En números previos de nuestra serie de análisis de la Encuesta Casen 2013 hemos visto como el territorio (urbano/rural) y el nivel de ingreso (decil de ingreso autónomo) inciden directamente sobre las oportunidades de individuos y hogares para acceder a una calidad de vida digna.
A continuación veremos que a las inequidades que introducen los ingresos y el territorio, determinados grupos de población suman sus propias exclusiones. En este caso nos referimos particularmente a la situación de las mujeres.La triple exclusión social que evidencia este análisis está estrechamente relacionada con las oportunidades de integración que ofrece el sistema político económico.
Si analizamos el comportamiento diferenciado de los principales indicadores de inserción laboral y remuneraciones que registra la CASEN 2013, observamos que varias exclusiones interactúan en desmedro de las mujeres: a las brechas de género se superponen las socioeconómicas y las territoriales.
Sabido es que las mujeres están claramente por debajo de los hombres en materia de ingresos promedio mensuales de la ocupación principal. Mientras ellos tienen salarios promedios que rondan los $469.107, las mujeres solo obtienen $344.021, lo que representa una brecha de $125.086 a favor de los hombres. La brecha no se ha reducido en los últimos 2 años sino que más bien ha aumentado, ya que en 2011 está era de $100.275.
Similares brechas se observan en otros indicadores claves: la Tasa de Participación Laboral (TPL) –que mide la población del país en edad laboral que participa activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo- y la Tasa de Ocupación (TO) -que da cuenta de quienes se encuentran efectivamente trabajando.
Mientras que en 2013 la TPL de los hombres es de 70,7%, la de las mujeres desciende a 45,6%, en un contexto en que el promedio nacional es de 57,3%. Las cifras se mantienen prácticamente iguales que en 2011, cuando la TPL de los hombres era de 70,1% y de 43,5% la de las mujeres, lo que indica una reducción de la brecha de sólo 1,5 puntos porcentuales.
Si la TPL la desagregamos por decil de ingreso autónomo per cápita o según variables territoriales, se hace muy evidente que los promedios nacionales esconden importantes brechas de género, territoriales y socioeconómicas. Al diferenciar entre territorios urbanos y rurales nos encontramos con una doble desventaja cuando a la condición de género se le suma la de ruralidad: la TPL de las mujeres en zonas rurales es de 31,4% mientras que en las zonas urbanas, y más cercano al promedio nacional es de 45,3%. Similar situación ocurre al diferenciar por deciles de ingreso autónomo: mientras que la TPL de los hombres en el primer decil es de 45,3% la de las mujeres alcanza sólo el 27,4%; mientras que el 84,6% de los hombres del décimo décil participa del mercado del trabajo, sólo el 67,4% de las mujeres lo hace.
Por su parte, la Tasa de Ocupación de los hombres a nivel nacional en 2013 es de 66,3%, mientras que la de las mujeres es 24,4 puntos más baja, alcanzando solo un 41,9%. La TO masculina del primer decil es de un 33,9% mientras que la de las mujeres en el mismo décil es de 20,5%; la ocupación masculina en el décimo decil es de 82,9%, que contrasta con un 65,1% de las mujeres. La TO de las mujeres rurales es de 29,11%, mientras que en zonas urbanas la tasa ronda el promedio nacional con un 43,61%.
Estas cifras nos indican que ser mujer en Chile es una desventaja para encontrar trabajo y obtener una buena remuneración por él y –más grave aún- que esta desventaja se acrecienta si además de ser mujer se vive en el campo o se es pobre. Las exclusiones operan una sobre otra, superponiéndose e incrementando las brechas en contra de las mujeres rurales pobres, por sobre los demás grupos.
¿Qué respuesta de política pública está dando el Estado a esta situación? Aunque es posible avanzar abordando directamente las causas de exclusión que experimentan individuos concretos, como lo hizo alguna vez el SERNAM con programas como el de Mujeres Rurales o como lo hace hoy día el SENCE con Más Capaz, la triple exclusión social que evidencia este análisis está estrechamente relacionada con las oportunidades de integración que ofrece el sistema político económico, por lo que no parece posible resolverla abordando exclusivamente resultados concretos a nivel de hogares.
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