Muevan las industrias

Amigas y amigos, esta semana los medios tradicionales y las redes sociales, estuvieron varios días tomadas por lo que se suponía que iba a suceder el día 18 de octubre. El primer aniversario del estallido social, durante el gobierno progresista, recibió la fecha con sensaciones encontradas. Si bien la génesis del descontento social en Chile se puede encontrar mucho más atrás, quedará marcado el 18 de octubre de 2019, como el día en que eclosionó el movimiento social y político. La masiva protesta social en contra de los abusos y la desigualdad, forzó a la institucionalidad política a reiniciar el proceso de discusión constituyente.

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No hay agenda más progresista, que velar por los trabajadores y trabajadoras, no hay agenda más progresista que mover las industrias.

Recordemos, que entre 2017 y 2018, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se efectuó un proceso de discusión ciudadana, para iniciar un proceso constituyente. La propuesta de reforma constitucional que debía plebiscitarse, fue desestimada en 2018 por el gobierno de Piñera. Al cabo de poco más de un año, desde esa errónea decisión, el gobierno de derecha, se vio forzado a retomar el camino constituyente. Mucho se ha dicho ya sobre el resultado del 4 de septiembre, y el rotundo rechazo a la propuesta de la convención, que puso puntos suspensivos al proceso. Sin embargo, es un hecho más o menos evidente, que los partidos políticos con representación parlamentaria, acordarán la forma de continuar el proceso. Esto obliga a las máximas autoridades del país, a centrarse en las tareas de gobierno, y a resolver las acuciantes necesidades de la población. Así lo ha bien entendido el Presidente Boric, quien ha transmitido que las prioridades son brindar seguridad, tanto en las calles, con el combate a la delincuencia, como en el ámbito social, con la protección del empleo, y el proyecto de reforma de pensiones. En una correcta lectura de los eventos de 2019, el presidente ha sostenido que el estallido social, no fue una revolución anti capitalista, ni fue una explosión de delincuencia descontrolada. Con sus brillos y sombras, la dimensión exacta de lo que realmente aconteció, lo determinará la historia, que se escribirá en muchos años más.

En buena hora, el Ejecutivo ha decidido centrarse en la contingencia, y las preocupaciones de la gente, la delincuencia, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, el desempleo. En el ámbito legislativo, procurará avanzar en sus iniciativas principales, la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Esta decisión es de gran realismo y responsabilidad, es totalmente acertada para la delicada situación social y económica que enfrenta el país. Pero esta decisión presidencial, debe ir acompañada por un vigoroso despliegue de las principales carteras ministeriales. Se requiere reimpulsar el magro crecimiento económico, y para ello, se necesita no sólo un presupuesto 2023, moderadamente expansivo. Sino también máxima eficiencia en la gestión pública, en particular en los ministerios inversores como el MINVU y el MOP. Y aquí se divisa un primer escollo, las siderales alzas de precios en los materiales de construcción, el alza del dólar, y del petróleo, están produciendo una debacle en el ámbito de la construcción. Proyectos en actual ejecución, enfrentan una abrumadora diferencia entre los valores considerados en los contratos, y los valores que se dan en la realidad.

Este no es sólo un problema que atañe a la actual administración, la inversión pública, atañe al estado de Chile. Los proyectos de inversión, son aquellos aprobados por rigurosos procesos de evaluación en el Ministerio de desarrollo social, y aprobados por los representantes del pueblo, en los consejos regionales del país. Son iniciativas destinadas a resolver necesidades sociales, concretas, reales, por lo que cualquier postergación, suspensión de contrato, o liquidación, afecta directamente a la población. Pero el afectado también es el estado de Chile, no sólo se pierde tiempo valioso, donde debe volver a licitarse proyectos, sino que debe adicionarse los mayores valores, asociados, a los fenómenos económicos que hoy nos afectan. No se trata de algo circunstancial, es algo que está sucediendo hoy mismo por todo Chile. Quizás el signo más ejemplificador de esta delicada situación, es la noticia del cierre de la Constructora Claro Vicuña Valenzuela, una empresa con 65 años de historia, con más de 200 contratos en actual ejecución. Son más de dos mil quinientos trabajadores y trabajadoras, más sus respectivas familias. Que se verán afectados por el cierre. Si consideramos a proveedores y otros prestadores de servicios, hablamos de un pueblo entero, que queda sin ingresos. En siete meses de gobierno, sería excesivo responsabilizar a las actuales autoridades. Pero no cabe ninguna duda, que se requiere implementar en forma urgente, el seguimiento y control de los proyectos de inversión. No es que esto no se realice, pero la gestión de la inversión pública requiere estabilidad, porque la continuidad de los proyectos de inversión, va más allá de los gobiernos de turno. Se requiere revisión de procesos, y eliminar nudos de gestión.  Dentro de los más comunes, y que enumera en su carta de despedida a sus trabajadores, el gerente de la constructora Claro Vicuña, se encuentran: Excesiva burocracia, que produce atraso en los estados de pago mensuales. Retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar. No recepción y finiquito de obras terminadas, con la consiguiente retención de estados de pago finales y la retención de boletas de garantía.

Sin lugar a dudas, la continuidad de las empresas que ejecutan las obras de inversión pública, es del mayor interés nacional. Sin empresas ejecutoras, es imposible satisfacer las necesidades sociales, consideradas en las iniciativas de inversión pública, y, además, se atenta en contra la eficiencia y eficacia, en la gestión de los recursos públicos. Aparte del seguimiento y control, y la eliminación de trabas a la gestión, como la excesiva burocracia, el tema más importante, es decisión exclusiva de la autoridad política. Este es, la actualización de valores en los contratos en ejecución, con un polinomio que incorpore no sólo la inflación, sino también el incremento del dólar, de los materiales de construcción y del petróleo.

Como se puede apreciar, amigos y amigas, el tiempo actual, para el gobierno y para quienes trabajan en la economía real, es de acción, de tomar decisiones ejecutivas, que produzcan efectos concretos en la ejecución de la inversión pública. Esa destinada a satisfacer las necesidades sociales, de personas como tú o como yo, que vivimos el día a día en las calles de nuestras ciudades. Si no se toman estas decisiones, se van a multiplicar los casos de empresas ejecutoras, que deberán cerrar, entregar sus contratos y despedir miles de trabajadores. De la correcta resolución de este problema, dependerá el nivel de ejecución de la inversión pública, y el término de obras, durante la actual administración. En caso contrario, se multiplicarán los proyectos que deberán volver a licitarse, con el consiguiente incremento del costo de inversión, y de los tiempos de ejecución.

El éxito del gobierno progresista, está más en resolver los problemas concretos de las personas comunes y silvestres, que en tratar de encauzar el proceso constituyente.  El éxito del gobierno progresista, en las casas y en las poblaciones, depende de proteger el empleo, y los sectores productivos. No hay agenda más progresista, que velar por los trabajadores y trabajadoras, no hay agenda más progresista, que mover las industrias.