El estado de inconsciencia neoliberal: De necesidades y necedades

Los ejemplos extremos sirven para explicar fenómenos complejos, eso está claro. Para develar lo que se esconde en la maraña de matices que no dejan percibir los colores primarios que en distintas combinaciones y graduaciones mueven a una sociedad y sus individuos. Y aunque tal procedimiento puede ser simplificante, caricaturizante incluso, en ocasiones es necesario para dar cuenta de ciertos énfasis, ciertos barajes que hacen la diferencia entre uno y otro paradigma.

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El problema son los énfasis. Y los actuales, los que rigen mayoritariamente en Chile, están enfocados a la privatización de aspectos fundamentales para vivir en dignidad: salud, vivienda, educación, previsión, alimentos básicos, energía, agua.

En el extremo de la misma madeja está la forma de ganarse la vida, sea esto como asalariado o independiente. En este ámbito la premisa es similar: “Si lo que hago en mi trabajo o empresa está dentro de la legalidad, nadie podría meterse en mi actividad”.

Llegado a este escalón, la discusión se torna compleja. Más aún cuando al parecer cualquier contrapunto que se realice a los afirmaciones anteriores lo trocará a uno en izquierdista extremo, adlátere del Estado totalitario, enemigo de la libertad, holgazán entrometido que no deja vivir al resto su propia vida.

Pero en el ejercicio constante, han aparecido los efectos esclarecedores de la extremación.

Para el primer caso, un buen campo de discusión es el fundamental área de la salud. “Si uno hace con su plata lo que quiere, ¿es legítimo entonces que en un pueblo determinado una persona con mucho dinero acapare todo el stock de penicilinas?”. La respuesta obvia es no, por muy legal que esto pueda incluso ser.  Y así la contaminante, gigante y gastadora camioneta cuatro por cuatro a usarse solo en la ciudad, viviendo ya los efectos del cambio climático, no es motivo para la horca pero sí al menos para una íntima cavilación.

Para el segundo, se puede recurrir al terreno de las personales convicciones morales. Ocurrió con un empresario de la construcción en Puerto Varas, quien defendía ante su esposa –preocupada por la densificación arrasadora de la ciudad- el derecho a levantar, por mandato de terceros inversionistas, múltiples edificios, de todo tipo y características.   Que él desarrollaba las obras que le pedían, con todo en regla, sin cuestionar sus efectos posteriores o previas motivaciones. Considerando su perfil católico, la consulta fue: “¿Entonces si se aprobara el aborto libre en Chile, tú construirías clínicas abortivas si te contrataran?”. No se requirió respuesta, el consecuente silencio dejó en claro que, a pesar de no haberlo reflexionado, las decisiones económicas en tanto actos humanos no pueden solo basarse en los dividendos monetarios.

Uno de los argumentos al que se recurre para deslegitimar el llamado a la desmercantilización es que es imposible vivir sin dinero. ¿Alguien ha planteado hoy esta posibilidad? ¿De fundir todas las monedas, quemar todos los billetes, de eliminar completamente el mercado? Quizás algunos sí, pero no es el caso de quienes entienden la sociedad en su multidimensionalidad. En la cual deben convivir tanto lo colectivo con lo individual, lo no lucrativo con la rentabilidad, lo local con lo global, el mandato con la conducción, la democracia representativa con la directa y la participativa.

El problema son los énfasis. Y los actuales, los que rigen mayoritariamente en Chile, están enfocados a la privatización de aspectos fundamentales para vivir en dignidad: salud, vivienda, educación, previsión, alimentos básicos, energía, agua. Un sistema exclusivamente pro mercado en el cual algunos, aprovechando las carencias de los otros, hacen muy buenos negocios y acumulan riqueza.

Los debates públicos aportan a ir definiendo los mínimos y máximos de nuestra sociedad, donde habrá actividades muy legales (sustentadas muchas veces en leyes que financian directa e indirectamente sus principales accionistas) pero que no por ello debemos aceptar porque sí, con todos sus impactos. Se me vienen a la cabeza la salmonicultura que convirtió el mar en un basurero, la minería cuyos pasivos ambientales y sociales aún vemos junto a sus relaves, el sector forestal que ahogó con su marea verde pueblos ancestrales.

Porque no todas las actividades son compatibles, pueden ser reguladas por el mercado o sujetas a evaluaciones ambientales. Caso emblemático es el del asbesto.

En septiembre de 2000 el gobierno de Ricardo Lagos emitió un decreto, firmado por Michelle Bachelet como ministra de Salud, que puso en la ilegalidad “la producción, importación, distribución, venta y uso de crocidolita (asbesto azul) y de cualquier material o producto que lo contenga”.

La decisión del Estado de Chile se sustentó en que este es “un mineral reconocidamente dañino para la salud, cuando es inhalado al encontrarse en el aire en forma de fibras de asbesto libre, pudiendo causar graves enfermedades, tales como asbestosis, cáncer primario del pulmón o mesoteliomas. Enfermedades todas de alta letalidad”.

Aunque este producto era barato para construir, movía la economía y el crecimiento, la decisión fue prohibirlo. Nada de subirle los impuestos para que el mercado operara o someterle a rigurosos impactos ambientales en su aplicación. La decisión fue no, el asbesto no. Por mucho que ayudara a la economía.

Efectivamente, suena coherente decir que nadie puede meterse en tus bolsillos: opinar sobre cómo te ganas la vida y en qué gastas tu dinero. Sin embargo aquello vale para la persona en su única dimensión individual y no para aquella que vive en comunidad. Porque tal es una tensión clásica de la humanidad que nunca se resolverá. Pero eso no es motivo alguno para obviar la discusión y no buscar que otras variables, no necesariamente económicas, sean incorporadas a la ecuación de las decisiones que adoptamos.