La discusión del ingreso ético no se ha desarrollado con la exposición pública necesaria, pues ya se han creado comisiones gubernamentales que lo han abordado como un eje de política pública. El debate ha sido minimizado, evitando contraponer visiones que buscan instalar cambios de índole más estructural en la conformación de los ingresos familiares, frente a otras que lo ven más bien como un ordenador de instrumentos en el ámbito de políticas asistencialistas.
En sus inicios, el planteamiento era más bien el de un salario ético que permitiera a las familias que mantuvieran al menos un jefe de hogar ocupado, contar con un ingreso familiar acorde con el umbral especificado como la frontera de pobreza. En esta aproximación, la propuesta se vincula de manera más estructural al funcionamiento del mercado laboral.
Si se considera la configuración socioeconómica de los hogares del 20% más pobre del país, es indudable que en este grupo está el problema más agudo de superación de la línea de pobreza. Existe un fuerte problema de empleabilidad que se manifiesta en un indicador tan simple como la densidad de ocupados por hogar que es de 0,8, mientras que en los restantes quintiles es mayor a 1. Así, el enfoque de salario ético apunta a resolver las bajas remuneraciones que se pagan en el mercado laboral como una forma de asegurar una condición de no pobre a los hogares del quintil más pobre, congruente con su real capacidad de inserción en el mercado laboral.
En esta perspectiva, el salario ético tendría su principal herramienta en la determinación de un salario mínimo congruente con proveer ingreso familiar suficiente para superar la línea de pobreza, que complementado con un seguro de desempleo, permitiría subsanar el problema de ingresos durante los meses de cesantía. Frente a una situación de relaciones laborales con elevado grado de informalidad, tanto salario mínimo como seguro de desempleo no son accesible para la mayor parte de los trabajadores del segmento más pobre.
Un enfoque complementario, que reconoce las debilidades de los hogares en su relación con el mercado laboral, complementa el enfoque de salario ético con uno de ingreso ético. La idea es relativamente simple y concreta: proveer recursos complementarios por la vía asistencial a los hogares más pobres a lo que perciben como trabajadores asalariados o como cuenta propia. En esta aproximación, el concepto de complementariedad de los ingresos provenientes de la inserción laboral es importante para evitar la creación de dependencia creciente de transferencias fiscales. En este tipo de enfoque es necesario crear un sistema de monitoreo que tenga presente dos elementos gravitantes: definir con claridad cuál es el ingreso familiar explicado por el salario percibido o por la actividad desarrollada, y los requerimientos reales para que el hogar supere el umbral de pobreza.
Es necesario definir entonces cuál es el umbral. En su planteamiento inicial, el salario ético estableció una propuesta de 250.000 pesos por hogar que coincidía con la línea de pobreza que se desprendía de la CASEN con 48.000 pesos per cápita para el segmento más pobre. Luego, la evolución de la inflación que encareció principalmente la canasta básica de alimentos, elevó el requerimiento a 320.000 pesos por hogar, y de acuerdo a lo que ha acontecido con los precios de alimentos básicos, hoy debe situarse seguramente cerca de los 340.000 pesos. Sin embargo, estas mediciones de umbrales se basan en un método indirecto en el que existe una canasta alimenticia mínima para evitar la indigencia, y en función de ella se determina la línea de pobreza, aplicando el factor de 2,2 para hogares urbanos.
El umbral debiera responder a una canasta de pobreza que sea abordada con un método de establecer niveles mínimos de satisfacción de necesidades de aplicación directa. Luego, el ejercicio de valorización de dicha canasta sería el determinante del ingreso ético familiar, y se condicionaría entonces los montos y modalidades de transferencia hacia los hogares más pobres. Probablemente, los resultados sean más eficaces si parte de las transferencias son condicionadas a cumplir determinados requisitos, como asistencia de hijos al colegio, controles médicos y pediátricos en el consultorio que corresponda, participación en talleres de capacitación u otras.
En síntesis, el ingreso ético no puede estar disociado del salario mínimo, y se requiere de una política pública que se base en instrumental específico diseñado para un programa de ingreso ético. Este programa debe velar por mantener actualizada la canasta de bienes y servicios necesarios para superar el umbral de pobreza, así como su adecuada valorización, por un lado, y por otro, definir el conjunto de instrumentos a través de los cuales los hogares accederán a los ingresos complementarios mediante sistemas de transferencias condicionadas.
No se puede caer en un enfoque simplista de establecer un monto de referencia, sin el adecuado sustento y validación social, para evitar el sesgo que privilegia el menor impacto fiscal como eje conductor de la aplicación de la política social.
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Foto: Juan Nosé / Licencia CC
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