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Educación pública, desigualdad territorial y desmunicipalización

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La educación pública en Chile agoniza. Es indispensable avanzar cuanto antes hacia una reforma estructural en la manera en que se organiza y apoya a nuestra educación pública, lo que solo es posible si el Estado chileno y sobre todo la ciudadanía en su conjunto asumen esta tarea. El verdadero salto lo daremos cuando la educación pública sea entendida como la educación de todos los chilenos (y para todo los chilenos), y ya no como la opción minoritaria y concentrada en atender a los más desaventajados socialmente. No existirá educación de calidad y menos equidad en Chile sin una nueva educación pública. No hay tiempo que perder.

La discusión sobre las actuales condiciones de la educación pública en Chile, gatillada por el “pinguinazo” del 2006 y consolidada durante el 2011 con el movimiento estudiantil, ha ido derivando con cada vez más fuerza en la búsqueda de alternativas que permitan recuperar y fortalecer un sistema de educación pública cuya situación parece haber tocado fondo.  En nuestra opinión, una de las variables que poco y nada se considera a la hora de analizar la realidad de la educación pública es la marcada desigualdad que está en la base del sistema comunal y que afecta la calidad y equidad de la educación en nuestro país. Por cierto, esta problemática afecta no solo a la educación, sino que también a la salud primaria y otros servicios sociales ofrecidos a nivel local.

La desigualdad territorial que afecta a la educación pública es multidimensional. Se traduce en recursos financieros altamente disímiles para invertir en el proceso educativo (debido a nuestro débil sistema de financiamiento), en capacidades técnicas profundamente mal distribuidas para apoyar el mejoramiento de los establecimientos (clave para cualquier proceso de progreso en la calidad de la educación) y en prioridades políticas que permiten que la educación sea preferencia central sólo en algunos gobiernos locales (otro atentado a la equidad).  Esta profunda desigualdad hace indispensable refundar el sistema de educación pública en Chile, avanzando paralelamente en dos líneas fuertemente complementarias: i) generando condiciones para una educación pública de calidad y ii) rompiendo con la desigualdad territorial inherente a la estructura municipal.

Para lo primero, es necesario un nuevo trato desde el punto de vista del financiamiento, que abandone la lógica de competencia por alumnos, a la que están sometidas las escuelas y municipios, basado en la subvención por asistencia; por otro lado, urge modificar estructuralmente aquellas políticas que están tras la marcada segregación de nuestro sistema escolar, y que provocan que en la educación pública se concentren los estudiantes más desaventajados socialmente, como son el financiamiento compartido, la selección en todos los niveles y establecimientos, lo que supone avanzar en la gratuidad de la educación regular; y junto con lo anterior, una carrera docente que revalorice a los profesores como actor clave en la educación publica, que incorpore fuertes incentivos a la atracción de los mejores profesionales de la educación para trabajen en las escuelas públicas, que promueva la mejora continua de ellos a cambio de estabilidad, revalorización social y salarios atractivos.

Para lo segundo, es necesario avanzar en políticas que tiendan a corregir las diferencias territoriales que aquejan a la educación pública.  En particular, es preciso superar la estructura municipal existente, creando Agencias Locales de Educación Pública, descentralizadas y profesionales, con una escala mínima que permita la sustentabilidad financiera y educativa de cada una de estas nuevas unidades. La misión de estas Agencias será instalar un proyecto y modelo de gestión local que responda y se adapte a las necesidades educativas de cada territorio, pero que a la vez funcione en base a orientaciones, objetivos y metas comunes con el resto del sistema público, contribuyendo a la construcción del ahora inexistente pero necesario proyecto nacional de educación pública. Para esto consideramos clave complementar la creación de las Agencias Locales con un Servicio Nacional de Educación que tenga por misión justamente transformar a la educación pública en una prioridad del Estado, apoyando su desarrollo en todo el territorio nacional y estableciendo algunas orientaciones comunes para los niveles locales.

Adicionalmente, resulta clave que la prioridad y esfuerzos que el país ponga en la educación, sobre todo en aquella que requiere pasar a una nueva etapa de reconstrucción y fortalecimiento, no dependan de las voluntades políticas de turno, ni de las características, motivación o vocación personal de cada Alcalde, ni de la mirada cortoplacista con la que muchas veces operan los gobiernos locales de turno (que obstaculiza cambios educativos en serio). Creemos que esto puede resolverse con una estructura de Corporaciones de derecho público, dirigidas por un director ejecutivo elegido por el sistema de alta dirección pública, que responda a las directrices del Servicio Nacional de Educación, pero que al mismo tiempo rinda cuentas y cuente con el apoyo de un Consejo Educativo Local, conformado por distintos actores relevantes para el sistema educacional: padres y apoderados, autoridades locales, el sector productivo, Ministerio de Educación, el mundo académico de la zona, entre otros. Con ello, el país podría acercarse a una figura similar a la que tienen sistemas educacionales que han apostado por modelos descentralizados, con altos niveles de rendición de cuentas a las comunidades locales, pero respondiendo al mismo tiempo a orientaciones de la autoridad educativa nacional.

Finalmente, todo lo anterior no sirve de mucho sin un fuerte compromiso de inversión en recursos y capacidades que permitan abordar seriamente la tarea de reposicionar a la educación pública. Un primer paso indispensable en esta línea lo constituye la creación de un financiamiento basal para la Educación Pública, complementario y distinto a la subvención, que permita mejorar las condiciones de este sector e implementar la nueva institucionalidad propuesta. Este financiamiento debe hacerse cargo, por cierto, de las diferencias territoriales que existirán entre los territorios, aún en esta nueva estructura. El financiamiento debe ir acompañado de un completo plan de desarrollo de capacidades en las nuevas agencias locales, que crecientemente deberán constituirse en un “motor” y apoyo clave para el mejoramiento educacional de los establecimientos. Cada una de las agencias locales debiera contar con una estructura básica común, donde se privilegie la existencia de equipos técnicos que apoyen a las escuelas y liceos de su dependencia. Las agencias, por su parte, serán orientadas y apoyadas técnicamente por el Servicio Nacional de Educación.

La educación pública en Chile agoniza. Es indispensable avanzar cuanto antes hacia una reforma estructural en la manera en que se organiza y apoya a nuestra educación pública, lo que solo es posible si el Estado chileno y sobre todo la ciudadanía en su conjunto asumen esta tarea. El verdadero salto lo daremos cuando la educación pública sea entendida como la educación de todos los chilenos (y para todo los chilenos), y ya no como la opción minoritaria y concentrada en atender a los más desaventajados socialmente. No existirá educación de calidad y menos equidad en Chile sin una nueva educación pública.  No hay tiempo que perder.

*Por Gonzalo Muñoz, sociólogo y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y consejero de la Agencia de Calidad de la Educación, y César Muñoz, economista del área de Políticas Educativas de Educación 2020. Ambos investigadores de la Nueva Agenda Regional de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

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