Han sido entregados los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, y de inmediato se pueden evidenciar distintos tipos de desigualdades, entre ellas, la desigualdad territorial. De los cien colegios con el mayor puntaje promedio en la PSU, sólo 4 son municipales, confirmando el sesgo socioeconómico del proceso de selección. Pero además, sólo 37 colegios de 100 pertenecen a regiones distintas a la Metropolitana. De estos 37, un 41% pertenecen a las regiones de Valparaíso y Concepción, quedando sólo 22 colegios que provienen de regiones menos pobladas. Asimismo, de los 151 puntajes nacionales de Matemáticas, sólo dos provienen de fuera de la RM.
La desigualdad territorial en educación superior no termina ahí. En base al proceso de selección de 2016, se observa que, si miramos quienes rinden la PSU, un 40% son de la Región Metropolitana (un 60% de otras regiones, datos de DEMRE), pero a la hora de matricularse, la Región Metropolitana concentra a 48% de la matrícula nueva total de pregrado (el 52% se matricula en centros educativos del resto del país, datos de SIES). Esto representa el nivel de migración (neto) desde las otras regiones por motivos educacionales, lo que produce una temprana “fuga de cerebros”, exacerbada, una vez terminado el periodo de estudio, por la mayor probabilidad de obtener un trabajo profesional bien remunerado en las grandes zonas urbanas que en las ciudades más pequeñas.
Si no se avanza en la transformación de la base económica de las regiones, los jóvenes y sus esperanzas van a seguir ligadas al alejamiento de sus territorios, fortaleciendo la concentración excesiva del centro del país, en desmedro de las posibilidades de desarrollo regional.
Los jóvenes estudiantes son una fuente de desarrollo potencial para sus regiones. Pero esta potencialidad no se va a desarrollar si es que el proceso de selección y la oferta educativa escolar dificultan el acceso de los estudiantes de regiones a la educación superior; si la oferta educativa superior se encuentra mayormente concentrada en Santiago y otras grandes capitales; y si además, al salir, tienen mayor probabilidad de encontrar un empleo acorde a sus estudios y expectativas salariales en esas mismas grandes ciudades. Este problema se retroalimenta, causando que cada año tengamos más estudiantes, y más trabajadores capacitados, en el Gran Santiago, y menos trabajadores y estudiantes en el resto del país.
¿Cómo nos hacemos cargo de este problema? Hay tres caminos a considerar. El primero tiene que ver con el acceso, y a su vez puede ser separada en dos partes: primero, en el fortalecimiento de la educación pública a nivel general, con un foco especial en regiones distintas a la Metropolitana; segundo, en la búsqueda de métodos alternativos a la PSU. Ya se ha mostrado varias veces el sesgo de clase existente en la Prueba, y que no necesariamente mide las habilidades más importantes para el desarrollo académico de un estudiante. Buscar alternativas que permitan o prioricen a los estudiantes de menores recursos y de fuera de la Región Metropolitana permitiría equilibrar en parte la situación.
Los caminos dos y tres van en conjunto. Es necesario apoyar la creación de centros de estudios y universidades en regiones. La tercera, y más compleja, es apoyar la diversificación y complejización de la estructura productiva en regiones, lo que permitiría generar mayor número de puestos de trabajo altamente especializados, y también daría un rol particular a las universidades regionales como un ente de apoyo a la estrategia regional de innovación.
Sobre estos últimos dos puntos, la Agenda de Descentralización del gobierno ha avanzado en la creación de las universidades regionales de O’Higgins y de Aysén y en la creación piloto de coordinaciones de Fomento Productivo e Industria en los Gobiernos Regionales de Los Ríos, Biobío y Antofagasta, que le entregan a los GORE atribuciones y recursos para política económica. Falta un tiempo para ver el desempeño de las nuevas universidades regionales y de la próxima universidad del Ñuble, pero la experiencia piloto de fomento productivo ya está mostrando sus primeros resultados en la definición de presupuestos de inversión regionales y apoyo a industrias específicas como el turismo en el Bíobío. Si bien esto muestra un gran avance, es un trabajo que debe fortalecerse en los próximos años, asumiendo que el nuevo gobierno va a tener alguna intención de apoyar la descentralización del país. Si queremos evitar la fuga de cerebros de regiones, debemos aumentar las capacidades y la presencia de las universidades regionales, pero por sobre todo, debemos fomentar una transformación productiva real en las regiones, capaz de atraer trabajo especializado y entrar en industrias de alto valor, saliendo del turismo y de las industrias extractivas que han dominado de manera constante la economía nacional fuera de la Región Metropolitana. Ahí las universidades deben apoyar con investigación aplicada al desarrollo. Si no se avanza en la transformación de la base económica de las regiones, los jóvenes y sus esperanzas van a seguir ligadas al alejamiento de sus territorios, fortaleciendo la concentración excesiva del centro del país, en desmedro de las posibilidades de desarrollo regional.
Por David López, Investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural
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