo el mundo emprendedor ha esperado y levantado, considerando que en Chile el 85% de la fuerza laboral lo dan las pymes, por lo que este tipo de medidas es fundamental para impulsar el crecimiento y desarrollo en un país emprendedor, como hace mucho lo está siendo Chile.Lo que busca es establecer diversas medidas para asegurar el pronto pago de las facturas que las pequeñas y medianas empresas emiten a las grandes empresas, por la venta de sus productos o prestaciones de servicios
Este proyecto, cuyo texto aún no se conoce en detalle, buscará reemplazar articulados de la iniciativa que actualmente se discute en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Sin embargo, y según se dio a conocer, lo que busca es establecer diversas medidas para asegurar el pronto pago de las facturas que las pequeñas y medianas empresas emiten a las grandes empresas, por la venta de sus productos o prestaciones de servicios, evitar también el cambio arbitrario en el precio y cantidades transadas y dilaciones en la fecha del pago, entre estas, la obligación de la emisión electrónica de la guía de despacho y limitación al cambio del valor original de la factura una vez aceptada por parte del comprador.
Asimismo, después de ocho días de aceptada la factura, no se van a aceptar notas de crédito y se buscarán otros mecanismos si hay que hacer compensaciones. Esto dará certeza, para que no se modifiquen las condiciones del negocio, por parte del comprador.
Además, a partir del día convenido de pago, que no podrá ser mayor de 60 días, la factura devengará intereses y se incorporará en la deuda de la empresa. También se generará información pública sobre el comportamiento de pago de empresas, de forma de que aquellas que pagan oportunamente se vean reconocidas por la ciudadanía. Y, por último, se modificarán las condiciones para la entrega del sello ProPyme.
Se ha señalado también que la indicación contempla la posibilidad que el comprador y proveedor podrán convenir un plazo distinto, pero con previo acuerdo entre las partes, lo que significa un retroceso a lo que contempla el proyecto actualmente.
El proyecto, tal como fue despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite, ya contempla el plazo de 60 días con un pago de interés en caso de retardo, incluso contempla un plazo de 30 días para el caso de productos perecibles.
Pero lo que resulta ser nuevo de la normativa es el aspecto tributario, ya que corrige una situación abusiva que se ha dado por mucho tiempo, y es el uso del IVA crédito fiscal por parte del comprador, pese a no haber pagado la factura. La iniciativa establecería que sólo será posible usar el referido crédito fiscal después del pago de la factura.
Por otro lado, la indicación contemplaría un plazo de tres años para que parte del sector público, especialmente los Central de Abastecimiento de los Servicios Nacionales de Salud y a las municipalidades, puedan cumplir los plazos que contemplan el proyecto, basado en el problema del gran déficit fiscal y los compromisos de financiamiento que mantienen, lo que no se contemplaba en la propuesta.
Tanto el proyecto, en tramitación desde julio del 2016, como la indicación anunciada, buscan corregir asimetrías y abusos en las relaciones comerciales entre las pymes y las grandes empresas. Actualmente la pequeña y mediana empresa vende o presta el servicio, y debe factura, teniendo que esperar 90 o 120 días para obtener su pago, con la obligación además pagar de su bolsillo al mes siguiente el IVA correspondiente a dicha factura y, además, en algunos casos, deben sufrir en su desmedro cambios arbitrarios en las condiciones pactadas.
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