Que como país estamos atrasados en materia de descentralización en el concierto regional, es una conclusión a la que se puede llegar rápidamente tras revisar los procesos de descentralización de Perú, Colombia y Ecuador, países cuyas experiencias se analizaron en el Seminario de Experiencias Comparadas que tuvo lugar en el Edificio del ex – Congreso, organizado por Flacso y la Subdere.
Tuve la oportunidad de comentar en esa ocasión la experiencia de Colombia mirando también el atractivo proceso peruano, ambos llenos de aciertos y desaciertos a la luz de los cuales se pueden extraer lecciones para el proceso hoy en curso en Chile.En Rimisp creemos que el nivel regional debiese asumir un rol articulador del desarrollo territorial, gestionando directamente los recursos e instrumentos para fomentar el desarrollo productivo, mientras que la provisión de servicios de distinto tipo, pero sobre todo sociales, debiera estar radicada fundamentalmente a nivel local.
Perú y Colombia partieron sus procesos descentralizadores sin definiciones y pagaron costos por ello. Aun cuando se impulsen procesos de manera gradual y progresiva, se requiere tener definiciones estratégicas de qué queremos como país en materia descentralizadora, asegurando recursos suficientes para financiar la transferencia de competencias y considerando las capacidades de los territorios, pero también del nivel central, para construir y gestionar un nuevo modelo de administración del Estado.
Lo primero es la importancia de tener clara la distribución competencial entre los distintos niveles del Estado o, dicho en otras palabras, qué queremos como país que haga el gobiernos central, los gobiernos regionales y los municipios. En Rimisp creemos que el nivel regional debiese asumir un rol articulador del desarrollo territorial, gestionando directamente los recursos e instrumentos para fomentar el desarrollo productivo, mientras que la provisión de servicios de distinto tipo, pero sobre todo sociales, debiera estar radicada fundamentalmente a nivel local.
Similar fue el planteamiento expresado en el programa de Gobierno de Bachelet que dio origen a la actual agenda descentralizadora, cuando ponía el foco en el traspaso de competencias en materia de fomento productivo. Pero no es igualmente claro en los proyectos de ley que hoy se tramitan en el Congreso, y que postergan la decisión para un segundo momento, evitando así evidenciar un conflicto latente, cual es el del obvio desacuerdo existente entre la elite política respecto del modelo de Estado descentralizado que queremos para Chile.
Tampoco hay definiciones claras sobre lo que debe ocurrir con el nivel central. ¿Queremos que los ministerios dupliquen lo que van a hacer los nuevos Gobiernos Regionales o queremos, más bien, que refuercen sus capacidades de fiscalizar, normar y entregar un sentido más estratégico? La experiencia de Perú nos muestra que de no hacernos cargo de este debate, el resultado será de duplicidades, pérdida de esfuerzos y recursos. Perú debió enmendar el rumbo a través de reformas sucesivas. Nosotros aún estamos a tiempo de hacer con seriedad una discusión que hemos evitado, probablemente porque tiene irreversibles consecuencias sobre la forma como estamos tradicionalmente acostumbrados a gestionar la entrega de bienes y servicios públicos.
Para impulsar esta agenda se necesita voluntad, convicción, ganas. Es perfectamente posible avanzar en descentralización sin romper ninguno de los equilibrios que ha logrado el país en materia económica; abriendo al mismo tiempo oportunidades para impulsar procesos de desarrollo más pertinentes y, sobre todo, contribuyendo a restituir las tan dañadas confianzas entre los ciudadanos y la clase política.
Columna publicada originalmente en T13.cl
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