Común es leer en los medios sobre la necesidad de que el Estado sea neutral en sus definiciones en los más disímiles ámbitos. Que debe dejar que todo fluya, que seremos las personas, hombres y mujeres libres, quienes en nuestra máxima independencia resolveremos de mejor forma los desafíos a los que nos enfrentamos hoy y mañana. Y, en última instancia y según el modelo neoliberal, todo se resolverá en el marco del juego del mercado, en la búsqueda privada de intereses particulares, económicos y monetarios, cuya suma será el bien común.
La crisis climática y ambiental actual está demostrando el error de dicha visión. Dejar que las fuerzas productivas y mercantiles se desarrollaran a sus anchas nos tiene en un dilema profundo. En este no solo torpedeamos nuestra supervivencia actual, sino también la de quienes vendrán y ninguna responsabilidad tienen en este entuerto, al igual que la de las otras especies y ecosistemas a los cuales hemos recurrido como si de una despensa (o botadero) se tratara.Todos estamos de acuerdo en que la libertad es una aspiración fundamental. Sin embargo, está claro también que esta tiene ciertas limitantes y que en ciertos casos no puede estar supeditada solamente a los acuerdos entre las partes.
Es el discurso que se planteó hace una década, cuando, ante la presión ciudadana para el fomento de las energías renovables no convencionales, los empresarios abogaban por la “neutralidad tecnológica”. Que el Estado, la sociedad en su conjunto, se abstuviera de castigar (mediante prohibición, más impuestos) o fomentar (subsidios, exenciones tributarias) ciertas opciones de generación por sobre otras. “El mercado, y sus ciudadanos en libertad, decidirá lo mejor para el colectivo” se decía.
Los resultados están a la vista. Y es posible que paguemos caro la factura de la ideología del individualismo y la lógica del crecimiento a todo evento.
Hoy se escucha parecido en materia de empleo. A una supuesta libertad empresarial y de los trabajadores se recurre, en todo momento, para exigir que no se regulen los máximos horarios en los contratos laborales. Que no hay que ser estatistas, que hay que confiar en la libre negociación.
El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, lo expresó claramente: “No nos negamos a este debate, pero creemos que se debe dar en un contexto de mayor flexibilidad y de mayores posibilidades y espacios de libertad para que las personas puedan pactar libremente con la empresa las distintas jornadas”.
Extraño, proviniendo de un ejecutivo con un origen en el controlador de Colbún, empresa que durante mucho tiempo campeó en el sistema oligopólico de la generación eléctrica, con condiciones que excluía a otros actores con el fin de asegurarles cierta rentabilidad.
Similares son sus dichos a los de las AFP, cuando se plantea que el 4 % extra de cotización previsto en la reforma al sistema de previsión social será administrado por un consejo público y no por las entidades privadas: “Es un atentado a la libertad gravísimo» ha señalado el presidente de gremio, Andrés Santa Cruz.
Paradójico, también, considerando que todos los trabajadores y trabajadoras (desde hace poco incluso los y las independientes bajo régimen de honorarios) estamos obligados por ley a entregar en promedio un 11 % de nuestro sueldo a dichas instituciones. No existe en este espacio libertad alguna, como hacer inversiones, el ahorro bancario o el libre uso en lo que más a uno le plazca.
Todos estamos de acuerdo en que la libertad es una aspiración fundamental. Sin embargo, está claro también que esta tiene ciertas limitantes y que en ciertos casos no puede estar supeditada solamente a los acuerdos entre las partes.
A ese quid apuntan las políticas públicas, que no son más que la sociedad tomando partido sobre temas fundamentales que no pueden dejarse al arbitrio de los jugadores en un campo de juego desigual como lo es particularmente el sistema social y económico chileno.
El problema de este debate es la conveniente incoherencia en el discurso que blande cierta elite empresarial, política, social, más preocupada por sus privilegios que por el bien común.
Una realidad que, a la postre, no ha cambiado mucho de lo que el diputado radical Suárez Mujica manifestara el 14 de junio de 1907 durante el debate legislativo de la Ley de Descanso Dominical: “Creo que este proyecto no responde a una necesidad realmente sentida en nuestro país. El ejercicio de la libertad individual es absoluta en esta materia, i cada cual puede hacer lo que le plazca (…). En Chile todos sabemos que los obreros trabajan como i cuando quieren, sin que los capitalistas se impongan jamás a los obreros; por el contrario son estos quienes dictan e imponen la lei a sus patrones (…). Además, a mi juicio, esta lei atenta contra la libertad del trabajo, puesto que impide entregarse a él a los que quieran hacerlo en ciertos y determinados días”.
Han pasado más de 100 años, pero esta frase podría bien haber sido expresada ayer por algunos de los dirigentes empresariales a los cuales tanta tribuna dan hoy los medios de comunicación.
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