Flujos ilícitos de fondos

A nivel mundial y desde hace algún tiempo, diversas organizaciones tanto públicas como privadas han levantado fuertemente la demanda de una mayor justicia fiscal en el contexto global, impulsando el perfeccionamiento del sistema tributario internacional que permita mejorar la recaudación de los países y el uso de sus recursos presupuestarios.

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¿Que espera el Estado de Chile para enfrentar de manera seria este preocupante tema? Porque este es un tema de largo plazo, de visión de país que supera a un Gobierno de turno. Ojalá en esto las autoridades políticas estén a la altura de las circunstancias.

Estos flujos terminan en los llamados paraísos fiscales, que son territorios que cumplen dos condiciones básicas: un sistema tributario con cargas impositivas muy bajas y un nivel de secreto bancario propicio para realizar actividades dudosas, generalmente relacionadas con el crimen o la competencia desleal. Estas condiciones son muy usadas por multinacionales que habitualmente tienen la posibilidad de “escoger” el lugar donde declaran sus utilidades, pasando por alto que lo esperable es que ello se cumpla en el país donde efectivamente se desarrolla la gestión de la compañía. Estos “paraísos” han variado mucho con el transcurso de los años y, para cambiar la imagen que de ellos tenemos, cabe destacar que en un estudio reciente, en el octavo lugar de la lista aparece nada menos que Alemania. Sorpresivo, ¿no?

Seguramente los administradores o dueños de las empresas que recurren a estas prácticas podrán justificarse ante si mismos o sus pares diciendo que se ven en la obligación de usar dichas “estrategias” de manera de asegurar una ventaja competitiva que les permita sostener márgenes razonables para competir en mercados globales. Pero ¿cual es el impacto de estos flujos que salen de los países en desarrollo, sin haber contribuido de manera adecuada con el sistema tributario en rigor? Cada peso que sale ilegalmente del país es un peso que no tributa, por lo que se reduce la recaudación fiscal. Ello, al margen de la facilitación del crimen organizado que se genera, el incentivo a la corrupción y la pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos.

El mecanismo más frecuente por el que estos flujos abandonan los países es la manipulación de los precios de transferencia entre empresas relacionadas. Por ejemplo, dos empresas que operan en distintos mercados llegan a un acuerdo de negocio, como un joint venture, cuya forma legal no estará oficializado en ninguno de los países de las partes, sino en un tercero, de preferencia un paraíso fiscal. La empresa A exporta un producto al intermediario o palo blanco y éste exporta a la empresa B ubicada en el país de destino. El precio al que la empresa A exporta al palo blanco es muy bajo, pudiendo incluso operar a pérdidas (recordemos La Disputada, que tras operar por décadas a pérdidas, fue comprada por AngloAmerican en una suma exorbitante), para luego exportar nuevamente el producto, esta vez a su valor de mercado o superior a comprador final, permitiendo que las utilidades queden en el país del “centro”, sujetas al regimen tributario correspondiente, es decir, ninguno, con un secreto bancario que permite a los dueños de la empresas disponer de fondos libres de toda trazabilidad.

Según expertos de la Red de Justicia Fiscal, los flujos financieros ilícitos que abandonan Chile habitualmente son cuantiosos. Alcanzarían al 50% del gasto público, superando incluso el presupuesto disponible para educación o salud. La Global Financial Integrity, en su informe del año 2014, indica que entre el año 2003 y el año 2012, más de 45 mil millones de dólares habrían abandonado Chile en estas circunstancias. Ocho, si, 8 reformas tributarias como la implementada por el actual Gobierno. Imaginemos que esos recursos hubiesen tributado en Chile, bajo los esquemas actuales. Quizás tendríamos educación pública gratuita u hospitales en cada localidad que los requiere.

Sin ir más lejos, según una nota de prensa del pasado 12 de noviembre en Teletrece Radio, la fiscalía estaría indagando en Aduanas los antecedentes de SQM y la forma en que sus exportaciones habrían llegado a su socia KOWA en Japón, dado el bajo nivel de precios observado en las transacciones relacionadas, muestra de que se trata de un problema concreto y actual.

Por ello llama la atención que las autoridades del Ministerio de Hacienda sigan desestimando la existencia de evasión tributaria vía Aduanas, teniendo en sus manos un informe respecto a posible evasión aduanera superior a US$400MM durante el año 2013 en un sector de las importaciones nacionales, considerando los flujos financieros ilícitos salidos de Chile e informados públicamente por organizaciones internacionales y, ante la caida del precio internacional del cobre, la urgente necesidad de aumentar la recaudación fiscal para financiar con recursos permanentes los mayores gastos permanentes del Estado, particularmente en programas sociales. Especialmente cuando el costo de la recaudación fiscal en Chile es uno de los más bajos de la OCDE: por cada $100 recaudados el Fisco gasta $0,6.

¿Que espera el Estado de Chile para enfrentar de manera seria este preocupante tema? Porque este es un tema de largo plazo, de visión de país que supera a un Gobierno de turno. Ojalá en esto las autoridades políticas estén a la altura de las circunstancias.