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Brotes verdes y derecho de propiedad

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El bajo crecimiento del Imacec de abril de sólo 1,7% sorprendió negativamente al mercado y avizora que la recuperación económica demorará más de lo esperado, como lo confirma la reducción de la proyección de crecimiento para este año del Banco Central a 2,25%-3,25%; y la corrección a la baja de la del próximo año del Banco Mundial, de 3,8% en enero a 3,3% en junio.


A los “brotes verdes” que empezaban a germinar optimistamente hace algunos meses les cayó la helada empresarial, porque a su ya clásico reclamo por las reformas tributaria y laboral, los privados sumaron ahora sus aprensiones por la constitucional que comenzará en septiembre con un proceso constituyente que será institucional, participativo y democrático.

La ocurrencia de los aluviones en el norte no alcanzaría a explicar este magro crecimiento ni tampoco lo haría el debilitamiento del precio de los commodities en el mercado global, cuestión que se arrastra desde hace un tiempo. Más bien, la baja en la inversión privada podría encontrar una parte de su explicación en la molestia empresarial por los cambios que el Ejecutivo espera impulsar de acuerdo al programa de gobierno.

A los “brotes verdes” que empezaban a germinar optimistamente hace algunos meses les cayó la helada empresarial, porque a su ya clásico reclamo por las reformas tributaria y laboral, los privados sumaron ahora sus aprensiones por la constitucional que comenzará en septiembre con un proceso constituyente que será institucional, participativo y democrático.

A los empresarios les preocupa que una Nueva Constitución subordine el derecho de propiedad que la Carta Fundamental del 80 tan bien ha resguardado durante los 25 años de democracia, incluso por encima de derechos fundamentales. El constitucionalista José Luis Cea ha señalado que el objetivo de “los ideólogos de la Nueva Constitución” de desmontar los contrapoderes mayoritarios o poderes de veto, posibilitaría que el derecho de propiedad quedara entregado al arbitrio de una ley promulgada por una mayoría.

Reaccionando rápidamente a la intranquilidad empresarial, los ministros de Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda, Rodrigo Vergara, trataron de calmar los nerviosos ánimos en el desayuno de Icare titulado “Lo político y lo económico en perspectiva”, haciendo casi una alegoría a la propiedad privada.

Si recién llegado al gobierno, Burgos se mostró reacio a una Asamblea Constituyente, en el foro empresarial quiso dar una señal de tranquilidad atribuyéndose – erróneamente- la representación de la opinión ciudadana al afirmar que “tengo la certeza que el pueblo chileno convocado a deliberar no desperdiciará los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada, así como defenderá nuestro régimen de libertades”. Mientras, Valdés señaló que “no concibo una economía moderna de mercado sin derechos de propiedad”, lo que le valió el respaldo empresarial en el encuentro.

El constitucionalismo conservador, el empresariado y –al parecer- el sector moderado de la Nueva Mayoría temen al elemento base de toda democracia moderna: las mayorías. Temerosos de la participación ciudadana, olvidan que el origen de la soberanía popular radica en el pueblo y que es éste el que la delega en sus representantes; y que la opinión de los menos no puede seguir imponiéndose sobre la de los más.

Algunos parecen demasiado cómodos con los candados que dan protección constitucional a las minorías: con el binominal, que favorecía a los que recibían menos votos, si la otra lista no alcanzaba a doblar la votación; con un Tribunal Constitucional que permite el control previo de las leyes con su lógica preventiva; con altísimo quórums calificados que en la práctica impiden cambiar leyes orgánicas constitucionales.

Demasiado satisfechos con la mantención, aunque con matices, de los pilares en que descansa el modelo económico neoliberal, escrito a sangre y fuego con las reformas de los 80. Con que la extracción de los recursos naturales no pague royalty y si lo hace, como en la minería, éste sea muy bajo; o con que el agua no sea un bien nacional de uso público, y que hoy sus derechos estén concentrados en pocas manos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Además del derecho de propiedad, otra preocupación del constitucionalista José Luis Cea es que la Nueva Constitución pretenda pasar de un Estado subsidiario a un Estado Social y que los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) puedan ser exigibles al Estado.

El mismo Estado de Chile que ya en 1972 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), comprometiéndose con ello a garantizar el ejercicio de los DESC sin discriminación y que recientemente rindió examen en Ginebra sobre la aplicación de dicho tratado en nuestro país.

Uno de los temas abordados por el Comité DESC de la ONU fue la necesidad de contar con una institucionalidad derivada de una Nueva Constitución que garantice estos derechos a lo largo del tiempo. Concretamente, el Comité DESC consultó a la delegación chilena cómo se asegurará la preeminencia de los derechos humanos en la Nueva Constitución.

La progresividad de las normas sobre derechos humanos, para una mayor extensión y protección de éstos, hacen aspirable que una Nueva Constitución incorpore nuevos DESC que deben ser protegidos, de acuerdo al desarrollo de las sociedades y la profundización democrática que nuestro país necesita.

En definitiva, los empresarios no pueden quedar ausentes del debate constitucional que Chile exige, más que resguardando el derecho de propiedad, agregándole la función social que éste requiere para aportar a la construcción de un país más equitativo, donde aumente la confianza y, por ende, los brotes verdes del crecimiento económico germinen con mayor fuerza.-

Publicado originalmente en Cooperativa

TAGS: Crecimiento Economía

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