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Compras públicas: de la meritocracia al «Business Class»

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Si la FIFA decidiera que por la Copa del Mundo compitan sólo aquellas selecciones que han sido campeonas mundiales, Chile -así como muchos otros países- jamás podría haber soñado con dicho trofeo y España nunca habría levantado la copa en Sudáfrica. Precisamente, con la lógica de esta alegoría la Dirección de Compras Públicas (DCCP) preparó las bases de licitación que norma el Convenio Marco (CM) sobre campañas comunicacionales y servicios de asesoría creativa (2239-7-LP10).

Una de las virtudes más valoradas del antiguo Chilecompra, actual Mercadopublico.cl, era precisamente que cualquier persona (natural o jurídica) capaz de estructurar una oferta técnica y con experiencia comprobada en un área determinada, sin importar la envergadura de facturación, podía participar en cualquier licitación estatal compitiendo de igual a igual, incluso, con la más grande y reputada empresa de nuestro país. Con la actual licitación de CM se atenta precisamente contra esta virtud. ¿Por qué? Porque las bases que regulan dicha licitación atentan contra la libre competencia, tan simple como eso.

Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que el día de mañana el Transantiago llama a licitación para proveer el cargo de conductor de buses. El requisito de entrada para participar es tener una impecable hoja de vida del conductor más la licencia de conducir respectiva. Sin embargo, al momento de evaluar las presentaciones, la comisión respectiva establece como ítem relevante que quienes sean propietarios de micros tendrán el cien por ciento del puntaje y quienes no lo sean, cero puntos.  Precisamente, con este mismo criterio e igual lógica, la DCCP valora la creatividad, ya que en esta licitación parte de la base que la creatividad es patrimonio de los más grandes, cuando dicha virtud bien sabemos no reconoce segmentación social.
 
En el CM recientemente adjudicado a cinco respetadas empresas publicitarias de la plaza, la DCCP estructuró las bases de licitación de tal manera que la pauta de evaluación impedía a las pymes participar, poniendo barreras de entradas que sólo podían cumplir las grandes empresas que operan en nuestro país, como, por ejemplo, pertenecer a los primeros lugares del ranking de inversión publicitaria durante los últimos tres años o haber obtenido premios a los cuales sólo pueden acceder las agencias que pertenecen a la Achap. Dicho de manera simple, en las bases no se evalúa creatividad ni eficiencia, sólo nivel de facturación y estatus, situación equivalente a la discriminación laboral que muchos profesionales jóvenes de nuestro país sufren al no poder acceder a cargos directivos por el simple hecho de no pertenecer al segmento ABC1 de la población económicamente activa.
 
Actualmente, Chilecompra cuenta con alrededor de 300 mil inscritos, de los cuales un tercio son oferentes activos, es decir, que alguna vez han participado en una licitación pública.  Dentro de este contexto, el presente CM establece un “antes y un después”.  Este juicio se funda en el hecho que Chilecompra continúa siendo un espacio de negocios donde prima la meritocracia sin importar el estatus de la empresa, o bien se transforma en una plataforma de negocios donde sólo podrán competir las grandes empresas. De ocurrir lo último, lo más probable es que se genere un desincentivo generalizado en los pequeños proveedores, la consecuente disminución de oferentes (pymes) y un esperable aumento de precios en los servicios, que al final del día pagamos todos lo chilenos.
 
Al respecto, el cómo ha operado la DCCP en esta ocasión es extraño. Está llamada a ser la instancia que brinde asesoría y apoyo técnico en el momento que un organismo público plantee bases de licitación como las de este CM, que atenta con la libre competencia del mercado en la provisión de servicios al Estado, pero no ha sido así.  Dentro de este contexto, es preocupante que ningún parlamentario haya opinado al respecto, sobre todo cuando procesos como éstos son los que afectan de manera directa los intereses de las pymes y que en época de campaña está en boca de todos.
 
Claramente, la Ley que norma las Compras Públicas en nuestro país necesita cambios. Los parlamentarios debieran hacerse eco de esta reivindicación y promover un debate nacional acerca de cómo debiera normarse las adquisiciones públicas. A propósito de este CM, una de las modificaciones urgentes es promover la descentralización de las compras públicas, la actual normativa permite que solamente la DCCP licite CM, cuando ésta debiera ser una función no excluyente de los Gobiernos Regionales e incluso Ministerios.
 
Por último, a la plataforma digital de MercadoPublico.cl, la forma de licitar y evaluar, urge modernizarla.  Con el actual sistema no se incentiva la libre competencia y se restringe la participación.  Actualmente, un proceso de licitación con una participación promedio de 5 oferentes tarda alrededor de 40 días. Imagínense lo que tardaría el mismo proceso con veinte o más oferentes. 
 
El llamado es a hacernos cargo de este tema, informarnos y opinar. Comprar con plata ajena y no preocuparse del precio no es lo mismo que comprar y mal utilizar el dinero propio.
 
(*) Miguel Caniuqueo es Director Ejecutivo de Mercado Transparente
 
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