Un grupo de personeros vinculados al actual modelo educativo han entregado una declaración pública destinada a reeditar los principios del actual sistema profundamente cuestionado por el movimiento estudiantil y ampliamente apoyado por la mayoría ciudadana. Entre estos personeros se encuentran ex ministros de la Concertación y militantes de la coalición de Gobierno.
Llama la atención la oportunidad de la declaración. Tiene que ver, naturalmente, con el debate presupuestario. Es, sin embargo, innegable que estos personeros saltan a la palestra aprovechando el relativo debilitamiento del movimiento estudiantil producto del largo conflicto y de la campaña de desprestigio que, contra ellos, desarrollaron sistemáticamente el gobierno, los medios de prensa y los propios personeros que aparecen firmando la carta.
La declaración sintetiza los postulados de la política que fue refrendada en el encuentro que reunió a los presidentes de partidos en el 2007, del cual todos tenemos triste memoria por la foto en que ellos aparecen felicitándose mutuamente y levantando las manos luego de haber olvidado los compromisos que se habían asumido con el movimiento de los “pingüinos”.
En lo sustantivo, la declaración reitera las mismas políticas que llevaron a la educación a la situación catastrófica en que se encuentra. No hay una mención de Educación Pública. Nada se dice de la profunda desigualdad que caracteriza un sistema que ha estructurado una educación para ricos y otra para pobres. Nada se dice tampoco de cómo el derecho a la educación de los chilenos ha derivado en un gran negocio del cual reciben utilidades varios de los firmantes. Pareciera que se quisiera borrar de una plumada el escenario que abrió el movimiento estudiantil.
La declaración releva el supuesto papel clave que juega la educación para avanzar en mayores niveles de igualdad y movilidad social, así como también en la expansión de las libertades y oportunidades de las personas, sin explicar los requerimientos para que ello sea realidad. La educación puede cumplir lo indicado, siempre y cuando pueda compensar las graves desigualdades que genera el sistema económico. Para ello, sería necesario que las escuelas de los más pobres y vulnerables tuvieran a su disposición recursos superiores a los que tiene el 7% de la población que asiste a la educación privada. La situación es exactamente la contraria. Los más pobres, tanto en la educación municipal como privada subvencionada son educados con una pequeña fracción de los recursos que la que se gasta en los colegios donde asisten los más ricos. En tal sentido, los estudiantes de las familias más pobres y de clase media ven ratificadas las grandes desigualdades a que están sujetos por su origen familiar. Las diferencias en educación preescolar, primaria y secundaria se proyectan a la educación superior. Las (relativamente) buenas universidades reciben, principalmente, a los estudiantes de la educación privada mientras que las malas universidades reciben al resto. Los pocos que terminan forman parte del gran contingente de profesionales que en carreras masificadas solo acceden a bajos salarios, los cuales no les permitirá ofrecer a sus hijos algo muy distinto a las oportunidades a las que ellos pudieron acceder. El resto, la gran mayoría, no terminará la universidad y estará expuesto a las pesadas deudas que habrán adquirido al haber optado al crédito universitario.
Posturas como la de los firmantes han alejado a la ciudadanía de la Concertación. Si por un momento dejamos a un lado los argumentos del párrafo anterior y aceptamos que con el modelo actual los niños que entran hoy a la educación preescolar serían favorecidos en lugar de favorecer a los actuales estudiantes de la educación superior y disfrutarían de condiciones educativas adecuadas; lo que están diciendo los firmantes es que los pobres y las capas en situación de vulnerabilidad verán un futuro mejor de aquí a unos 20 años. Las actuales generaciones, en cambio, están condenadas a quedar excluidos de los beneficios de una buena educación.
La declaración reitera el conocido argumento de la importancia de la educación preescolar por su impacto cognitivo. Nada dice respecto de que no cualquier educación preescolar asegura estos efectos positivos. Los bajos niveles de gasto en este campo son poco auspiciosos. Esta política ha sido muy exitosa en Dinamarca pero sólo como efecto de que el Estado gasta un 3% del PIB en este sector (sin tomar en cuenta los efectos positivos generales, esta inversión se recupera rápidamente con la mayor tributación de las madres que por la calidad de le educación se deciden a dejar a sus hijos).
A los firmantes les preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior. Se trata, dicen, de montos cuantiosos que en un mundo de recursos escasos significará necesariamente postergar la reducción de los déficits en educación preescolar y escolar antes mencionados. Resulta desalentador que los firmantes olviden la posibilidad de incrementar los recursos disponibles para los distintos niveles educativos mediante una reforma tributaria.
No resulta posible aspirar a ser un país desarrollado sin niveles de recaudación tributaria capaces de financiar las labores imprescindibles que debe enfrentar el Estado. Los firmantes no toman en cuenta que de poco sirve una educación preescolar de calidad si estos alumnos no podrán entrar a buenas universidades. Ninguna atención prestan a la necesidad de tener un sistema equilibrado. ¿Cómo se puede tener educación preescolar, escolar y secundaria sin trabajar en una buena educación superior que eduque los buenos profesores que se requieren en los primeros niveles educativos? No es posible tener buenos profesionales sin verdaderas universidades que dispongan de recursos que permitan la investigación si la cual la docencia no es sino un remedo de la verdadera educación. De ahí que se requiere un buen financiamiento basal para las universidades públicas y privadas que operan como públicas.
Los firmantes ignoran totalmente el impacto que la educación pública gratuita ha tenido en los países desarrollados para lograr una mayor cohesión social, una mayor igualdad y un sentido de pertenencia que fundó largos períodos de crecimiento económico. Parecen preferir el mundo segmentado que caracteriza nuestro país. Un país en que los miembros de los grupos privilegiados no conviven con el resto de la ciudadanía, en que cada vez son más amplias las brechas que los separan.
Finalmente, la declaración termina dictaminando que si las prioridades en el debate presupuestario se ajustan a la dirección que ellos plantean, se hará una mayor contribución a la igualdad de oportunidades y a la movilidad social. Por más que se ha tratado de mostrar que el modelo educacional algo ha mejorado la desigualdad, el índice de Gini es taxativo. En más de 25 años apenas hemos pasado de 0.57 a 0,55. Para un país gobernado hasta hace poco por la centroizquierda no deja de ser un resultado pobre.
Preocupa el efecto desorientador que esta declaración pueda tener frente a la ciudadanía que había venido mirando con simpatía la movilización estudiantil. Puede ser un paso decisivo para que los nuevos movimientos sociales confirmen la opinión de que en la actualidad la Alianza por Chile y la oposición son lo mismo. La declaración debilita también los esfuerzos realizados por la oposición parlamentaria para impulsar una política educacional más cercana a los intereses ciudadanos.
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