La transformación rural de América Latina: nuevos caminos de desarrollo para un nuevo mundo rural

El mundo rural en América Latina ha vivido una transformación importante desde la segunda mitad del siglo XX. Esta se ha reflejado en una mayor integración entre lo urbano y lo rural, y una diversificación de las fuentes de ingreso, reduciendo la dependencia de los hogares rurales de la agricultura. Sin embargo, este proceso ha sido incompleto, heterogéneo y ha perdido velocidad en los últimos años.

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Los cambios pro-competitivos que ha experimentado la agricultura no se han traducido en una mejora de la pobreza y la calidad del trabajo en el sector. Ante esta situación, hay que abogar por políticas públicas que aumenten la productividad, reduzcan la desigualdad y consideren a las comunidades.

A pesar de la reducción general de la pobreza en la región, en zonas rurales ésta sigue siendo mayor a la existente en las áreas urbanas. Por otro lado, la agricultura latinoamericana, que es aún la principal fuente de ingresos de las familias rurales, presenta una estructura dual. En ella se despliega una fuerte concentración de la tierra en granjas industriales altamente productivas e intensivas en capital, versus un grupo mayoritario de granjas familiares, con menor acceso a tierra cultivable, al capital físico y financiero, que –naturalmente- consigue una menor productividad y participación en mercados internacionales.

El panorama difiere al que predice la lógica neoliberal, que fue el enfoque explícito de los organismos financieros internacionales entre las décadas de los 80 y 90,  y que hoy sigue presente en distintos niveles. De acuerdo a esta mirada, la apertura comercial y la reducción del papel desarrollista del Estado, se debería igualar la productividad de todos los sectores al incentivar el traspaso de trabajo desde la agricultura hacia sectores más modernos, generando mayor crecimiento en el proceso.

Pero, en la práctica, las brechas se mantienen altas, incluso en aquellos países que han experimentado un mayor crecimiento como México, Perú o Chile. Es más, la productividad del trabajo en los sectores no agrícolas de la región se posiciona entre 3 y 5 veces por encima de la agrícola. El traspaso de trabajo desde la agricultura no ha sido completo ni se ha dado hacia los sectores más avanzados, como la industria, sino a los de baja calidad del empleo, como es el caso de los servicios.

Esto no significa que no ha habido cambios pro-competitivos en la agricultura, pues la apertura comercial permitió entrar a nuevos mercados y explotar productos no tradicionales. Más bien indica que su impacto sobre la pobreza y la calidad del trabajo agrícola ha sido menor al esperado y visto en otras partes del mundo, como Asia o África, dada su estructura altamente concentrada.

Es claro que la receta neoliberal tradicional no alcanzó el progreso que vaticinaba, y la primera década del siglo XXI trajo consigo una nueva lógica de desarrollo en el continente: la perspectiva de la protección social, enfocada en enfrentar la vulnerabilidad causada por la estructura social y productiva en las personas. Esta ha mostrado un éxito importante al disminuir la pobreza en los últimos años, y podría estar detrás de la reciente caída general de la desigualdad en América Latina, a través de la integración de un mayor número de trabajadores en los mercados de trabajo formales, un hecho sin precedentes en un continente tradicional e insistentemente inequitativo.

Ahora, para continuar la transformación rural, es necesario dar un nuevo paso orientado a que cada país busque su propio camino de desarrollo desde su contexto. Si bien esto es complejo, porque implica un cambio de paradigma que abandona las recetas generales que no consideraban la heterogeneidad entre países, existen orientaciones comunes para poder iniciar este trabajo.

Primero, las políticas deben buscar a aumentar la productividad de la agricultura familiar, con una reorientación general de recursos desde los grandes agro-negocios a un apoyo hacia los pequeños productores. Esto, junto a estructuras democráticas e inclusivas, que contemplen la participación de los actores sociales con el fin de entender sus necesidades particulares y establecer políticas culturalmente pertinentes y socialmente validadas.

Segundo, abordar políticas que reduzcan la desigualdad en sus distintas formas. Nuestros gobiernos han empezado a integrar de manera paulatina la desigualdad como un nuevo objetivo social. La mejora de la calidad del empleo es fundamental y especialmente importante para el mundo rural, con una fuerza laboral altamente informal.

Tercero, las políticas deben estar enfocadas a profundizar los sistemas de protección social, dado sus logros recientes y considerando las fuentes particulares de vulnerabilidad que afectan a los distintos actores. En el mundo rural el cambio climático genera incertidumbre productiva, la que debe ser considerada en la política.

Bajo estos principios, la configuración de políticas resultante puede ser variada y particular para cada país de la región. Esto permite un desarrollo fuera de prediseños teóricos, en el cual son las necesidades concretas de la población y las comunidades, en sus territorios, la base para el desarrollo futuro.

David López
Asistente de investigación de Rimisp