Escuchar que “nada en la vida es gratis” fue tan efectivo en la resolución del conflicto estudiantil (conflicto desde el punto de vista de la autoridad, lucha desde la mirada estudiantil) como que usted fuera a un asado y echara parafina a la carne, sal a la bebida y azúcar a la cerveza. Aumentó tanto la brecha entre las posturas que dejó en evidencia una típica acción que es exclusiva de este gobierno: mientras vendemos la mano blanda y amiga del diálogo y la conversación transparente, con la otra escondemos la letra chica y sacamos a todo el piquete policial el día de la protesta. O, como diría Portales, “palo y bizcochuelo”.
Saco a colación esta frase pues se enmarcó en una más grande todavía, esa que plantea que no se puede jugar a la lógica del “todo o nada”. Aunque no nos guste, suene derrotista y simplemente no quepa en la lógica del movimiento actual tiene algo de sentido. Si lo miramos desde la inmediatez es imposible puesto que un proyecto tan ambicioso no se puede resolver de aquí al próximo año. Mal para el gobierno que propuso hace un tiempo una agenda que trataría puntos de aquí a cuatro semanas.
El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 – 2000) nos demostró que una reforma educacional no puede hacerse dentro de un período de gobierno sin quedar con falencias estructurales. Además de ser recomendada por el Banco Mundial, fue consolidada por los gobiernos posteriores solucionando algunas deficiencias accesorias a pesar de sus logros visibles, pero que dejó también otros males que ya han sido mencionados en múltiples otros sitios en la red y libros especializados.
Una reforma educacional que tenga como bases la gratuidad en su financiamiento, integración y heterogeneidad, aumento del aporte financiero a las instituciones de educación superior, triestamentalidad y la interculturalidad debe consensuarse necesariamente. Pero sin extrapolarse al “modelo Corea” (25 años), debemos generar agendas de trabajo con todos los actores.
Debemos partir de la consideración de que esta no es una lucha del gobierno con una fuerza: son múltiples actores que se encausan en una voz pero que representan a distintos sectores. En cuatro semanas, como se pretendía originalmente, no se resuelve nada.
Por ello sería bueno retomar la idea original en una especie de “agenda de transición” en la que, teniendo plazos de referencia flexibles, exista una para cada sector que está poniendo sus demandas sobre la mesa. Porque si centralizamos la discusión estamos reaccionando con las viejas soluciones ante las nuevas necesidades. No es lo mismo hablar con el gremio de los profesores que con los estudiantes secundarios que hablar de interculturalidad. Se relacionan y dependen, pero no son lo mismo.
Es necesario jerarquizar necesidades y establecer una agenda de trabajo pero evitando los errores de 2006, porque la confianza excesiva en las instituciones nos tiene en esta situación. Si somos capaces de establecer una especie de “contrato” en el que se establezcan plazos, metas y sanciones por el no cumplimiento desde una y otra parte podremos apostar y creer en el buen trabajo de todos los involucrados.
Si pensamos esta situación como una política pública con base en la pedagogía (o si quiere “pedagogía aplicada al poder”) sería como establecer un “contrato pedagógico”, es decir, el establecimiento de un acuerdo consensuado que no sólo establezca las reglas básicas de cómo vamos a aprender sino que las sanciones si incumplimos. Ahí radica el compromiso del gobierno con cumplir sus acuerdos y subir de paso su alicaída popularidad y del movimiento estudiantil por persistir en el logro de sus demandas.
Si quiere ir al extremo: así como el gobierno amenaza con que perdamos el año si ni volvemos a clases nosotros podemos amenazar con revivir las movilizaciones que lo pusieron en jaque. Porque como dijo Benito Baranda, estamos “invirtiendo el año”. Si es por conseguir una educación pública, gratuita y de calidad para que se eduquen mis hijos no sólo yo, sino que miles, estamos dispuestos a invertir muchos más.
Porque no es una utopía pedir educación gratuita y de calidad se puede establecer en un máximo de dos años para las reformas de base y aprobación de proyectos de ley. Y se matan dos pájaros de un tiro: los estudiantes del mañana se educarán en un sistema justo por el que se movilizaron millones y el Presidente Piñera pasa a los anales de la historia con letras doradas porque en su gestión se consiguió esta meta (porque hay que darle en el orgullo, porque así ha demostrado que se mueve por la vida).
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Foto: Cati Kaoe / Licencia CC
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