Crecimiento económico y desigualdad regional

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Enfrentar esta desigualdad territorial implica una nueva forma de relacionarse con los territorios. Se requiere buscar la cohesión territorial. Se trata de que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo, que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables, y que además exista una convergencia rápida para que las grandes brechas de hoy se reduzcan hasta niveles compatibles con el de una sociedad que aspira a considerarse desarrollada.

El destino de la mayoría de los chilenos depende en buena medida del lugar donde nacen, crecen y viven y trabajan, y no tanto de sus capacidades y esfuerzo. Las oportunidades de desarrollo están concentradas en unos pocos territorios y los niveles de bienestar a los que puede acceder la población, son muy desiguales de un lugar a otro del territorio nacional.

Nuestro país ha experimentado tasas de crecimiento económico y reducción de la pobreza que impresionan. No obstante, la Región Metropolitana tiene un PIB per cápita cercano a los USD 13.700, tres veces superior al de La Araucanía. La Araucanía es la región más pobre del país con un 22,9 %, frente a un 11,5 % de la capital.

Estas desigualdades territoriales también se observan en el acceso a la educación superior; el puntaje promedio de los estudiantes de la Región Metropolitana en la última PSU llegó a 514 puntos, mientras que en Arica-Parinacota sólo alcanzó los 467 puntos, y en ninguna otra región superó los 500 puntos promedio.

En tanto, en un tema de coyuntura como es la discusión del sueldo mínimo, no se observa que el gobierno o el parlamento hayan considerado las diferencias territoriales de los trabajadores asalariados a lo largo del país; mientras a nivel nacional quienes reciben el salario mínimo o menos corresponden al 17,4 % de los trabajadores, en el Maule esta cifra casi se duplica llegando al 30 %, en la Araucanía al 29 %, en Los Lagos al 28 %, Los Ríos 25 %, Biobío 24 %, Valparaíso y Coquimbo 20 %.

Hasta ahora el desarrollo territorial se ha abordado en Chile únicamente con medidas para la descentralización, las que al calor de las cifras muestran que —por sí solas— son insuficientes. No solo es que el desarrollo requiere igualar la cancha de las oportunidades de desarrollo y de niveles de bienestar a lo largo del país, sino que la demanda social desde las regiones cada vez se escucha con mayor fuerza.

Enfrentar esta desigualdad territorial implica una nueva forma de relacionarse con los territorios. Se requiere buscar la cohesión territorial. Se trata de que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo, que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables, y que además exista una convergencia rápida para que las grandes brechas de hoy se reduzcan hasta niveles compatibles con el de una sociedad que aspira a considerarse desarrollada. No se trata solamente de transferir poder desde el nivel central de gobierno hacia el nivel regional o comunal, sino que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos.

Esta es la apuesta a la que hemos sumado a una veintena de expertos de larga trayectoria y de diferentes sensibilidades políticas e ideológicas. Queremos innovar en el foco que se ha dado en los últimos 30 años a las políticas públicas, enfocándonos en un gran desafío: generar una Nueva Agenda Regional, que permita que las regiones adquieran mayores capacidades y autonomía, con mayores derechos y responsabilidades en decisiones importantes que afecten su destino o los del bien común del país.

Desde nuestra perspectiva, en este año de elecciones existe una gran oportunidad de poner este tema en la agenda, porque las desigualdades territoriales y el centralismo en Chile hacen crisis.

Se requieren propuestas concretas a corto, mediano y largo plazo y ese es el empeño del proyecto Nueva Agenda Regional. Los planteamientos que hagamos serán presentados a los candidatos y pre-candidatos presidenciales de gobierno y de oposición, así como a candidatos al Congreso que han manifestado una sensibilidad especial por el desarrollo regional y territorial. La intención es que el desarrollo territorial ocupe un lugar importante en el debate programático propio de un proceso electoral y que luego sea incorporado como parte de las acciones del nuevo gobierno.

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