¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en cohesión territorial? Fundamentalmente porque las desigualdades territoriales son una expresión de injusticia social éticamente condenable, debido a que son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias; no puede ser que en Chile existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas.
En Chile no da lo mismo el lugar donde se nace, vive, trabaje o estudie. Lo decimos con convicción cada vez que revisamos los indicadores de desarrollo desde una perspectiva territorial. Somos un país tremendamente desigual. Esto ha quedado en evidencia una vez más al visualizar los resultados de la última Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Ya son conocidas las diferencias entre dependencia del establecimiento y el tipo de educación impartida, donde en la prueba de lenguaje el promedio de los alumnos de colegios particulares pagados fue de 598 puntos, 128 más que lo alcanzado por estudiantes de escuelas municipales que promediaron 470 puntos, y 98 más que los obtenidos por jóvenes de establecimientos particulares subvencionados que llegaron a los 500 puntos. En la prueba de matemáticas los estudiantes de colegios pagados (610 puntos promedio) tuvieron 142 puntos más que los de establecimientos municipales, éstos últimos promediaron solo 468 puntos; los alumnos de particulares subvencionados tuvieron un promedio de 499 puntos en dicho test. En tanto, los estudiantes de la modalidad científico humanista tuvieron puntajes promedios más altos en la PSU que los de la rama técnico profesional. Por ejemplo, en lenguaje los primeros llegaron a los 521 puntos promedio, 75 más que los de establecimientos técnico profesional que promediaron 446 puntos.
Al observar los resultados por regiones, vemos que quienes estudian en la región Metropolitana obtienen en promedio en las pruebas de lenguaje y matemáticas, 514 puntos. Este es el promedio más alto, con las consiguientes mejores oportunidades de ingreso a la enseñanza superior, tanto por puntaje y como por acceso (en este territorio se encuentra la mayor concentración de universidades e institutos profesionales públicos y privados del país), que quienes estudian en otras regiones Chile.
Le sigue la región de Los Lagos con 500 puntos promedio. En tanto O´Higgins, Maule, Bío Bío y Aysén llegan a los 494, con los mejores desempeños, seguidas por las regiones de Antofagasta con 493, Valparaíso con 492 y Coquimbo con 490. Al tiempo que las con peor desempeño fueron: Arica-Parinacota con 471, Los Ríos con 482, La Araucanía con 482 y Atacama con 489. La diferencia promedio en los puntajes entre la mejor y la peor, muestra una brecha de 43 puntos entre las regiones Metropolitana y de Arica-Parinacota.
Al visualizar la brecha dentro de las regiones podemos ver que en la región de Arica-Parinacota, muestra una diferencia entre el puntaje más alto alcanzado (571 puntos) y el más bajo (413 puntos), de 158 puntos. Esta desigualdad dentro de las regiones se hace más evidente cuando observamos que dentro de la región Metropolitana el rango entre el mejor promedio y el peor alcanza 418 puntos, encontrándose en la comuna de Las Condes el mejor de ellos (712 puntos) y en Colina el más bajo (294 puntos).
Chile es un país con niveles inaceptables de desigualdad, donde las brechas entre los territorios del país, son un componente muy importante del problema general. Preocupados por esta situación creemos que es fundamental, en este nuevo ciclo político que el país inicia, abordar el desarrollo con cohesión territorial observando, develando y enfrentando estas brechas territoriales.
Para ello estamos convencidos que la reforma educacional debe considerar las desigualdades territoriales en todo el ciclo de la educación (pre-escolar, básica, media y superior) y contar con indicadores que permitan medir la cobertura y calidad a nivel comunal.
Para esto, consideramos tres aspectos fundamentales. Primero, que en el escenario político actual están dadas las condiciones para avanzar en superar la dimensión territorial de la desigualdad. Segundo, que la solución al problema no se va a encontrar en la proyección de la misma estrategia de regionalización y descentralización de las últimas décadas y, tercero, que hace falta una nueva agenda regional que ponga en común los recursos, capacidades y prioridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios para construir una estrategia de largo plazo de desarrollo con cohesión territorial.
¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en cohesión territorial? Fundamentalmente porque las desigualdades territoriales son una expresión de injusticia social éticamente condenable, debido a que son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias; no puede ser que en Chile existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas.
También está claro que estas desigualdades territoriales constituyen un obstáculo al desarrollo, tanto para las personas, grupos y empresas que viven en los territorios rezagados, como para el desarrollo general de nuestro país; Chile está perdiendo posibilidades de aumentar su crecimiento y mejorar su desarrollo.
Por último, esta situación ha generado en los últimos años movilización social y descontento ciudadano que al no ser considerado va debilitando la confianza en las instituciones y horadando el fortalecimiento de la democracia en el país.
El mantenernos ciegos frente a esta realidad tan elocuente, seguirá siendo una barrera que impedirá el desarrollo social y económico de los chilenos, marcando generaciones que no tendrán oportunidades por el solo hecho de nacer y estudiar en un territorio rezagado.
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Foto: Wikimedia Commons
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