La semana pasada tres organizaciones en la región de Aysén, de Coyhaique y Puerto Aysén, Pu Ingkakeku Puke Lewfu ( Defensores de los Ríos), la filial de Codeff en Aysén y la Corporación Privada para el desarrollo de Aysén (CODESA), denunciaron ante la Controlaría General de la República, el conflicto de intereses que ha surgido entre el Municipio de Puerto Aysén y la transnacional Energía Austral (interesada en construir la Central Hidroeléctrica Río Cuervo), al haber aceptado el Municipio financiar actividades comunitarias y comprar un auto que fue sorteado en La Semana de Puerto Aysén con dineros donados por la transnacional.
La denuncia se sustenta considerándose como ilegal y poco transparente la relación, entendiéndose que el municipio es parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que está evaluando la intención y que aún no se ha emitido un informe con la decisión definitiva por parte del Comité de Ministros.La estrategia que utilizan las transnacionales es simple para intervenir las comunidades: analizan las debilidades y carencias del municipio tomando iniciativas de intervención social, asumiendo un rol que no les corresponde bajo ningún punto de vista, que solo le competen al Estado, sobre todo si consideramos que no son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y lo que persiguen es beneficiarse de las debilidades sociales que encuentran.
La estrategia que utilizan las transnacionales es simple para intervenir las comunidades: analizan las debilidades y carencias del municipio tomando iniciativas de intervención social, asumiendo un rol que no les corresponde bajo ningún punto de vista, que solo le competen al Estado, sobre todo si consideramos que no son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y lo que persiguen es beneficiarse de las debilidades sociales que encuentran.
El Ministerio de Energía tiene como estrategia de desarrollo en materia energética, enviar al congreso este 2015 lo que han denominado “ley de Asociatividad”, que permitirá que municipios y comunidades puedan asociarse con las transnacionales para recibir beneficios económicos de los proyectos de desarrollo de intervención territorial.
El gobierno aduce que esta iniciativa es una manera de compensar a las comunidades por la intervención y las “molestias” que implican los proyectos. A mí lo que me dice en verdad es que lo que quieren con la ley es pagar por destruir y eso es altamente peligroso, ya que se perdería la objetividad de la decisión y se echarían bajo la alfombra las implicancias negativas que normalmente son muy destructivas a mediano y largo plazo para las comunidades.
Desde el Ministerio de Energía aducen que nada se haría sin el consentimiento de las comunidades. Para ello la ley estipularía la realización de plebiscitos vinculantes. ¿Se imaginan lo que sucedería con un plebiscito vinculante en comunas con grandes necesidades y que las transnacionales con todo el financiamiento con que cuentan de miles de millones de dólares, entraran en la vorágine de una campaña para convencer a la comunidad que su proyecto es bueno? ¿Y lo que podrían ofrecer con tal de lograr sus objetivos, bajo el paraguas de un plebiscito vinculante y una ley de la república que lo sustente?
De concretarse la intención del Ministerio de Energía, y no pongo duda de ello, dada la alta intervención del congreso por parte de las transnacionales, la ley distorsionaría totalmente la realidad y dejaría sin efecto la proyección territorial de la comunidad por logros económicos inmediatos sin una sustentación real de la decisión, que en pocas décadas destruirían las regiones aún más de lo que están con esta posible ley.
Si de verdad el Ministerio de Energía quisiera hacer las cosas bien, pensando en el futuro de las comunidades y quisiera proyectar con la ley de asociatividad un verdadero aporte al desarrollo regional, no habría duda alguna de que la ley debería exigirles a las transnacionales o quien quiera que fuese para poder optar a usar la posible ley a tener que cumplir primeramente con una serie de requisitos.
El primer requisito según mi punto de vista, sería que los proyectos tendrían que pasar sí o sí una evaluación ambiental, realizada por un ente independiente y reconocido; que a su vez se creara un consejo mixto de evaluación ambiental comunal, compuesto por representantes de la comunidad, gobierno regional y que los representantes comunitarios contarán con un asesor experto y profesional en el tema.
El segundo requisito, luego de haber sorteado el primero y no haber dudas; realizar una evaluación seria y transparente de la inversión del proyecto y su financiación, ante los beneficios proyectados y los objetivos que se buscan, con acceso a los porcentajes que la transnacional entregaría a la comunidad de acuerdo con la inversión, construcción, operación y objetivos del proyecto.
El tercer requisito pasado los dos primeros; realizar el plebiscito vinculante, donde la comunidad decidiera con conocimiento de causa, interiorizada de todos los pormenores del proyecto, tanto los buenos y los malos, si quiere realmente que el proyecto se desarrolle en su comunidad y si están de acuerdo con los porcentajes estipulados.
El cuarto requisito, si se aprobara la realización del proyecto; seria la creación de un consejo permanente financiado por la misma transnacional con representantes de la empresa, gobierno regional, municipio y comunidad, que esté constantemente evaluando y fiscalizando la operación y que se dé cumplimiento a los acuerdos estipulados.
Lamentablemente lo que se buscaría con la ley, es legitimar las intervenciones “democratizando” la decisión, para asumir posteriormente que se ha trabajo con las comunidades y que todo se ha hecho de común acuerdo, importando muy poco la proyección de las comunidades, su futuro y el desarrollo sustentable de las regiones.
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