¿Existen los campesinos en el discurso y en el mercado?

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Hoy vemos que las políticas públicas para campesinos buscan precisamente generar encadenamientos entre estos actores. Lo que no se dice es que, con dineros de todos los chilenos, se busca además cubrir el riesgo tecnológico y financiero de la materia prima, lo que finalmente beneficia a las grandes empresas transformadoras que antes asumían esos costos con recursos propios.

Errado el diagnóstico
Con el gobierno de Sebastián Piñera, y el desempeño de los equipos ministeriales sectoriales, surge una legítima preocupación respecto de quienes son hoy sujetos de apoyo de las políticas públicas para el sector campesino.

Ha desaparecido el concepto de “lo campesino” de la estrategia, del discurso y de la política. Ser campesino para el gobierno actual es sinónimo de activismo político rural, pobreza y marginación. Se ha reemplazado el término campesino por el de “pequeño agricultor”, como construcción automática y minimizada del ideal de “agricultor grande y exitoso”. Con ello se ha querido borrar de un plumazo la historia de tantas generaciones de habitantes del campo chileno que han querido, aún contra la corriente, mantener vigente su acervo cultural y visión del mundo desde lo rural.

La lucha campesina hoy se hace invisible además por la visión cómoda que se tiene del sector como la de un grupo de pequeños agricultores de iniciativa individual, altamente competitivos para vender sus productos y para acceder a financiamiento. Imagen muy alejada de una comunidad rural que es rica y tremendamente diversa desde el punto de vista cultural, social y económico.

Este proceso deliberado de “descampesinización” parte de una visión parcial y sesgada de la realidad rural, que no es capaz de ver la multifuncionalidad de la actividad y minimiza su impacto sólo hacia lo económico-productivo.

Preocupa, desde este análisis, la ausencia de políticas públicas claras de desarrollo territorial y rural que busquen dar soluciones a los problemas históricos y emergentes de las comunidades campesinas. A esto se suma una gestión centralizada que deja poco espacio a la acción local de las autoridades regionales (elegidas y designadas), quienes han pasado a ser meros ejecutores de lineamientos impuestos desde el nivel central.

Asimismo, no es posible ver hoy incorporadas en la estrategia las nuevas realidades del mundo rural, y cómo éstas se conectan con el mundo urbano. No hay espacio para discutir realidades como la agricultura urbana y periurbana, agricultura agroecológica a gran escala, el fomento a las ferias libres como opción para la alimentación de las familias, fomento de canales de comercialización inclusivos como las ferias de productores, almacenes de barrio, tiendas de comercio justo, fomento decidido a las denominaciones de origen, entre otros.

Comercio in-justo
Hoy los canales de comercialización disponibles para los productos generados por campesinos son cada vez más escasos, concentrados y lejanos a su realidad productiva.

Los grandes volúmenes, y con ello los grandes negocios, están hoy en manos de la distribución organizada (supermercados y retail) que ahogan financieramente a sus proveedores más pequeños.Este modelo se ha consolidado profundizando las asimetrías entre quienes son los proveedores de alimentos (campesinos), la agroindustria transformadora y la distribución comercial.

Hoy vemos que las políticas públicas para campesinos buscan precisamente generar encadenamientos entre estos actores. Lo que no se dice es que, con dineros de todos los chilenos, se busca además cubrir el riesgo tecnológico y financiero de la materia prima, lo que finalmente beneficia a las grandes empresas transformadoras que antes asumían esos costos con recursos propios.

Si a este panorama sumamos los escandalosos niveles de concentración que presenta la industria, con no más de 2 grandes actores por sector, queda claro que este esquema de subsidios no sólo favorece a los más grandes, sino que también acrecienta su poder de mercado.

Ejemplos de ello son los subsidios para asistencia técnica que entrega hoy el INDAP a través de Alianzas Productivas a sociedades anónimas que simultáneamente son oligopsónicas y oligopólicas (empresas lecheras, mataderos, molinos, cadenas de hipermercados, etc.) y que gracias a este instrumento pagan a los campesinos materia prima a menores precios y en plazos que hacen inviable el negocio para el proveedor.

Esta asimetría evidente en la comercialización se replica también unos pasos antes dentro de la cadena productiva. Hoy los principales insumos de producción son caros, de difícil acceso y están concentrados en muy pocas manos. Los mercados de la genética vegetal y animal, agua de riego, tierras y capital presentan niveles impactantes de concentración, falta de transparencia en su disponibilidad y escandalosos grados de especulación. Muchos de estos recursos que antes eran considerados bienes públicos, hoy además han sido privatizados a espaldas de sus principales usuarios, los campesinos.

Errada la estrategia
Ante este panorama las actuales autoridades han demostrado improvisación y falta de visión de largo plazo. Hoy no existe una política pública de fomento productivo rural.

Las iniciativas actualmente en aplicación son la ejecución de un listado inconexo de medidas incluidas en el programa de campaña de la coalición gobernante, con escasa coherencia estratégica y claros intereses particulares de quienes las impulsaron.

Asimismo, quienes hoy llevan las riendas de los organismos públicos sectoriales presentan serios conflictos de interés, lo que les impide jugar el rol de garantes del bien común y los ubica en una posición privilegiada para la obtención de beneficios personales de corto plazo. Cómo se explica que quienes hoy dirigen las instituciones del agro tengan vínculos empresariales directos en los mercados del maíz, aves, cerdos, fruta, sistemas de riego, financiamiento agrícola y maquinaria, entre otros.

Aún cuando no exista un interés flagrante del funcionario en cometer ilícitos, cada decisión que toma como autoridad sectorial tiene impacto económico en los rubros donde tiene un claro interés de lucro.

El desafío
Frente a este difícil panorama se requieren organizaciones campesinas fuertes, con visión de largo plazo, ágiles en la toma de decisiones, autónomas y representativas de la multiactividad del sector. No basta con querer estar presentes opinando en las mesas de “participación” del gobierno y así optar a financiamiento estatal.

La experiencia actual de los movimientos sociales que van más allá de las estructuras políticas partidistas y el alto impacto generado por una población activa y movilizada debe inspirar la generación de iniciativas de presión y propuesta para instalar el tema campesino en la agenda pública.

La institucionalidad agrícola debe además aggionarse a la luz de estos desafíos, ofrecer una plataforma de herramientas de fomento ágiles, flexibles y adaptadas a la diversidad productiva, social y cultural de los distintos territorios de la producción agroalimentaria nacional.