Comisión Presidencial de Energía: Conclusiones con dados cargados

Luego de carecer durante tres décadas de planificación pública en materia de energía, Chile terminó la semana pasada con dos informes que nos plantean hacia dónde caminar en pos de energía limpia, económica y segura. Uno de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), el otro de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) de Energía.

Fueron las protestas nacionales por la aprobación de HidroAysén las que motivaron a Sebastián Piñera a anunciar el 21 de mayo la definición de una carretera pública para el trazado de grandes proyectos eléctricos. Para ello convocó la CADE, conformada sólo por técnicos, la mayoría pro mercado, pro mega hidroelectricidad y pro nuclear, además de consultores de las propias empresas responsables del escenario actual. Y para que no fuera vista como un traje a la medida de Endesa y Colbún, le dio la tarea de proponer cambios globales al actual sistema eléctrico.

Pero la gente ya no acepta verdades reveladas por quienes, más allá del bien y el mal, deciden qué es bueno y malo para sus conciudadanos. Conciudadanos que se verán beneficiados o perjudicados por las decisiones que se adopten a la luz de sus recomendaciones.  Más aún en un tema estratégico, como el de la energía; por las tarifas o por los impactos sociales, ambientales, económicos de los proyectos impulsados. No se olvida que fueron los “expertos” quienes permitieron el menoscabo del patrimonio fiscal al traspasar a privados múltiples empresas públicas, asesores que, casualmente, luego de dar tan sabios consejos, terminaron trabajando en (y en algunos vergonzosos casos apropiándose de) tales compañías, que antes eran de todos los chilenos.

Para evitar que fuera sólo el vendedor de carne quien decidiera la dieta de los chilenos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades regionales, parlamentarios, académicos y expertos, conformamos la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) para hacer propuestas desde una mirada más amplia.

Revisando ambos resultados, está claro que estamos hablando de mundos distintos.  El énfasis esencial de la CADE es el mercado y la competitividad económica; las ERNC sólo son medidas por su costo monetario, sin profundizar en sus beneficios sociales y ambientales, y donde la participación de la ciudadanía en el debate sería “una traba” a las inversiones, proponiendo incluso mecanismos para aplacar la oposición, mapeando lugares para termoeléctricas y dando carácter de interés público a concesiones privadas de transmisión.

Al contrario, bajo el título “Chile necesita una gran reforma energética”, la CCTP se sustenta en la política pública de interés general y no sólo de quienes controlan el negocio. Pone énfasis en las ERNC (20% al 2020), la eficiencia y ahorro energético (15 % de reducción de la demanda al 2020), y la generación distribuida y el net metering. Materias que brillan por su poca profundización en el planteamiento de la CADE, lo que es coherente con la disminución en un 13 % de los fondos para la Agencia de Eficiencia Energética y en un 26 % para el Programa de ERNC, propuesto por el gobierno en la discusión presupuestaria.

En la CCTP Aysén también estuvo presente, no como plato a servir, sino como comunidad con derecho a proponer su matriz.  El documento “Una matriz energética sustentable para la Patagonia” incluyó la necesidad de generar estudios que orienten al sector público y privado sobre potencialidades y costos de las distintas fuentes energéticas en Aysén como minihidros, eólicas, mareomotriz y solar, y en especial incorporar a la leña como combustible formal, sujeto a una correcta gestión, además de subsidios a la producción y demanda, mientras se avanza en los planes de recambio de calefactores y cocinas, en una norma especial para Aysén con respecto al aislamiento de construcciones nuevas y un subsidio para mejorarlo en las actuales, junto con incorporar el eficiente uso de la leña en los planes y programas escolares.

Esta discusión no es sólo técnica.  Es política, de la que propone opciones de país. Seguir con una en la cual las grandes decisiones las toma el mercado o una donde las tomamos los ciudadanos. El resultado de la primera tiene claros ejemplos: la colusión de las farmacias, el caso La Polar, familias que no pueden pagar educación de calidad para sus hijos (en básica, media y qué decir universitaria), chilenos y chilenas que mueren día a día por no poder solventar una enfermedad grave, comunidades diezmadas ante el avasallador avance de empresas contaminantes. ¿Es eso lo que queremos seguir reproduciendo, lo que queremos legar a nuestros hijos? En el fondo, la CADE propone más de lo mismo, ofrece cambios cosméticos donde hay que aplicar cirugía mayor.

Porque vayamos al fondo. ¿Para quién es esta energía? Para los grandes proyectos mineros que se pretenden materializar en el SIC durante los próximos 10 a 15 años.  No es para la tía que vive en Talca ni para el amigo que reside en Puerto Montt. Ya lo dijo Endesa en 2005 “con la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros, la tasa de crecimiento de la demanda en el período 2008-2017 se sitúa en torno al 6.8%”.  Esto no tendría nada de malo si no fuera porque la minería, principalmente privada y trasnacional, es el sector económico con más utilidades del país. ¿Y cuál le sigue? El de la energía.

Entonces, cuando se habla de energía, sería bueno que los gigantes, que están teniendo bochornosas utilidades con recursos naturales de todos y a costa de los chilenos, bajen en algo sus ganancias e inviertan en las tecnologías que el país merece y necesita.

Lo más probable es que si la CADE hubiera estado integrada también por quienes sufrirían los efectos de sus consejos, habría llegado a conclusiones más cercanas a las de la CCTP.

Pero no, el Presidente no quería correr riesgos y prefirió armar una comisión ad hoc. En chileno, se puso a jugar al cacho con los dados cargados.