Con todas estas variables e incertidumbres, ¿puede sostenerse que el proyecto Hidroaysén “goce de buena salud”? Sería tal vez más realista hablar de estado “agónico”, con serias posibilidades de morir por “falla multisistémica”.
A propósito de recientes declaraciones del Sr. Allamand, calificando en “estado de muerte” el proyecto Hidroaysén, han surgido voces de directivos del proyecto, como asimismo de autoridades de Gobierno y de organizaciones empresariales, criticando tales dichos y asegurando que el citado proyecto goza de “muy buena salud”. Al respecto, puedo sostener que si bien tal proyecto no está muerto, por lo menos se encuentra en estado agónico o, en términos médicos, “estable dentro de su gravedad”, calificación que sustento considerando las siguientes situaciones.
En el ámbito procedimental, Hidroaysén presentó recurso de reclamación ante el Comité de Ministros del SEA, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 23 de mayo de 2011, que aprobó dicho proyecto con 104 condiciones. Su reclamo apunta a que se eliminen lisa y llanamente 10 de tales condiciones y se modifiquen otras cuatro. Posteriormente, la misma empresa presentó otro reclamo para que se modificaran los plazos de cumplimiento de otras seis. Deben agregarse en este punto las reclamaciones que también presentaron grupos de ciudadanos afectados por el proyecto y organizaciones de defensa ambiental, que totalizan alrededor de mil reclamaciones. Sobre todas estas reclamaciones el Comité de Ministros aún no resuelve y no existe certeza sobre su plazo para ello. Dependiendo de lo que se resuelva en esa instancia, quedará abierta la posibilidad de recurrir vía acciones ante Tribunales (el Ambiental de Santiago por domicilio del SEA, aún pendiente de su constitución o el de Valdivia, por territorio, recién en concurso para designación de sus miembros, o la Corte de Apelaciones para tramitar acción de protección) para revertir la decisión del Comité de Ministros. ¿Cuánto tiempo demandará cualquiera de estas instancias?
Por último, algunas ONGs han anunciado o presentado querellas por las posibles irregularidades en la emisión de informes u otorgamiento de permisos ambientales por algunos servicios públicos con competencia ambiental.
En lo operativo, la puesta en marcha de las obras del proyecto estará supeditada a que la empresa cumpla la totalidad de las condiciones impuestas en la RCA, no sólo las no reclamadas sino las reclamadas, todo ello certificado de tal cumplimiento. ¿Quién certifica? ¿Habrá conocimiento público de la efectividad de tales cumplimientos?
Aún en el supuesto de que se superen estas incidencias, la empresa ha sido reiterativa en declarar que el inicio de obras de este proyecto está supeditado a la definición de una política energética (?) y a que se resuelva sobre la futura “carretera eléctrica”, lo que depende de un trámite legislativo. Con esta alternativa o sin ella, la empresa debería iniciar la tramitación vía Estudio de Impacto Ambiental para el tendido de transmisión de la energía desde Cochrane hasta Santiago, con todas las complejidades, tiempos de trámite y conflictos judiciales derivados de la imposición de servidumbres de paso (según futura ley o aplicando la antigua Ley de Servicios Eléctricos) por los aproximadamente mil quinientos predios.
Con todas estas variables e incertidumbres, ¿puede sostenerse que el proyecto Hidroaysén “goce de buena salud”? Sería tal vez más realista hablar de estado “agónico”, con serias posibilidades de morir por “falla multisistémica”.
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