Tanto Chile como el resto del mundo enfrentan escenarios donde los bienes comunes, públicos, privados y monopolios naturales sufren ajustes debido a las necesidades de la sociedad. Los mercados apuntan a satisfacer necesidades humanas que día a día van en aumento. Por otra parte, no todos los bienes y servicios son provistos por el mercado y las sociedades convergen en que el Estado se haga parte de la actividad económica como juez y parte, para dichos fines éste se financia a través de impuestos, los cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos, el primero de ellos son los impuestos destinados a recaudar y el segundo grupo son los impuestos de naturaleza regulatoria en temáticas específicas. Ejemplos del primero puede ser el Impuesto al Valor Agregado [IVA] e Impuesto Renta, ejemplos para el segundo grupo pueden ser impuestos conocidos en la academia como Pigouvianos [Impuesto que busca corregir externalidades negativas y/o positivas], en este caso podrían servir de ejemplo los impuestos específicos al tabaco [regular temas relativos a salud], combustibles [Contaminación], impuesto al alcohol [Salud]. En ambos casos se buscan beneficios que maximicen el bienestar social.
Durante las últimas décadas, en Chile, ha sido ampliamente discutida sobre cuál es la estrategia adecuada para maximizar la recaudación conservando una estructura tributaria que se alinee con el crecimiento económico e indicadores macroeconómicos asociados a inversión, productividad, inflación y desempleo; que además sean capaces de minimizar los riesgos, maximizar recaudación y focalizar eficientemente los recursos. Dentro de la discusión y no menos importante es la tensión en el debate sobre la evaluación [principalmente deficiente] de las políticas públicas en las que se ven comprometidos los recursos públicos, pues generan malestar para la opinión pública y para hacer el punto se pueden nombrar ejemplos como malversación de fondos de instituciones públicas, casos de corrupción, cohecho, cobertura y calidad sobre prestaciones de servicios públicos. Dicho lo anterior es pertinente sofisticar los procesos de medición y seguimiento de las políticas públicas y dar cara a las necesidades que la sociedad precisa.En materia tributaria creo que debemos ser prudentes, no alterar tantas veces leyes relevantes como éstas, pues relativiza la certeza y, en el corto plazo, genera poco margen de maniobra para inversionistas y el Estado.
El estándar mínimo contempla que a lo menos consideremos 10 principios a la hora de legislar en materia Tributaria:
- Simplicidad: Se refiere a la claridad y forma simple de entregar la información, esto es importante dado al grupo heterogéneo de contribuyentes, la probabilidad de cometer errores con mensajes claros es baja.
- Equidad: Es simple de explicar, pero complejo en la práctica, efectivamente este principio enfatiza en el punto de que en términos marginales se paguen proporciones semejantes de acuerdo a la capacidad de pago de impuestos de los contribuyentes.
- Crecimiento Económico y eficiencia: Básicamente este principio plantea que el sistema tributario no debe interferir con el mercado, es decir, no debería desalentar el ahorro, la inversión y la acumulación de capital, a su vez no debería impedir o reducir la capacidad productiva de la economía.
- Neutralidad: En su raíz este principio apela a la no intervención, pero la focalización obliga a cuestionar dichas situaciones, en estricto rigor este principio descansa en la racionalidad y se aproxima a través de la teoría de tributación óptima.
- Transparencia: El principio converge en que la comunicación respecto a cualquier cosa relativa a los impuestos debe ser comunicada en forma clara, precisa y oportuna.
- Minimización del NO cumplimiento: Este principio está asociado directamente con la evasión de impuesto de los contribuyentes, por tanto, este principio vela por hacer cada vez más pequeña la tasa de evasión y eliminar dentro de lo posible los incentivos a la evasión.
- Minimización del costo de recaudación: La recaudación de impuestos es un trabajo bastante grande, es por ello que reducir los costos asociados a ésta permite controlar desembolsos en función de la magnitud a recaudar y no malgastar recursos.
- Impacto sobre los ingresos del gobierno: Tiene que ver con la capacidad de predicción en función de la recaudación, y explicar en forma cercana el comportamiento del gasto y el cómo se van satisfaciendo los proyectos en curso.
- Certeza: Asociado principalmente a los contribuyentes, este principio hace ver que los contribuyentes al tener mayores certezas de cuanto es lo que debe pagar generan estabilidad en el pago de impuestos, de lo contrario aumentan los costos de recaudación y la magnitud de esta última baja.
- Conveniencia en el pago: Este principio ayuda a justificar la investigación empírica de cuando es el mejor momento para recaudar y pagar, considerando a los agentes en cuestión.
Hoy en 2019 la actual Propuesta de Reforma Tributaria se ha convertido en un concepto más acotado como lo es la Modernización Tributaria y ésta apunta a cuestiones que se podrían resolver rápidamente por leyes ordinarias [de mayoría simple] en el congreso y otros cambios que implican estrategias de gestión; en este punto elementos como el defensor del contribuyente podría ser creado por una ley Orgánica y la boleta electrónica en rigor ya existe, pues el voucher que entregan al comprar con tarjetas es válido como boleta, ahora bien, si se quiere implementar obligando a pequeñas y micro empresas sería cuestionable, pues para ellas el sistemas sería demasiado costoso y afectaría potencialmente su competitividad en los mercados que participan.
La cuestión más compleja es política, pues nadie podría estar en contra de la creación de la figura del “Defensor Tributario” pero sí muchas y muchos tendrían reparos respecto a la propuesta de “Reintegración Tributaria” pues la opinión pública no estaría de acuerdo con rebajar impuestos al 10% más rico del país en uno de los países más desiguales del mundo. Están en cuestión las hipótesis y principios generales en materia tributaria, sujeto principalmente al impacto en los ingresos, equidad, simplicidad y certeza. Por otro lado, las estimaciones sobre productividad, empleo y el informe financiero no están alineados con los argumentos que ponderan como un eje, por ejemplo, cuestiones que son independientemente aplicables a elementos relativos a la Re-Integración Tributaria y es llamativo además el olvido de los reportes sobre los impactos negativos en recaudación y el comportamiento de gastos que no están necesariamente vinculados con la generación de rentas.
Se ha discutido mucho en materia tributaria la pertinencia de los sistemas tributarios integrados en ello se debe conservar equilibrios de base y tasa impositiva, escenario en que Chile no se inscribe de acuerdo a las últimas rebajas [de 45% a 35%] en la tasa, lo cual me parece complejo a la hora de evaluar la actual propuesta que incorporaría un crédito de 100% [Actualmente 50%, específicamente para empresas que tranzan en bolsa y tienen grandes volúmenes de ventas] al 10% de empresas con mayores ingresos del país.
En materia tributaria creo que debemos ser prudentes, no alterar tantas veces leyes relevantes como éstas, pues relativiza la certeza y, en el corto plazo, genera poco margen de maniobra para inversionistas y el Estado.
En estricto rigor, para evaluar impactos reales es ideal contar con información completa, lo anterior lo cito en el marco de la evaluación anticipada de muchos sobre la Reforma Tributaria previa que comienza a mostrar datos a contar de mayo 2019, esto no exime de críticas las falencias con las que quedó la reforma, pero sí hago un llamado a la mesura, pues de otra forma la especulación incrementa el error potencial, dificultando la toma de decisiones por el cambio acelerado en materias de política fiscal, monetaria y expectativas en los mercados que se ven involucrados.
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