La Constitución Política del Estado, originada en dictadura y refrendada con su firma por el ex presidente Ricardo Lagos, expresa con suma claridad en el número 14 del artículo 19º el derecho que tenemos todos los ciudadanos a “presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”, lo cual es de toda lógica en un país republicano y democrático como el nuestro.
Diversas leyes obligan a esas autoridades a responder en plazos acotados, lo que no siempre sucede, pero la Contraloría General de la República, organismo de alta jerarquía que se rige por una ley orgánica constitucional siempre ha cumplido con esa obligación.Cumpliendo con nuestro rol ciudadano auto asignado, el 5 de julio de 2016 denunciamos en dicha Contraloría que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago estaba otorgando permisos de edificación aplicándoles beneficios indebidos.
Debido a que últimamente la descomposición se ha desbordado, la Contraloría quien desde siempre ha sido líder en promover la probidad en todos los niveles, en su página web, dice que está fortaleciendo la participación ciudadana en la fiscalización. De ello se desprende entonces que ese organismo está motivando a todos los ciudadanos a recurrir allí, para, al menos, contener las malas prácticas en las instituciones del aparato del Estado que ella fiscaliza.
El abogado Jorge Bermúdez, especialista en derecho ambiental y administrativo, es quien ejerce actualmente el cargo de contralor general en reemplazo de su colega Ramiro Mendoza y ambos se han declarado como enemigos contumaces de las lacras existentes. Ellos dos han sido actores protagónicos en campañas mediáticas para arremeter en contra de la corrupción y en sus entrevistas publicadas en medios del prensa han sido convincentes en cuanto a que es indispensable retomar la senda de la corrección institucional.
La fundación Defendamos la Ciudad, la cual presidimos, ha sido cliente frecuente, utilizando una expresión en boga, de la Contraloría desde hace unos cuantos años, siempre denunciando pillerías y colusiones público-privadas en el ámbito de las urbes a nivel nacional. Estas formales acusaciones, casi siempre dadas a conocer por terceros a nosotros, han ingresado en la Contraloría con acopio de antecedentes que acreditan vulneraciones flagrantes en los marcos regulatorios sectoriales que el Estado se ha dado.
Siempre la Contraloría ha investigado, la mayoría de las veces ha corroborado nuestras pruebas documentales y en otras tantas ocasiones ha iniciado sumarios administrativos absolutamente inconducentes porque el ente fiscalizar no tiene las atribuciones para apremiar a los funcionarios públicos infractores.
Cumpliendo con nuestro rol ciudadano auto asignado, el 5 de julio de 2016 denunciamos en dicha Contraloría que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago estaba otorgando permisos de edificación aplicándoles beneficios indebidos, por lo tanto transgrediendo disposiciones contenidas en el propio Plan Regulador Comunal de Santiago. Con lujo de detalles técnicos le expresamos al contralor que esos privados habían construido sus proyectos con mayores volúmenes y mayores alturas, solicitándole que sus funcionarios investigaran las razones por las cuales se cometieron tantos y tan reiterativos “errores”.
Pero, ¡oh sorpresa!, en informe número 74564 emitido el 11 de octubre de 2016, Bermúdez nos dice que por no tener nuestra fundación derechos o intereses específicos en el asunto revelado, aludiendo al informe interno número 24143 del 27/03/15 firmado por Ramiro Mendoza, su servicio público fiscalizador no nos legitima para denunciar (sic) aunque tendrá presente los diversos planteamiento formulados, luego desconociendo nuestro comprobado rol en procura del correcto funcionamiento de los mercados y el apego irrestricto a la ley.
Ante tan asombrosa repuesta, podríamos suponer que la Contraloría no tiene los recursos necesarios para investigar las denuncias ciudadanas, razón por la cual recientemente le solicitamos una reconsideración a ese informe para que tal órgano del Estado cumpla a cabalidad su función pública y que, por ende, sea coherente con lo divulgado en su impecable página web.
Esperamos que su inusitada contestación del 11 de octubre de 2016 haya sido un simple lapsus, pues la Constitución de nuestra República, nos guste o no nos guste, tiene fuerza obligatoria para moros y cristianos. Así las cosas, con la labor de investigación por parte de la ciudadanía organizada, en unos años más las prácticas indebidas en la Administración se deberían erradicar.
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