Si algo debieron aprender las autoridades de gobierno y los empresarios tras las múltiples movilizaciones a lo largo del país en contra de proyectos de alto impacto ambiental y social es la necesidad de actuar con legitimidad ciudadana. Aysén, Freirina, Punta Arenas, Punta de Choros, Huasco Alto y tantas otras comunidades que se han alzado contra la imposición han dado muestras de que algo está cambiando. Que la participación ciudadana ya no puede ser vista solo como tickets en una lista de asistencia sino incluir nuevos procesos, nuevas formas para incorporar –no solo conocer- la visión de quienes son afectados por las decisiones que toman tanto el Estado como el sector privado.
Las resoluciones que pueda adoptar esa institución conocida como Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) que define, como bien señala su nombre, la utilización que se da a esas ricas y biodiversas áreas son un ejemplo de esta necesidad. Cultivos acuícolas, conservación ambiental, turismo, pesquería y extracción bentónica, navegación, instalaciones portuarias y territorios indígenas son algunas de las destinaciones que puede entregar dicho cuerpo colegiado. En muchas ocasiones compatibles. Pero en muchas otras, excluyentes.No es posible que porque muchos habitantes de Aysén no vemos lo que ocurre en el fondo del mar no nos importe. Acá no corre el dicho ojos que no ven corazón que no siente. Porque aunque cerremos la vista el desastre sigue su camino. Un desastre natural y humano.
La comisión, que preside el intendente (en nuestro caso, intendenta), está integrada en Aysén también por una mayoría de actores del sector público como gobernadores, secretarios regionales ministeriales, directores regionales, junto a algunos representantes de los territorios, del sector privado y de la sociedad civil: alcaldes, consejeros regionales, pesca industrial y artesanal, acuicultura, turismo, comunidades indígenas y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).
Aunque son varios los que están, no son todos los que son. Porque si hay algo que Chile posee es precisamente borde costero. Somos uno de los países con mayor litoral del mundo, el que incluye no solo su territorio continental sino el de sus miles de pequeñas islas e islotes desperdigados en sus múltiples archipiélagos. Así lo entendió en algún momento la salmonicultura y ya vemos lo que hizo con dicha crucial información.
Es por ello que las definiciones sobre el destino que daremos a ese extenso espacio donde el mar se adentra en la tierra o, si se quiere, la tierra se hunde en el mar, deben contar con importantes grados de legitimidad social. Y eso incluye contemplar los mejores instrumentos de participación, pero también de transparencia en lo que se decide.
Con motivo de la discusión de la recalificación de diversas áreas en la región para convertirlas en aptas para la acuicultura, quienes vivimos en Aysén nos hemos informado sobre determinaciones que podrían adoptarse sin el mayor conocimiento de quienes habitamos este territorio. Y eso preocupa.
Lo anterior es más pertinente aún considerando los pasivos sociales y ambientales que a su paso ha ido generando la industria del salmón. Basta revisar las imágenes de la basura e instalaciones fantasma, sin considerar toneladas de desechos depositados en el fondo marino, que ha dejado como vergonzoso legado de sus procedimientos industriales. Tal nivel de impacto socioambiental hace necesario que cualquier decisión relativa a una arremetida salmonera en lo que queda de limpio litoral aysenino se realice con la mayor participación ciudadana y conocimiento técnico. Algo que, en este caso, lamentablemente no ha ocurrido. La propia Subsecretaría de Pesca ha reconocido que no cuentan con estudios de capacidad de carga para las zonas donde pretenden relocalizar concesiones acuícolas.
No es posible que porque muchos habitantes de Aysén no vemos lo que ocurre en el fondo del mar no nos importe. Acá no corre el dicho ojos que no ven corazón que no siente. Porque aunque cerremos la vista el desastre sigue su camino. Un desastre natural y humano.
Porque ese mar que tranquilo nos baña no pertenece solo a algunos. Es un patrimonio que debemos cautelar tanto para las generaciones actuales como futuras, de chilenos y chilenas y también de especies cada día mayormente amenazadas –y exterminadas- por la irresponsable acción humana. Ética de la vida se llama a aquello.
El mar, tampoco, debe ser solo un espacio para sacarlo a colación cuando de insuflar ánimos patrioteros en contra de países vecinos se trata. También debe ser motivo para cuidarlo como el tesoro que efectivamente es.
La discusión del CRUBC sobre las nuevas áreas aptas para la acuicultura que se comenzará a dar este jueves 11 de junio en Coyhaique será una oportunidad para hacer las cosas correctamente.
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